El reciente señalamiento sobre un presunto financiamiento del crimen organizado en la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador en 2006 dado a conocer en una investigación del medio estadounidense ProPublica, ha reavivado el debate sobre el actual presidente de México.
Al respecto, la editorial del medio británico The Economist publicó ayer un artículo que cuestiona la distancia entre el mandatario tabasqueño y la corrupción, un problema que asegura no tiene cabida en sus acciones.
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El texto publicado aborda las recientes acusaciones que señalan a López Obrador como beneficiario de dinero aportado por el cártel de Sinaloa hace 18 años. Aunque aclara que no existen pruebas de que el entonces candidato presidencial estuviera al tanto de este aporte, señala que uno de sus colaboradores cercanos, Nicolás Mollinedo, sí estaba al tanto de la situación.
En su artículo, también hace alusión a una posible campaña en contra de López Obrador con fines electorales, de la cual también saldría perjudicada la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum, de quien se dijo “es casi seguro que ganará”.
A pesar de mencionar las voces que piden una investigación más profunda en el caso, el diario inglés destaca ejemplos que cuestionan la relación de López Obrador con la corrupción, algunos de ellos vinculados a los hijos del presidente.
Uno de ellos es la controvertida "casa gris" en la que estuvo involucrado su hijo José Ramón por un presunto conflicto de interés, así como el caso de la red ligada a su otro hijo, Gonzalo, que se presume cobró de más a empresas proveedoras de materiales para el Tren Maya.
“Una investigación muestra que el tercer hijo de López Obrador, Gonzalo López Beltrán, dirigió una red de contratistas que vendieron materiales a sobrecosto para el Tren Maya, uno de los proyectos preferidos de su padre. En 2022 se dio a conocer que su hijo mayor, José Ramón, vivía en una casa de lujo en Houston, propiedad de un contratista de Pemex. Tanto el presidente como su familia han rechazado que haya algo ilegal en estos casos”.
El artículo también aborda el desfalco millonario en Segalmex y los señalamientos que apuntan a que alrededor del 80 por ciento de los contratos públicos se otorgan de manera directa. Además, se citan encuestas que indican que alrededor del 86 por ciento de los participantes asocian la corrupción con el gobierno.
“Estudios muestra que 86% de los mexicanos dice que los actos de corrupción del gobierno son frecuentes. El mayor caso de desvío de recursos por parte de una institución pública, el de Segalmex, en el que funcionarios desviaron cerca de 15 mil millones de pesos, ocurrió en su gobierno”.
En este contexto, The Economist se suma a las voces que cuestionan la integridad del presidente López Obrador, quien, al ser interrogado sobre sus presuntos nexos con el crimen organizado en 2006 (investigados por la DEA), ha señalado intereses políticos y electorales tanto a nivel nacional como estadounidense.
ProPublica responde a AMLO con nuevos datos
Este viernes, ProPublica respondió a los dichos del presidente ante el reportaje del periodista Tim Golden publicado por la organización en días pasados, en los que señala la investigación de la DEA sobre presuntos nexos del cártel de los Beltrán Leyva en la campaña electoral de 2006.
"La táctica de atacar a los reporteros que revelan verdades incómodas es tan vieja como la democracia misma. Pero el auge de los medios sociales ha elevado el poder de los ataques contra los periodistas a nuevas alturas. Los políticos como López Obrador ahora pueden usar sus plataformas para decir lo que quieren de un reportero y después dar un paso atrás mientras ejércitos de bots y amigos amplifican el mensaje a través de Internet", expuso la organización a través de su portal de internet este 9 de febrero.
El artículo de Golden fue publicado el pasado 30 de enero y aborda las acusaciones de que narcotraficantes contribuyeron con 2 millones de pesos a la primera campaña presidencial de López Obrador, quien rechazó el reportaje como “completamente falso” y lo tachó de ser “una calumnia, además de llamar al reportero como “mercenario de la DEA”, "instrumento del Departamento del Estado" y “un peón,” entre otros calificativos.