PODER JUDICIAL

El ABC del funcionamiento del Poder Judicial de la Federación

Esto dice el estudio llamado México, diagnóstico sobre la independencia del sistema de Justicia Federal, elaborado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Federación Latinoamericana de Magistrados y Lawyers Council for Civil Economic Rights

Créditos: Pixabay
Escrito en NACIÓN el

El Poder Judicial de la Federación está en el ojo de la opinión pública, ante la posibilidad de que se transforme producto de la iniciativa de reforma que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero pasado.

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Pero cuál es la composición del PJF, cómo es su sistema de ascenso, cómo se asignan los cargos, qué es la Carrera Judicial y qué cargos abarca, cuántos jueces han sido atacados por el crimen organizado y cómo el PJF combate los casos de corrupción entre sus integrantes.

Estas son algunas de las claves y datos para entender la estructura del Poder Judicial de la Federación, contenidas en el estudio llamado México, diagnóstico sobre la independencia del sistema de Justicia Federal, elaborado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Federación Latinoamericana de Magistrados y Lawyers Council for Civil Economic Rights. El documento fue publicado en 2023.

Un dato del diagnóstico es que hasta el año pasado sumaban 100 jueces atacados por el crimen organizado, una situación alarmante que puede escalar si continúan los ataques verbales por parte de las autoridades.

“Los continuos ataques del Poder Ejecutivo y Legislativo aumentan los riesgos de ataques a la seguridad física de jueces, juezas, magistradas y magistrados”, alerta el documento.

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Cómo está compuesto el PJF

El PJF se integra por los siguientes órganos:

  • I. La Suprema Corte de Justicia de la Nación
  • II. El Tribunal Electoral 
  • III. Los Plenos Regionales
  • IV. Los Tribunales Colegiados de Circuito
  • V. Los Tribunales Colegiados de Apelación
  • VI. Los Juzgados de Distrito
  • VII. El Consejo de la Judicatura Federal. El órgano especializado para la administración, vigilancia y disciplina del PJF es el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), creado con la reforma judicial de 1994. La administración de la SCJN queda en manos de la propia Suprema Corte, no del CJF.

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Los nombramientos y asignaciones

Existe un sistema de colaboración de poderes para los nombramientos de las Ministras y Ministros de la SCJN, Magistradas y Magistrados del TEPJF y Consejeras y Consejeros del CJF.

Las y los ministros son nombrados por 15 años por el Senado de una terna enviada por el presidente de la República.

Las y los magistrados del TEPJF son nombrados también por el Senado de ternas enviadas por la SCJN.

De los siete asientos con los que cuenta el CJF, uno es para la presidenta de la Suprema Corte, que también lo es del consejo. Tres son designados por la SCJN de entre los jueces y magistrados federales, dos son designados por el Senado y uno por la presidencia de la República.

Sin embargo, el propio artículo 100 de la Constitución Federal señala que estos consejeros no representan a quienes los designan, por lo que deben ser independientes e imparciales.

Al ser uno de los tres poderes de la unión, de acuerdo con la Constitución, la judicatura federal goza de completa independencia y autonomía en el marco de colaboración entre poderes, incluyendo el nombramiento de sus integrantes.

 

La Carrera Judicial Federal

El Consejo de la Judicatura Federal se encarga de administrar la Carrera Judicial y cuenta con un comité y áreas especializadas.

De acuerdo con la propia legislación aplicable, la Carrera Judicial tiene entre otros objetivos: garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de las personas servidoras públicas que forman parte de ella; así como propiciar la permanencia y superación de sus integrantes, con base en expectativas de desarrollo personal mediante una carrera como personas servidoras públicas en el Poder Judicial de la Federación.

