El conflicto entre Vulcan Materials, propietaria de la cantera de Calica en Playa del Carmen, y el Gobierno de México, ha dado de qué hablar, pues se reportan intereses privados que amenazan con usar y apoderarse de las más de 2 mil hectáreas y la terminal marítima privada de Punta Venado, de acuerdo con información de Darío Celis en su columna de Opinión publicada en El Heraldo de México.
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El 9 de abril, una embarcación identificada como “Algol” con matrícula 1402 de la Secretaría de Marina (Semar), ingresó a la zona marina correspondiente al puerto de la compañía estadounidense. A bordo venían más de 15 personas, entre tripulantes uniformados, presuntamente marinos de la Semar, y otros tantos civiles no identificados.
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Durante más de 20 minutos, los tripulantes vestidos de civil tomaron fotografías y videos de las instalaciones del puerto sin dar aviso a la Capitanía de Puerto, señala Celis en su texto.
El enfrentamiento, que ha llegado a un arbitraje internacional, surgió cuando Vulcan reclamó una indemnización por los actos de autoridad emprendidos en su contra por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
No es la primera vez que Calica sufre ingresos ilegales por parte de la autoridad acompañada de privados desde que fue clausurada el 6 de mayo de 2022, tras acusarla de ocasionar un desastre ecológico en Quintana Roo, además de oponerse a la construcción del Tren Maya.
Desde inicios del 2023 el presidente López Obrador acusó a militantes del partido Republicano de financiar a grupos “pseudoambientalistas” que se oponían a obras emblemáticas de su administración federal, tales como el Tren Maya. El 14 de marzo de ese año, personal de Semar, de la Secretaría de la Defensa y de la policía estatal invadieron las instalaciones acompañados de representantes de Cemex, con el argumento de trasladar el material para el Tren Maya que llegó en un barco que atracó en el puerto de Punta Venado.
Senadores de EU advierten a México
Un grupo de senadores de Estados Unidos insinuaron al Gobierno de México que si los terrenos y el puerto de Vulcan Materials, en la Península de Yucatán, son confiscados, recurrirán a todos los recursos disponibles para garantizar que ninguna entidad o individuo se beneficie de lo que consideran un robo de propiedad.
Se trata de un conflicto que desde hace meses existe con la empresa minera Vulcan Materials, ubicada en el Caribe mexicano y que ha sido objeto de señalamientos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta compañía es propietaria de una cantera caliza en la selva de Quintana Roo y el mandatario federal mexicano la ha acusado de causar daño ecológico, y amenazado con tomar acciones legales en caso de que los predios no sean vendidos al gobierno.
Los senadores Tommy Tuberville (republicano), Katie Boyd Britt (republicana), Bill Hagerty (republicano) y Tim Kaine (demócrata) enviaron una carta a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, a quien expresaron que se cumplen dos años desde que el Gobierno de México cerró operaciones legales de Vulcan en Quintana Roo.
Los senadores destacaron que con las acciones emprendidas por el Gobierno de México, sobre Vulcan Materials, se ha erosionado la confianza que existe sobre el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para hacer cumplir los acuerdos de libre comercio existentes y sobre el apego al Estado de Derecho.