La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió al gobierno de México reconsiderar la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
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En su misiva, los relatores instan al gobierno de México a reconsiderar esta decisión, expresando preocupación por las implicaciones que dicha reforma podría tener sobre la protección de la privacidad y la transparencia en el país.
“El INAI es una institución esencial para asegurar que la ciudadanía tenga acceso a la información con una perspectiva de derechos humanos. Su más reciente decisión, que establece que la Guardia Nacional debe actuar bajo los principios de transparencia y máxima publicidad en todo momento, es una muestra de ello”, expresó Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la ONU-DH.
“La opacidad, las restricciones generalizadas en la reserva de información y la reticencia a la rendición de cuentas sobre su desempeño, son incompatibles con la Guardia Nacional y con cualquier otra institución que ejerza tareas de seguridad ciudadana en un Estado de Derecho”, añadió.
Caso Centro Prodh sobre la Guardia Nacional
Ante una solicitud de información sobre el uso de la fuerza presentada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, conocido como “Centro Prodh”, el INAI revocó la respuesta original dada por la Guardia Nacional, por la cual reservaba de manera general e íntegra la información solicitada. Previo análisis de la información reservada y confidencial, el INAI concluyó que debe hacerse una versión pública de los informes sobre uso de la fuerza de la Guardia Nacional.
Entre los argumentos para revocar la respuesta original de la Guardia Nacional a la solicitud de información, destacaron:
- la reserva general de información sobre uso de la fuerza es improcedente y contraria a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas;
- la publicidad de los hechos y circunstancias relacionados con el uso de la fuerza, transparenta y rinde cuentas sobre la actuación de los servidores públicos;
- de conformidad con estándares internacionales, los cuerpos del orden que ejerzan el uso de la fuerza, así como las demás instituciones del Estado, deben probar que sus acciones estuvieron justificadas, además de que el Estado tiene la obligación de establecer los protocolos de uso de la fuerza, especialmente del uso de la fuerza letal; y
- la rendición de cuentas en casos de uso de la fuerza es una obligación de las instituciones de seguridad pública y sus integrantes.