Decenas de abogados con más de 20 años de trabajo en el Poder Judicial recibieron un aviso, pocos días antes de la Nochebuena y Navidad, que formaliza la eliminación de las reglas que les permitían alcanzar posiciones más altas en ese organismo como jueces o magistrados.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
La noche del 20 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley orgánica del PJF, que marca las nuevas reglas para quienes buscan ser jueces o magistrados.
Te podría interesar
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE GOOGLE NEWS
Atrás quedaron los años en el escalafón, los cursos para acudir a exámenes, los concursos con los que se elegía a los mejor calificados para las posiciones. Ahora, los puestos más altos, serán para los que obtengan más votos en elecciones programadas para 2025 y 2027.
El caso de Julio Sánchez Orozco es ejemplo de cómo se cortó la carrera judicial. Ha trabajado 22 años en el PJF y actualmente se desempeña como secretario de juzgado de distrito en materia de Trabajo.
Dice que hace seis años votó por Andrés Manuel López Obrados porque creyó que promovía una unidad nacional. Ahora, se siente desilusionado por el discurso “de resentimiento y venganza” que impulsó durante su sexenio.
Este sentimiento de decepción se intensificó al ver cómo los legisladores se negaron a respetar los juicios de amparo que los trabajadores interpusieron ante la reforma judicial. “La sociedad está en peligro, porque si una sentencia es obligada a cumplir, no va ser acatada (…) Está en juego la división de poderes y el cumplimiento de las sentencias”, expresó.
Sostiene que la implementación de la reforma judicial pone en peligro su salario, el respeto al seguro médico y sus ahorros por la desaparición de los fideicomisos del PJF.
“Los titulares pueden iniciar un procedimiento, de los cuales tenemos cinco días para poder desahogar y posteriormente nos puedan cesar. Esa es una violación a los derechos humanos y constitucional”, explicó Julio Sánchez.
Su carrera comenzó como oficial, puesto que alcanzó mediante un examen de oposición, procedimiento que volvió a realizar para ocupar el puesto de actuario. También, cuenta con dos maestrías, una en Derecho Administrativo y Fiscal y en Derecho Laboral y un doctorado en Derecho Constitucional.
Cortan una preparación de años
Martha Gabriela Sánchez aún no tiene claro cuál será su futuro profesional, entre sus opciones se encuentra la academia o litigar. Luego de 36 años en el PJF la magistrada decidió que no participaría en la elección a la que obliga la reforma judicial y notificó al Senado que declinaba a ser elegida.
En entrevista con La Silla Rota la abogada recuerda que antes de la implementación de los exámenes de oposición, quienes realizaban el servicio social o prácticas profesionales, tenían que pedir permiso para ayudar al personal basificado de los juzgados.
En su caso, contó con suerte porque a los pocos meses hizo los méritos para desempeñar un puesto de oficial administrativa.
“Antes, la única forma para llegar a ser juez de distrito era ser propuesta ante la Corte por nuestro titular. Con la reforma del 95 empezó la carrera judicial, que nos dio la posibilidad de acceder a esos concursos”, explicó.
Para participar en los exámenes de jueza y ministra tuvo que cursar una maestría y una serie de cursos. Además, recuerda que con sus compañeros organizaron grupos de estudios porque necesitaban dominar las áreas de derecho administrativo, laboral, civil y penal.
Para el cargo de juez tuvo que competir con 900 aspirantes y 50 para magistrados. En ambos casos presentó un examen que acreditó su conocimiento teórico. Después, realizó una prueba oral y uno práctica.
“Quizá mi futuro es en la academia para dar clases o lo mejor litigar (…) me apasiona la cuestión de conocer los problemas que hay en la gente e impartir justicia”, relató.
Perseverancia y conocimiento
La magistrada Dinora Hernández, quien presentó en cinco ocasiones el examen de oposición que la convirtió en juzgadora, enfatiza un aspecto de la reforma judicial que se ha pasado por alto: la anulación de la paridad de género que había permitido balancear el número de impartidoras de justicia con el de hombre que ocupaban esas posiciones.
Al implementarse la reforma judicial de 1995 el Poder Judicial alcanzó la paridad porque se implementaron exámenes de género.
“Soy digna de un concurso de género en el que participaron mil 500 compañeras que reunían los requisitos, quedamos 25 en la etapa de conocimientos, después quedamos 50 para un examen escrito y uno de oposición ante sínodos, una consejera, una magistrada y una jueza de distrito”, manifestó Dinora.
De acuerdo con su testimonio mediante un estudio se comprobó que las mujeres eran quienes menos ascendían en la carrera judicial porque descuidaban su profesión al cuidar a sus hijos y haciendo labores domésticas. Al implementarse los exámenes de género participaban la misma cantidad de mujeres y hombres.
Debido a que la reforma judicial termina con su carrera judicial de 23 años, todavía no sabe cuál va ser el rumbo de su vida profesional. En ocasiones, piensa que quizá se dedique a una actividad relacionada con el arte, pero también quiere seguir luchando para revertir los efectos de las recientes reformas a la Constitución.
(Con información de Eloy Linares)