A la magistrada Elba Sánchez Pozos le cambió la vida la denuncia que presentó ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra de la magistrada Selina Haidé Avante Juárez, por presuntos actos de corrupción y de integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Cancún, Quintana Roo. Afirma que la querían obligar a firmar una libertad provisional en un amparo sin haber sesionado para ese asunto.
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El caso le pareció tan grave que de manera presencial se lo dio a conocer al secretario de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, Carlos Alpízar, y de manera documental se lo hizo llegar al entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.
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Lo que no sospechaba Sánchez Pozos es que esa denuncia le costaría ser expulsada del tribunal y quedarse un año sin trabajar en el Poder Judicial Federal; sólo recibía un sueldo mínimo vital.
Resulta que el hermano de Haidé, Mario Gerardo Avante Juárez, era el subsecretario General de Acuerdos de la SCJN.
Además, Sánchez Pozos comenzó a recibir presiones, se presentaron 16 denuncias en su contra y aunque regresó a trabajar fue enviada a distintos lugares, como Sinaloa, considerado un destino de castigo entre los juzgadores.
También recibió una amenaza en julio de este año, cuando unos hombres se acercaron a su camioneta, cuando estaba en Tlatlaya, Estado de México y le ordenaron “bajarle” a sus denuncias.
“Hago responsable a Arturo Zaldívar de lo que me pase”, no duda en remarcar en entrevista.
La situación que vive no le ha permitido ejercer libremente su función de impartidora de justicia, dice con la voz entrecortada en entrevista con La Silla Rota. Además, en las sesiones en streaming del tribunal tomó la decisión de apagar la cámara para que no se vea su rostro triste por la presión y todo lo que pasa con la reforma judicial.
Encubrimiento
La actual magistrada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito de Jalisco recuerda que se animó a presentar primero una queja, desde abril de 2019 y luego la denuncia en septiembre de ese año, en el periodo de Zaldívar porque el entonces ministro hacía encendidos discursos contra la corrupción.
Pero la respuesta a su denuncia ha sido encubrimiento y protección, dice.
La magistrada afirmó que se reunió por lo menos tres veces con Alpízar en su oficina para exponerle el caso, pero el secretario no le dio acceso a Zaldívar, por lo que le envió la documentación al presidente de la SCJN, sin que hubiera resultados.
“Ya estaba sufriendo ataques por parte de Zaldívar y su grupo de poder por haber denunciado corrupción de gente de acá adentro que no sabía que ella estaba protegida y que resultó que estaba más que protegida por quien afirmaba que no iba a tolerar la corrupción”, describe.
Además, ha sido amenazada, por lo que viaja con escolta y vehículo blindado.
Esa situación, más la puesta en marcha de la reforma judicial, la han hecho tomar la decisión de dejar de ser magistrada a partir del 31 de diciembre próximo.
Zaldívar, de denunciado a funcionario
A fines de 2023, Arturo Zaldívar renunció a su puesto de ministro de la SCJN para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República; su encargo de ley finalizaba en noviembre de 2024, pero lo abandonó para hacer política con el partido en el gobierno.
Ya en abril de 2024, el Consejo de la Judicatura abrió una investigación por presuntos actos de presionar y extorsionar a jueces para que emitieran resoluciones a modo en determinados casos, en especial, en los que había un interés especial del gobierno.
La denuncia anónima señalaba que Carlos Alpízar, el operador de Zaldívar, citaba a los jueces en su oficina y les indicaba que había interés de la presidencia en ciertos temas y les pedía su cooperación para que avanzaran.
Pocas semanas antes el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa que en ocasiones llamaba a Zaldívar para hacerle saber que el gobierno tenía interés en un caso.
“Todavía con Zaldívar había más recato. Cuando había un asunto, nosotros, respetuosamente, interveníamos”, dijo en su conferencia.
Tras las elecciones, Zaldívar se integró al equipo de la presidenta como coordinador de Política y Gobierno, y encabeza el comité de evaluación del Poder Ejecutivo que definirá quiénes pueden ser candidatos a ministros de la Corte, magistrados y jueces.
Cancún, paraíso judicial
Sánchez Pozos menciona que la magistrada Selina Haidé Avante Juárez era integrante del tribunal en que observó las irregularidades; cobró relevancia porque en agosto de 2021 liberó el empresario Kamel Nacif, acusado de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho, quien años atrás dio a conocer una red de pederastia en la que Nacif aparecía involucrado.
De acuerdo con Sánchez Pozos, haber denunciado a la magistrada detonó que se pusiera a funcionar una maquinaria judicial para dañarla.
El caso de liberación sin sesión está en análisis en el Consejo de la Judicatura, pendiente de resolución, dice.
Sánchez Pozos brinda datos de cómo se maneja la justicia en Cancún, Quintana Roo. Lo llama paraíso judicial porque sirve para liberar y exonerar a quien quieran desde la Ciudad de México.
Su futuro
La magistrada presentó una denuncia contra quien se supone iba a investigar el caso, Gustavo Rómulo Salas Chávez, actual fiscal en Sonora, porque guardó las investigaciones sin avanzar.
Haidé Avante y siete trabajadores más del tercer Tribunal Colegiado de Circuito de Cancún presentaron una denuncia contra Sánchez Pozos por presunto acoso laboral y haber ordenado a un actuario que certificara hechos de un secretario de Haidé Avante.
El recurso ha sido analizado por los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, Bernardo Bátiz y José Montalvo Martínez, que presentaron proyectos favorables hacia ella, al encontrar infundadas las causas de responsabilidad que se le atribuyen, afirma.
Su temor es que la integrante del CJF, Celia Maya, cercana al gobierno y excandidata de Morena al gobierno de Querétaro, quien busca ser candidata para el Tribunal de Disciplina Judicial, vote en contra suya, mientras que la consejera Lilia Mónica López Benítez, se declaró impedida para conocer el asunto, argumentando que su hermano comenzó a trabajar con el magistrado electoral Alejandro David Avante Juárez.
En caso de que la resolución sea adversa, Sánchez Pozos podría quedarse sin pensión complementaria.