En México comprende no solamente los cargos de las y los jueces y magistrados, sino diversas posiciones anteriores, como son Secretarios de Acuerdos de Sala; Subsecretarios de Acuerdos de Sala; Asistentes de constancias y registro de tribunal de alzada; Secretarios o Secretaria Proyectista de Tribunal de Circuito; Secretarios de Juzgado de Distrito; Asistente de constancias y registro de Juez de control o Juez de enjuiciamiento y Oficial judicial, entre otros.

Nominación, selección y nombramiento de magistrados y jueces.

Los nombramientos de personas que imparten justicia se llevan a cabo vía concursos de oposición -cuyas bases se encuentran publicadas previamente- y los resultados también son públicos.

Los nombramientos se realizan por un periodo inicial de 6 años y si son ratificados en el cargo, el mismo se vuelve permanente.

Para ser magistrado o magistrada de circuito se requiere ser mexicano por nacimiento, que no se adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, mayor de 35 años, gozar de buena reputación, no tener condena por delito doloso con sanción privativa de la libertad, contar con título de licenciatura en derecho expedido legalmente y práctica profesional de cuando menos cinco años.

Para ser Jueza o Juez de Distrito los requisitos son los mismos, con una diferencia en que se requieren 30 años de edad.

 

Ascensos

El sistema de ascensos para avanzar en la carrera judicial se lleva a cabo a través de concursos internos de oposición, en los cuales la persona con la mejor calificación es quien obtiene el puesto por el cual se compite. Además de reunir los requisitos del puesto de que se trate (los cuales dependen de cada caso concreto), es necesario tener el mejor puntaje en el concurso de oposición correspondiente. No hay casos de ascensos ni nombramientos que se hagan por fuera de las reglas diseñadas para ello.

 

Ataques

Existen casos de ataques contra el personal judicial.

Por ejemplo, el hecho sucedido el 16 de junio de 2020, ocasión en la cual el juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, Uriel Villegas Ortiz, y su esposa fueron asesinados en Colima. Varios hombres armados atacaron al matrimonio en su casa y consumaron el hecho luego de que la Secretaría de Hacienda informara el golpe que acababa de asestarse al cartel de Jalisco al bloquearle casi 2.000 cuentas bancarias que contenían, al menos, 900 millones de dólares.

También, en 2022, el juez Roberto Elías Martínez del Estado de Zacatecas fue asesinado por órdenes de individuos que se encontraban en prisión a raíz de procesos judiciales llevados a cabo por el juez.

Luego de esta tragedia, el Juez Arturo Nahle, entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, señaló que más de 100 jueces han sido asesinados en conexión con los asuntos de violencia y narcotráfico.

Hasta ese entonces, al menos un centenar de personas que imparten justicia contaba con algún tipo de protección especial.

 

Régimen disciplinario

Las juezas y jueces están sometidos a un régimen de disciplina administrativa del cual se encarga el Consejo de la Judicatura Federal. El procedimiento de responsabilidad administrativa, desde la investigación hasta el cumplimiento y ejecución de la sanción, se instaurará conforme a los principios y reglas previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

Las investigaciones podrán iniciar como consecuencia de:

a) Quejas presentadas por particulares o por autoridades, pertenecientes o no al Poder Judicial de la Federación.

b) Los procedimientos de auditoría, vigilancia o supervisión interna.

B. Mecanismos anticorrupción

La obligatoriedad de las declaraciones patrimoniales y de intereses son el principal mecanismo anticorrupción, así como la vigilancia que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura Federal.

Tanto el público como el personal judicial pueden denunciar actos de corrupción, estos procedimientos de disciplina se pueden iniciar por denuncia o queja.

Según archivos, entre 2010 y 2021, el Consejo de la Judicatura Federal denunció penalmente a 11 jueces y 14 magistrados por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito entre otros desajustes.

En el mismo período recibieron denuncias otros 82 servidores judiciales que ocupan cargos de menor jerarquía por conductas entre las que destacan la presentación de títulos apócrifos, ofrecimiento de plazas a cambio de dinero, abuso sexual y nepotismo.