En el marco de la publicación del informe del Comité de la ONU sobre Trabajadores Migratorios, ante el cual, el gobierno de México presentó su IV informe periódico en la materia el pasado 7 y 8 de abril, en Ginebra, Suiza, y cuya evaluación saldrá el 15 de abril, la Fundación para la Justicia envió al Comité de la ONU un informe independiente en el que realiza diversas acusaciones y señala varios desafíos y pendientes del gobierno mexicano en relación con la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias.
En especial, el informe se centra en la situación percibida sobre la búsqueda de personas migrantes desaparecidas y víctimas de masacres. Y genera una lista de 27 acusaciones y señalamientos en contra del gobierno mexicano por acciones u omisiones que llevan a los migrantes en México a quedar a merced de la violencia generada por el crimen organizado y por las propias fuerzas del Estado.
Quejas contra el gobierno mexicano en materia de derechos de los migrantes
- Ausencia de políticas públicas reales y eficientes y debilidad institucional
- Militarización de la seguridad pública y el control migratorio
- Falta de armonización del marco jurídico nacional
- Deficiencias en el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (MAEBI)
- Retraso en la creación de la Mesa de búsqueda de personas migrantes desaparecidas
- Reformas constitucionales perjudiciales para los migrantes
- Acuerdos migratorios con Estados Unidos contrarios a los derechos humanos
- Falta de participación de la sociedad civil en políticas migratorias:
- Acoso a defensores de derechos humanos
- Falta de prevención de violaciones a derechos humanos contra migrantes
- Subregistro y falta de estadísticas sobre delitos contra migrantes
- Retraso en la reparación integral del daño a víctimas de masacres
- Desafíos en la investigación y sanción de delitos contra migrantes
- Responsabilidad estatal en desapariciones y violencia
- Impunidad generalizada en casos de desaparición y masacres
- Obstáculos para el acceso a la justicia desde sus países de origen
- Falta de coordinación interinstitucional
- Deficiencia de la labor de las comisiones de atención a víctimas (CEAV)
- Fragmentación y deficiencia de la información forense
- Falta de análisis de contexto y macrocriminalidad
- Falta de voluntad política e institucional para la búsqueda e investigación
- Implementación deficiente del MAEBI
- Enfoque securitista sobre derechos humanos en la migración
- Falta de prevención de desapariciones por parte del INM
- Riesgos asociados a la detención migratoria y la militarización
- Riesgo a la independencia judicial
- Incumplimiento de recomendaciones
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1.- Ausencia de políticas públicas reales y eficientes y debilidad institucional
Se acusa al gobierno mexicano de la ausencia de políticas públicas reales y eficientes de prevención y atención a la crisis de desaparición de personas migrantes y a la situación de violencia. Además, se señala una importante debilidad institucional en la procuración de justicia, con un bajo porcentaje de investigaciones resueltas.
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2.- Militarización de la seguridad pública y el control migratorio
El informe critica que el Estado mexicano utiliza principalmente el poder militar para ejercer la ley y para labores de control migratorio, lo que se considera resultado de estrategias políticas enfocadas en el control punitivo estatal en lugar de la prevención social. Se documenta el despliegue de la Guardia Nacional con facultades de control migratorio e investigación.
3.- Falta de armonización del marco jurídico nacional
Se señala que aún no se ha emitido el reglamento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, ni se ha convocado a comités de familiares de migrantes desaparecidos ni a organizaciones para su elaboración.
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4.- Deficiencias en el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (MAEBI)
Se acusa que, a pesar de la publicación de lineamientos para facilitar el acceso a la justicia a familias de migrantes desaparecidos, existen retrocesos en su operatividad, como la negativa del consulado de México en El Salvador a recibir denuncias. También se critica que los nuevos lineamientos no contemplaron la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR).
5.- Retraso en la creación de la Mesa de búsqueda de personas migrantes desaparecidas
A pesar de su aprobación en 2022, la Mesa de búsqueda de personas migrantes desaparecidas aún no se ha creado, a pesar de las demandas de familiares y organizaciones.
6.- Reformas constitucionales perjudiciales para los migrantes
Se critica la reforma que integra la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional con facultades de control migratorio e investigación, y la reforma al Poder Judicial que pone en riesgo la independencia judicial, esencial para el acceso a la justicia de grupos vulnerables como los migrantes.
7.- Acuerdos migratorios con Estados Unidos contrarios a los derechos humanos
Se acusa que la Declaración Conjunta firmada con Estados Unidos en 2019 permitió la aplicación de leyes migratorias estadounidenses en territorio mexicano, con un enfoque criminalizante y violando la obligación de proteger los derechos humanos de las personas migrantes.
8.- Falta de participación de la sociedad civil en políticas migratorias
Se señala la falta de apertura e inclusión de la sociedad civil en la planeación, diseño, elaboración y evaluación de la política migratoria. Se considera que el Consejo Consultivo de Política Migratoria (CCPM) no es suficientemente representativo.
9.- Acoso a defensores de derechos humanos
Se denuncia el acoso de la Fiscalía General de la República contra defensoras de derechos humanos involucradas en el caso de las masacres de migrantes en San Fernando, Tamaulipas.
