México carga con un pasivo provocado por obras públicas inconclusas, proyectos anunciados que hoy exhiben grietas, retrasos y abandono.
El Trolebús Chalco–Santa Martha, símbolo de movilidad, abrió sus puertas solo en parte, de las 15 estaciones proyectadas solo funcionan 12, mientras que Teotongo, La Virgen y Xico permanecen en obra, sin una fecha clara de conclusión.
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Según una revisión realizada por La Silla Rota a los resultados más recientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), varias de las obras estratégicas del gobierno federal presentan irregularidades, sobrecostos y retrasos significativos, lo que acrecienta el pasivo de infraestructura inconclusa
En Quintana Roo, el Puente Nichupté sobre la laguna del mismo nombre, sigue arrastrando retrasos, con un avance reportado de 70%, a pesar del compromiso oficial de que estaría terminado en marzo de 2025.
Las sucursales del Banco del Bienestar representan otro capítulo: se autorizó la construcción de cientos de oficinas en zonas rurales y, de acuerdo con el informe de la autoridad a la Auditoría, se ha finalizado 80% de las 2 mil 744 sucursales planeadas; de acuerdo con los reportes, aún falta por construir 606 establecimientos.
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Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez han sido señaladas por tener campus inacabados, ubicarse en terrenos baldíos y carecer de la infraestructura mínima para operar: en estos planteles hay aulas sin techo, laboratorios vacíos y servicios básicos que no existen, según denuncias de usuarios en redes sociales. Según la SEP ya hay 202 sedes activas. También reportan 85,000 estudiantes matriculados. En el Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 se prevén 247,000 alumnos para esas sedes.
El Tren Interurbano México–Toluca, conocido como “El Insurgente”, acumula seis años de atraso. Aunque parte ya está en operación, se proyecta que el tramo final hacia Observatorio entrará en servicio hasta enero de 2026. De acuerdo con la auditoría 2024_0338_a, la ASF detectó inconsistencias en supervisión, pagos y entrega de documentos.
La autopista Tepic–Puerto Vallarta, ha avanzado con la apertura de su tramo Tepic–Compostela, inaugurada por la presidenta el pasado 8 de noviembre. El desarrollo carretero continua con la ampliación hacia Las Varas–Platanitos y Platanitos–San Blas.
Costos millonarios
Otro proyecto emblemático que arrastra anomalías es la carretera Barranca Larga–Ventanilla, en Oaxaca. En los resultados de la auditoría 2024, la ASF documentó incrementos de 1,294 millones de pesos en los contratos de obra, además de retrasos superiores a 1,500 días, lo que representa más de cuatro años de demora respecto a lo establecido originalmente.
El rezago en obra pública no es exclusivo del ámbito federal. El Estado de México, Veracruz y Puebla arrastran también un pasivo de proyectos inconclusos, retrasados o sin iniciar, según sus propios órganos de fiscalización y reportes oficiales.
Obras inconclusas en Edomex
En el Estado de México, distintas revisiones han documentado inconsistencias en infraestructura urbana, carreteras y obras municipales que presentan avances físicos mínimos pese a tener recursos ejercidos, así como ampliaciones de plazo sin justificación y proyectos reportados como concluidos pero que aún muestran fallas o no están operativos. Es uno de los estados con mayor volumen de obra contratada.
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El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) reportó 2,916 observaciones en la Cuenta Pública 2023, de las cuales 790 son por inversión física.
En su informe de gestión 2024, el OSFEM identifica como principales observaciones: adjudicación indebida, excepción a licitación pública, montos mayores al convenio, “obra pagada no ejecutada”, inconsistencias en expedientes técnicos, y falta de comprobación del gasto.
Faltantes en caminos rurales
En Veracruz, el panorama es aún más crítico. Las auditorías de la Cuenta Pública 2024 señalan un presunto daño patrimonial de 15.1 millones de pesos en caminos rurales sin terminar en municipios como Atzalan, Platón Sánchez, Tatahuicapan y Mixtla de Altamirano. El ORFIS detectó además 24.7 millones de pesos en obras hidráulicas inconclusas de la CAEV. A esto se suma que el propio gobierno estatal reportó 61 obras “en proceso” que ni siquiera han iniciado formalmente, según el sistema SIAFEV.
La ASF también observó más de 43 millones de pesos por obras escolares inconclusas: aulas defectuosas, contratos sin supervisión y trabajos distintos a los contratados. Veracruz concentra así uno de los mayores rezagos en infraestructura básica —caminos, agua y escuelas— en todo el país.
En Puebla, el cabildo informó que aún hay 22 obras públicas pendientes por concluir, con un valor de 348.5 millones de pesos. El Plan Estatal de Planeación 2024 reconoce proyectos de transporte, infraestructura urbana y rehabilitaciones clasificadas como “en proceso” o “por iniciar”, lo que confirma que varios trabajos avanzan más lento de lo programado. A ello se suman críticas de la Cámara de la Construcción local por licitaciones “insuficientes” en 2024, un factor que, señalan, contribuye a la lentitud y al rezago en el desarrollo de nuevas obras.
El Instituto Mexicano de la Competitividad advirtió en 2024 que estas obras son parte de un patrón estructural se anuncian sin estudios rigurosos, se inauguran sin terminar y muchas veces no cumplen con su propósito social. Por ello, el instituto planteó la creación de una Oficina Nacional de Infraestructura, un organismo técnico, autónomo y especializado, que evalúe, priorice y supervise proyectos para evitar que existan “elefantes blancos” y sigan consumiendo recursos públicos.