En un año y cuatros meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió de opinión sobre cómo debería ser su reforma constitucional en materia electoral. Aunque todo parecía indicar que su Plan C, incluido en el paquete de 20 reformas que envió a la Cámara de Diputados el 5 de febrero, era una réplica del Plan A, propuesta que se entregó a San Lázaro en octubre de 2022, expertos destacan dos distinciones relevantes.
“El Plan A y esta propuesta (Plan C) son muy similares en varios de sus aspectos y generan los mismos problemas que comentamos en su momento cuando el Plan A estuvo en posibilidades. Siguen siendo los mismos temas problemáticos: se piensa en una autoridad electoral que cambia de nombre, se piensa que la estructura del servicio procesal electoral se convierta en una serie de contrataciones temporales”, dijo a La Silla Rota el ex consejero electoral e investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Arturo Sánchez Gutiérrez.
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Pero, a diferencia del Plan A, aclaró el experto, ahora se decide no quitarle al Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de administrar el padrón electoral, como lo planteó el presidente en su primera iniciativa de reforma en la materia. “Eso se corrige, es importante”, aclara el catedrático.
Pero el aspecto más importante –y probablemente el más controvertido– de esta reforma “es que el plan A no desaparecía la representación popular como es el caso en esta propuesta. Lo que hacía el Plan A era lo contrario, toda la Cámara de Diputados iba a ser electa bajo el sistema de representación popular y así se estableció en lo que era el Plan B. Y en este caso no, el Presidente de la República si fue muy claro que no habría ya diputados o senadores de representación proporcional, cambiando completamente el tamaño de las cámaras”, alertó Sanchez Gutierrez.
La nueva iniciativa del residente, una versión reeditada del llamado Plan B electoral que tumbó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio del 2023 por violaciones al proceso legislativo, es parte de las iniciativas impulsadas por el mandatario federal durante la recta final de su sexenio. Estas requerirán dos terceras partes de ambas cámaras legislativas, además del aval de 17 congresos locales, para ser aprobadas y, de lograrlo, la Corte estaría impedida para revertirlas, ya que no podrán ser impugnadas.
“Yo creo que es importante decir que, otra vez, estas son iniciativas que no surgen del consenso de partidos políticos, como habían sido las iniciativas electorales del pasado".
"Yo confío en que este proyecto no pasará por la Cámara de Diputados y de Senadores por el simple hecho de que sí es un cambio constitucional importante que requiere dos terceras partes de los votos, los cuales Morena y sus aliados no tienen. Por eso parece ser evidente que el presidente de la República está profundamente preocupado por ganar mayoría calificada en el Congreso de la elección que viene”, agregó el ex consejero electoral.
A grandes rasgos, el Plan C propone hacer cambios a la ley electoral para que se reduzca a más de la mitad el número de legisladores que conforman al Poder Legislativo, que los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean electos mediante el voto popular y que los partidos políticos reciban menos financiamiento público, entre otras cosas.
La nueva propuesta mantiene varios de los puntos propuestos por el mandatario federal en el ahora invalidado el “plan b” de 2022. Por ejemplo, se insiste en cambiar al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual asumiría las tareas de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) pese a que su financiamiento será menor.
Alerta de sobrerrepresentación
La representación proporcional es un sistema de elección que se estableció en México en la reforma electoral de 1977 y que ha estado vigente desde entonces. El Sistema de Información Legislativa explica que el principio toma como base el porcentaje de votos obtenidos por un partido político en una región geográfica y su objetivo es “proteger la expresión electoral cuantitativa de las minorías políticas y garantizar su participación en la integración del órgano legislativo, según su representatividad”. Por lo que, a raiz de esta reforma, en México se utiliza este método para asignar 32 senadores en una lista nacional y 200 diputados en cinco listas regionales, votadas en cinco circunscripciones plurinominales.
En entrevista para La Silla Rota, el consultor e investigador en temas legislativos, Juan Pablo Figueroa Mansur, quien ha colaborado con iniciativas como Visión Legislativa, explicó que la nueva reforma del presidente podría incrementar la sobrerrepresentación del oficialismo a un 20%.
Recordó que “la anterior (reforma) planeaba desaparecer a los diputados de mayoría para que los diputados de distrito desaparecieran, de tal manera que existieran 32 circunscripciones para que cada partido presentara su lista, es decir, todos sería plurinominales. En cambio, la iniciativa presentada este 2024 va en sentido contrario: quiere eliminar a todos los pluris para que solo existan 300 diputados de mayoría en distritos como los hay ahora”.
Sin embargo, alertó que “este planteamiento comprometería la pluralidad en las Cámaras y en el sistema de partidos, puesto que al haber exclusivamente diputados de mayoría relativa, se generan incentivos para que los partidos medianos desaparezcan; sin mencionar claro que distorsiona la representación”.
Por ejemplo, tras las elecciones del 2021, Morena y aliados congregaron 186 (62%) votos en actas computadas de 300 curules, lo cual, bajo la propuesta de López Obrador, les daría más que solo la mayoría calificada necesaria para aprobar cambios constitucionales. Sin embargo, en esa misma elección, la coalición de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) sólo obtuvieron un 42.7% votos del porcentaje de votos.
Es decir, sin la representación proporcional, el oficialismo tendría una sobrerrepresentación de casi 20%, muy por encima de lo que establece la ley y desproporcionado en términos de la voluntad popular, según Figueroa Mansur.
“Esta reforma literalmente es regresar al esquema de representación del PRI hegemónico previo a las reformas electorales que abrieron el sistema político".