El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio la orden este lunes en sesión privada de suspender toda tramitación de amparos pendientes de resolución en cualquier tribunal colegiado del país, en la que se tenga como fondo dar validez de la prisión preventiva.
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La Corte tomó esta decisión debido a que resolverá una serie de juicios constitucionales donde definirá los alcances de la prisión preventiva.
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De esta manera, el máximo tribunal del país evitará que se tomen resoluciones que sean contradictorias al criterio general que fijen en próximos días.
Al respecto, la ministra Lenia Batres consideró que esta es una buena decisión ante las circunstancias actuales, pues se le dará seguridad jurídica a personas que tienen un proceso pendiente en materia de prisión preventiva.
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La disputa por el tema de la prisión preventiva en México
En abril pasado, el gobierno federal advirtió que se podrían dejar en libertad alrededor de 68,000 presuntos delincuentes, si los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminan la prisión preventiva oficiosa, tema que ha estado en la mesa del máximo tribunal del país, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido, en el pasado, a México eliminar esa medida cautelar, por considerar que viola los derechos humanos.
Los señalamientos del gobierno mexicano se derivan precisamente de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitida en 2023 contra el Estado mexicano, que le exigió eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa por considerarla violatoria a los derechos humanos y porque esa medida cautelar es contraria a la Convención Americana.
Sentencia de la Corte IDH contra México
La sentencia emitida a principios de 2023 se refiere a las violaciones al debido proceso y a la libertad personal en el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, acusados del asesinato en 2001 de la regidora del municipio Atizapán, María de los Ángeles Tamés, en el Estado de México.
García Rodríguez y Reyes Alpízar estuvieron alrededor de 17 años en prisión preventiva, lo que ha representado el tiempo más largo que alguien ha estado en la cárcel en México sin sentencia, hasta que en 2019 quedaron bajo arresto domiciliario con el uso de brazaletes electrónicos. En 2022, fueron condenados a 35 años de cárcel, aunque en marzo de 2023, un juez absolvió a Alpízar por falta de pruebas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, ordenó en 2023 al Estado mexicano eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa con el fin de cumplir con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, ha otorgado un año para informar sobre el cumplimiento de la sentencia, que ordena el pago de indemnizaciones a García Rodríguez y Reyes Alpízar. por concepto de daños materiales e inmateriales.
"La Corte concluyó que el Estado vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la igualdad y no discriminación y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas por la aplicación de esa figura al caso concreto", destaca la sentencia de la CIDH.
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar y automática que se aplica ante delitos considerados graves como violencia sexual, homicidio doloso, feminicidio o delincuencia organizada, entre otros, y que puede encarcelar a un imputado sin condena previa.