REFORMA JUDICIAL A DEBATE

Reforma judicial, el peligro de crear un “cuarto poder”

La jueza federal en el Tribunal de Apelaciones del 18º Circuito en el estado de Morelos, Beatriz Moguel Ancheyta, escribe un artículo en el Dallas News donde argumenta cómo el poder judicial sí sirve al pueblo

Créditos: Twitter
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La reforma judicial que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados corre el riesgo de crear un “cuarto poder” con la creación del llamado Tribunal Disciplinario, advirtió jueza federal en el Tribunal de Apelaciones del 18º Circuito en el estado de Morelos, Sala Regional Especializada del TEPJF, Beatriz Moguel Ancheyta.

En un artículo publicado en el diario Dallas News, Moguel advirtió que la independencia de la justicia está en riesgo con los cambios propuestos.

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“El Poder Judicial representa al pueblo, especialmente a las minorías y a las personas vulnerables, esto lo hace a través de la Constitución de México — no solo de las actuales enmiendas, sino de todas aquellas que se han agregado para proteger nuestros más preciados derechos y libertades en México”, detalló.

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Eliminar el amparo y crear el Tribunal Disciplinario

“La reforma busca eliminar el amparo. Sin esa protección, podrían promulgar leyes incluso contradictorias a la constitución (por ejemplo, nuevos impuestos o expropiaciones y confiscaciones de propiedad privada en nombre de la ‘justicia social’)”.

Sobre el Tribunal Disciplinario, Moguel critica que tendrá amplios poderes, formando esencialmente un cuarto, que neutralizará y silenciará al Poder Judicial revisando la responsabilidad de los jueces y los precedentes que establezcan.

“Los buenos jueces que se apeguen a la constitución podrían ser descartados, y el resto desalentado, asegurando que los jueces puedan ser sometidos por miedo.

Y ejemplificó: Cuatro madres y un padre de una comunidad indígena en Yucatán se opusieron a la construcción del Tren Maya, e inmediatamente se abrieron investigaciones en su contra por un delito federal relacionado con la interrupción de rutas de transporte, y se vieron obligados no solo a disculparse. Una ley sobre desarrollo social establece que los proyectos de infraestructura son de interés público, pero la Constitución también establece que las comunidades indígenas son entidades de interés público. Esto es un conflicto entre una norma legal y la constitución.

“Para un juez federal, la supremacía de la constitución habría sido clara, y el caso habría quedado resuelto inevitablemente a favor de la comunidad indígena, caso completamente contrario a cómo se resolvió en la realidad. Sin embargo, el Tribunal Disciplinario podría tener otra interpretación. Esto resalta el peligro extremo de crear este cuarto poder y el impulso de encerrar al Poder Judicial Federal”.