La red criminal dedicada al huachicol, tráfico de armas y lavado de dinero presuntamente vinculada a Raúl Rocha Cantú, contratista de Pemex y propietario de la franquicia Miss Universo, operaba desde varias colonias de la Ciudad de México, en la que se encontraban sus casas de seguridad, oficinas administrativas, bodegas y domicilios de sus principales operadores.
El documento, relativo a la causa penal 495/2025, expone que la estructura criminal funcionaba desde inmuebles ubicados en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, y contaba con empresas de seguridad privada, estaba asociada a notarios públicos, personal del Registro Público de la Propiedad y exagentes federales que facilitaban sus operaciones.
El expediente detalla que el grupo estaba integrado por al menos 14 personas, encabezadas por Jacobo Reyes León (“Yaicob / El Lic”) y Jorge Alberts Ponce (“Yoryi”), quienes presuntamente dirigían el tráfico de armas, el traslado y venta de hidrocarburos robados o importados ilegalmente, el lavado de dinero través de empresas de seguridad, el despojo y regularización de inmuebles, y la venta de narcóticos en CDMX.
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En esta estructura destaca Raúl Rocha Cantú, empresario mencionado en el expediente como financista de la importación y comercialización de combustible obtenido ilícitamente.
Según los informes anexos, Rocha inyectaba capital para la compra de hidrocarburo proveniente de Guatemala y Estados Unidos, el cual era distribuido a través de estaciones de servicio en Querétaro y operaciones intermediadas por Daniel Roldán y otros miembros de la red (pág. 10 del expediente).
Contexto: a fines de noviembre se dio a conocer que la FGR abrió una carpeta de investigación en torno a presuntas actividades ilegales del empresario Raúl Rocha Cantú, quien presuntamente encabezaba un grupo que importaba combustible robado en Guatemala y lo comercializaba en gasolineras de Querétaro y Guanajuato.
Además, la red introducía armas desde Centroamérica y las vendía a grupos criminales, como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Rocha Cantú compró la franquicia de Miss Universo en 2024 y organizó el concurso en la Arena Ciudad de México.
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Antes había sido contratista de Pemex, que le dio al menos dos contratos para construcción de ductos para recolección y transporte de hidrocarburos.
Los inmuebles desde donde operaba la red en CDMX
El expediente describe varios puntos estratégicos en la Ciudad de México:
- Bodega de armas en San Felipe de Jesús (GAM) Un inmueble atribuido a Jacobo Reyes León servía como punto de almacenamiento de armas largas, cargadores y equipo táctico, resguardado por personas armadas.
- El hallazgo fue confirmado en un cateo (acta 407/2025-I).
Oficinas centrales de la organización en Miguel Hidalgo
En la calle Gobernador Gregorio V. Gelati 74, en San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, se localizaban documentos, armas, computadoras y registros financieros, algunos vinculados a las operaciones de huachicol.
Este cateo se llevó a cabo el 22 de febrero de 2025, señala la causa penal 495/2025, de la que La Silla Rota tiene una copia. Esa causa penal sirvió para que un juez emitiera orden de aprehensión con contra de 13 personas que conforman la red.
Entre los acusados está un funcionaria de la Fiscalía General de la República, a quien se identifica como “la fiscal”, encargada de pasar información a Rocha Cantú sobre las investigaciones en su contra.
Centro operativo en Benito Juárez
El domicilio de Sergio Abraham Lara Paz, en Calle Niño Perdido 398, se identificó como base de operaciones para despojo de inmuebles, extorsión, cobro de piso, venta de narcóticos, control territorial en la capital.
El domicilio aparece documentado en informes policiales y en la resolución.
Empresas privadas, notarios y funcionarios como engranes del esquema
Gracias a sus contactos en áreas como el Registro Público de la Propiedad en la Ciudad de México, la red de Rocha Cantú incursionó en la invasión de inmuebles intestados, que carecían de dueño o estaban abandonados.
De acuerdo con la investigación consignada ante el juez, hay registros de llamadas entre Sergio Abraham Lara y Alberts; el primero “se encarga de invadir inmuebles y en contubernio con otras personas ilegalmente consiguen escrituras de los citados inmuebles, las cuales inscriben en el Registro Público de la Propiedad y posteriormente, hipotecan dichos inmuebles, obteniendo recursos de forma ilegal”.
Lara no sólo se encargaba de invadir inmuebles abandonados para luego venderlos sino que usaba sus contactos entre notarios para obtener escrituras.
“Al parecer Sergio se asocia con personas en situación de calle con la intención de generar documentos que avalen su personalidad para crear cuentas y tener la posibilidad de usar esa identidad como prestanombres”.
Uno de los elementos más sensibles es la supuesta participación de empresas de seguridad privada. Reyes León y Alberts Ponce eran socios de una empresa que presuntamente se usaba para remarcar armas, lavar dinero y ocultar flujos financieros derivados del huachicol.
Según el expediente, el grupo obtenía inmuebles por despojo y luego los regularizaba con apoyo de notarios y funcionarios del RPPC.
Filtración desde la FGR
Dos integrantes tenían acceso a información reservada: Mari Carmen Ramírez (“La Fiscal”), señalada por entregar datos de investigaciones y Paul Manríquez (“Comandante”), exagente de la FGR acusado de extorsión y señalado por recibir pagos mensuales por información. Estas filtraciones buscaban evitar cateos y frenar indagatorias contra el grupo.
La resolución concluye que la actividad criminal —incluido el financiamiento del huachicol, la distribución y los acuerdos entre integrantes— se desarrollaba de manera permanente y reiterada en la Ciudad de México.
gph