10.- Falta de prevención de violaciones a derechos humanos contra migrantes
A pesar de los trágicos eventos, no existen medidas efectivas de prevención, y continúan las desapariciones, secuestros y extorsiones.
11.- Subregistro y falta de estadísticas sobre delitos contra migrantes
Se acusa la falta de estadísticas públicas sobre el número de delitos denunciados e investigados contra migrantes, así como sobre las carpetas de investigación y sentencias. Muchas víctimas no denuncian por temor a ser deportadas.
12.- Retraso en la reparación integral del daño a víctimas de masacres
Las víctimas de masacres de migrantes ocurridas hace más de una década aún esperan la reparación integral del daño.
13.- Desafíos en la investigación y sanción de delitos contra migrantes
Se señala que la Fiscalía Especializada de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas (FEDPMR) enfrenta muchos desafíos, especialmente en casos de criminalidad transnacional, y que casos de masacres no han sido consignados por los delitos principales.
14.- Responsabilidad estatal en desapariciones y violencia
Se identifican diversas formas de responsabilidad estatal, incluyendo la tolerancia, el apoyo y la participación directa en actividades de grupos delictivos.
15.- Impunidad generalizada en casos de desaparición y masacres
Con la excepción de un caso, los casos de desaparición y masacres de migrantes permanecen en la impunidad debido a la falta de estrategias integrales de búsqueda e investigación.
16.- Obstáculos para el acceso a la justicia desde países de origen
Las familias de migrantes desaparecidos enfrentan dificultades para obtener visas para participar en acciones de búsqueda en México.
17.- Falta de coordinación interinstitucional
Se acusa una falta generalizada de coordinación eficiente entre instituciones mexicanas (FGR, CNB, comisiones de búsqueda, fiscalías) y con instituciones de los países de origen.
18.- Deficiencia de la labor de las comisiones de atención a víctimas (CEAV)
Se señala la falta de una visión transnacional, enfoque psicosocial y diferenciado, pertinencia cultural, seguimiento adecuado y suficientes asesores jurídicos en la CEAV.
19. Fragmentación y deficiencia de la información forense
Se critica la desarticulación entre la información forense oficial y la información sobre desapariciones y hallazgos de cuerpos.
20.- Falta de análisis de contexto y macrocriminalidad
Se señala la ausencia de análisis de contexto y de macrocriminalidad en las investigaciones.
21.- Falta de voluntad política e institucional para la búsqueda e investigación
Se acusa la falta de voluntad política e institucional para buscar eficientemente a las personas migrantes desaparecidas y abordar casos relacionados con el crimen organizado.
22.- Implementación deficiente del MAEBI
Se detallan numerosos obstáculos operativos, incluyendo la negativa de consulados a recibir denuncias, la imposición de requisitos adicionales, la falta de personal traductor de lenguas indígenas, deficiencias en la representación legal proporcionada por la CEAV, problemas de comunicación y acceso a la información, y la falta de resultados sustantivos en la localización e investigación.
23.- Enfoque securitista sobre derechos humanos en la migración
Se reitera que el enfoque de México hacia la migración es principalmente securitista en lugar de basarse en los derechos humanos.
24.- Falta de prevención de desapariciones por parte del INM
Se señala que la Ley de Migración debería establecer como obligación del Instituto Nacional de Migración la prevención de desapariciones y otros delitos contra migrantes, en lugar de limitarse al control migratorio.
25.- Riesgos asociados a la detención migratoria y la militarización
Se advierte que la persecución y detención de migrantes los expone a mayores riesgos y facilita la incomunicación y la falta de defensa adecuada, configurando posibles desapariciones forzadas de corta duración. Se critica el uso de cuerpos militares en labores de control migratorio y la designación de personal militar en centros de detención.
26.- Riesgo a la independencia judicial
Se expresa preocupación por la reforma constitucional al Poder Judicial, que podría comprometer su independencia y, por ende, la protección de los derechos de los migrantes a través de recursos como el amparo.
27.- Incumplimiento de recomendaciones
Se menciona implícitamente el incumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales como el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
En sus peticiones al gobierno mexicano, el informe solicita, entre otras cosas, la conformación de una Comisión Especial de Investigación para casos de desapariciones y masacres de migrantes, la revisión y adecuada implementación del MAEBI, el inicio de trabajos de la Mesa Nacional de Búsqueda, el fortalecimiento de la Comisión Forense, la implementación de mesas de trabajo para la reparación del daño, la elaboración de un plan de políticas públicas para la prevención de violaciones contra migrantes y la revisión del marco jurídico en materia de justicia y derechos humanos.
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ONU destaca trabajo del gobierno en materia de protección de migrantes
Cuando el gobierno mexicano presentó su IV informe periódico en materia de derechos migrantes ante el Comité de la ONU en Ginebra, el Comité reconoció al gobierno de México por liderar a nivel internacional la promoción y protección de los derechos de los migrantes.
También destacaron los esfuerzos del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum para lograr una armonización legislativa y ratificar los instrumentos internacionales y la adopción de políticas específicas en materia de derechos migrantes.
La delegación mexicana que presentó el informe del gobierno ante el Comité de la ONU estaba compuesta por la representante permanente de México ante la ONU en Ginebra, Francisca Méndez Escobar y otros funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como también del Consejo de la Judicatura Federal.