El Consejo de la Judicatura Federal anunció que puso a disposición el protocolo con perspectiva de discapacidad que obliga a los órganos jurisdiccionales laborales aplicarlo al juzgar a personas pertenecientes a este sector de la sociedad.
El protocolo con perspectiva de discapacidad integra los últimos avances jurídicos tanto a nivel nacional como internacional en defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
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"El @CJF_Mx puso a disposición el Protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad que incorpora los últimos avances jurídicos nacionales e internacionales para la defensa de los derechos humanos", destaca el mensaje del canal del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo al canal del Poder Judicial de la Federación, el protocolo es un referente para las personas en la función jurisdiccional sobre la defensa de los derechos de las personas que padecen alguna discapacidad.
Protocolo con perpectiva de discapacidad actualizado
Indicó que el primer protocolo fue emitido por primera vez hace casi 10 años, pero que la nueva versión incluye los más recientes avances jurídicos que se han logrado a nivel nacional e internacional en la materia.
En su desarrollo no solo participaron personas del ámbito jurisdiccional de distintas materias, sino también del ámbito de la justicia, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y académicos.
El objetivo de la participación de especialistas fue para poder identificar los temas y los obstáculos más recurrentes que enfrentan las personas con discapacidad para acceder al sistema de justicia.
Todo ello para identificar los temas y los obstáculos más recurrentes que enfrentan las personas con discapacidad para acceder al sistema de justicia.
Al respecto, el canal judicial citó el caso del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del centro auxiliar de la décima región, con sede en Saltillo, Coahuila, que determinó que los órganos jurisdiccionales laborales tienen la obligación de juzgar con perspectiva de discapacidad, cuando detecten que en un procedimiento administrativo de investigación en contra de una persona con discapacidad no se hayan aplicado los ajustes necesarios que tener una defensa de manera efectiva.
Y es que destaca que no solo corresponde al Estado establecer las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, sino también a los particulares, de acuerdo a lo establecido en el marco jurídico nacional e internacional.