Este jueves las autoridades guatemaltecas concretaron la extradición a Estados Unidos de dos individuos requeridos por la justicia norteamericana, identificados como Cruz Antonio Gálvez y Jairo León Caballero. Ambos hombres, vinculados a actividades de narcotráfico, eran objetivos de extradición por parte de una Corte del Distrito Este de Texas.
Cruz Antonio Gálvez, detenido desde el 7 de junio tras ser capturado en la frontera entre Guatemala y México, en el departamento de Petén, está asociado al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según informaciones de la Policía Nacional Civil, Gálvez es señalado por supervisar operaciones de tráfico del referido cartel en suelo guatemalteco.
Por otra parte, Jairo León Caballero, quien mantiene vínculos con otro cartel activo en México y Centroamérica, está solicitado por Estados Unidos bajo cargos de tráfico de cocaína. La extradición de ambos hombres se suma a la larga lista de individuos entregados por Guatemala a la justicia estadounidense, cifra que supera las 150 personas en los últimos cuatro años, incluyendo 14 tan solo en 2023.
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Contexto
Ante la creciente violencia derivada de la disputa territorial entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación en el estado de Chiapas, que comparte frontera con Guatemala, las autoridades guatemaltecas han implementado medidas significativas para fortalecer la seguridad en la zona limítrofe. La movilización de 2,000 soldados del Ejército de Guatemala, que se anunció este lunes, tiene como objetivo principal "garantizar la seguridad y gobernabilidad en el territorio guatemalteco", según afirmó el coronel Rubén Téllez, portavoz del Ejército, a la agencia EFE.
Los soldados se han desplegado en 14 puntos estratégicos de la frontera y llevan a cabo patrullajes terrestres y aéreos, principalmente en áreas boscosas de los departamentos de San Marcos y Huehuetenango. Además, la acción militar se coordina con la participación de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desplazados a la región afectada.
El conflicto entre los cárteles ha tenido repercusiones tangibles en ambos lados de la frontera. En el municipio de Tacaná, San Marcos, diversos comercios han cerrado sus puertas como medida preventiva. Además, la violencia en la ciudad mexicana de Motozintla ha llevado a algunos de sus habitantes a cruzar la frontera hacia Guatemala en busca de refugio.
Esta situación también ha cobrado la vida de cinco agentes de policía municipal en las últimas tres semanas, en municipios fronterizos como Ayutla, ubicado en el suroeste del departamento de San Marcos.
La tensión en la frontera ha alcanzado un punto tal que el presidente Andrés Manuel López Obrador, se vio obligado a reconocer las disputas entre los grupos del narcotráfico en la región sur del país. En su conferencia mañanera, el mandatario mencionó que se enfrentan grupos de delincuencia organizada que buscan controlar territorios para resguardar droga que entra a Centroamérica.
López Obrador también hizo referencia a un video que se viralizó, donde pobladores de Chiapas, en la frontera con Guatemala, se congregaron en la Carretera Panamericana para aplaudir a un grupo identificado con el Cártel de Sinaloa. El presidente confirmó la autenticidad de las imágenes, pero criticó a los grupos criminales y a la "derecha" por difundir "propaganda" sobre el conflicto, algo que, según él, se intensificará de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
De acuerdo con el periodista y sociólogo, Ricardo Del Muro, columnista de La Silla Rota en el municipio de Frontera Comalapa, situado en la frontera entre Chiapas y Guatemala, la crisis de inseguridad se ha prolongado por tres años. De acuerdo con él, la situación llegó a la conferencia mañanera, siendo un tema sensible para el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien minimizó la problemática, describiéndola como "limitada a una región" y acusando a sus opositores de explotarla en contra de su administración.
De acuerdo con él, el origen de esta crisis se remonta a diciembre de 2020, con la emboscada a José Fernando Ruiz Montejo, El Poni, miembro del Cártel de Sinaloa. La intensificación del conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha exacerbado la violencia en la región. En sus palabras, la confrontación ha afectado la vida diaria en Frontera Comalapa, con bloqueos de señales telefónicas y cortes de energía eléctrica.
Menciona también que a pesar de los logros del gobierno de AMLO, como la reducción de la pobreza y el crecimiento económico, la estrategia "abrazos, no balazos" ha fallado en abordar la violencia y la proliferación de grupos criminales. El Índice de Paz México 2023 revela un aumento del 64.2% en la tasa de delincuencia organizada en los últimos ocho años. Según datos del Uppsala Conflict Data Program, las muertes relacionadas con la delincuencia y el crimen organizado aumentaron significativamente entre 2011 y 2021.
Para Del Muro El CJNG, en particular, ha experimentado una expansión agresiva, extendiéndose a 28 de los 32 estados de México desde 2017. Un estudio publicado en la revista Science señala que las organizaciones criminales emplean aproximadamente a 175 mil personas en México, situándose como los quintos mayores generadores de empleo en el país.
AMLO ha desacreditado esta información, alegando que la industria de la construcción ofrece más empleo, citando a los proyectos del Tren Maya y la obra pública. No obstante, la inseguridad y la violencia continúan siendo asignaturas pendientes de su administración, representando un gran desafío para su sucesor.
DJC