La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, anunció un acuerdo para la organización y operación de los órganos internos de control (OIC) y las unidades de responsabilidades en las dependencias de la Administración Pública Federal (APF), así como en las empresas públicas del Estado. Este documento busca optimizar la vigilancia, transparencia y uso de los recursos públicos.
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Claves del acuerdo
Creación y reestructuración de órganos internos de control: El acuerdo establece la formación de nuevos OIC en diversas dependencias y entidades públicas, como la Oficina de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Salud, entre otras. Estas entidades tendrán oficinas de representación en puntos estratégicos del país.
Unidades de responsabilidades en empresas estatales: Se implementan unidades específicas en Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con delegaciones enfocadas en sus subsidiarias, como Pemex Transformación Industrial y CFE Generación.
Fortalecimiento de la supervisión y la transparencia: Las Unidades de Vigilancia 1, 2, 3 y 4 serán las encargadas de supervisar los OIC, promoviendo auditorías y revisiones estratégicas que garanticen el uso adecuado del erario público en beneficio de la ciudadanía.
Coordinación nacional: Los OIC y las unidades de responsabilidades estarán centralizados en Ciudad de México, aunque se permitirán otras sedes según lo determine la Secretaría. Estas oficinas serán los puntos de contacto para trámites, servicios y denuncias ciudadanas.
Ámbito de competencia ampliado: Se incluyen sectores estratégicos como educación, energía, salud y seguridad. Dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Tren Maya ahora cuentan con OIC específicos.
Compromiso anticorrupción: Este acuerdo refuerza el mandato constitucional de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción en todos los niveles de gobierno y en empresas públicas.
De acuerdo con las autoridades, con este marco normativo, el gobierno federal avanza hacia un modelo de gestión más eficiente, transparente y alineado con las mejores prácticas internacionales en materia de gobernanza.
Hacienda pone candado a licitaciones
El pasado 8 de enero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha emitido nuevos lineamientos para la validación presupuestaria de las erogaciones realizadas con cargo a las partidas específicas incluidas en las partidas genéricas 331, 332, 333, 334, 335 y 339 del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. Dichos lineamientos tienen como objetivo garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.
Los lineamientos buscan establecer disposiciones específicas para que los ejecutores de gasto obtengan una validación presupuestaria antes de iniciar procedimientos de contratación. Esta regulación aplica a dependencias, órganos administrativos desconcentrados, entidades de la Administración Pública Federal, órganos reguladores en materia energética, la Oficina de la Presidencia de la República y Tribunales Agrarios. Se excluyen las Secretarías de Defensa Nacional y Marina, así como entidades paraestatales bajo su coordinación.