El periodo denominado Guerra Sucia es recordado como un periodo de graves violaciones a los derechos humanos en México y aunque el Archivo General de la Nación (AGN) abrió los expedientes sobre esta época, los archivos fueron rasurados presuntamente por el Centro Nacional de Inteligencia, lo que obstaculiza la labor del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico.
La Silla Rota tuvo acceso al “Informe técnico sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN en AGN Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990”, en el cual se señala que los expedientes fueron mutilados, pues se han detectado anomalías como expedientes faltantes o incompletos, y tarjetas que permiten confirmar la existencia de información que no fue entregada al Archivo General de la Nación luego de la expedición del Acuerdo presidencial de Vicente Fox en 2001 que obligó a la Secretaría de Gobernación a transferir la totalidad de los archivos que hasta ese momento eran custodiados y conservados por el CISEN.
Ante esta situación, el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, “hace un llamado al Centro Nacional de Inteligencia a acatar la orden del Presidente de la República en el sentido de que corresponde a su gobierno y al Estado mexicano ‘permitir que se tenga acceso a todos los archivos de todas las dependencias, sin ningún límite, y también el que no haya obstáculos y que no haya impunidad para nadie’, como lo declaró en el acto inaugural de los trabajos de la Comisión de la Verdad del periodo 1965-1990”.
El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) señaló que "a 22 meses de su creación, el MEH no ha tenido acceso a la totalidad de los archivos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), hoy conocido como Centro Nacional de Inteligencia (CNI); material crucial para la investigación de las violaciones cometidas en este periodo".
Detalló que esta falta de acceso constituye el incumplimiento de cuatro marcos legales: un acuerdo y un decreto presidenciales, la Ley General de Archivos (LGA) y la Ley General de Transparencia, por lo que demanda "que se cumpla con la garantía de transferencia total y de acceso de archivos y expedientes del CNI al Archivo General de la Nación (AGN) que incluya los faltantes de la Dirección Federal de Seguridad (1947-1985), los de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN, 1985-1989) y los del CISEN (1989-1993) que el CNI debe tener aún bajo su poder y que son cruciales para el cumplimiento del mandato del MEH.Exigimos el acceso, a la brevedad, a los depósitos en bóveda tanto del CNI como del AGN".
¿Qué expedientes faltan?
De acuerdo con el informe elaborado por el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, algunos de los expedientes que faltan corresponden a agentes que formaban parte de la entonces Dirección Federal de Seguridad, los cuales se presume que “pudieron haber sido sustraídos”.
Si bien hay fichas catalográficas y referencias en el Inventario Descriptivo DFS, los expedientes no se encuentran físicamente. cuyos expedientes no se encuentran físicamente. Uno de los expedientes que falta es el de Esteban Guzmán Salgado, la única persona que ha recibido una sanción penal por sus acciones durante la llamada Guerra Sucia, específicamente por la desaparición forzada de Miguel Ángel Hernández Valerio.
Tampoco está el expediente de Marcial Rafael Macedo de la Concha, quien fue exprocurador General de la República durante el gobierno de Vicente Fox y quien también formó parte de la Dirección Federal de Seguridad.
El expediente de Pablo Echeverría Zuno, uno de los 8 hijos del expresidente Luis Echeverría Álvarez es otro de los que están desaparecidos en el Archivo General de la Nación. Presuntamente fue dado de alta en la Dirección Federal de Seguridad para obtener credencial.
El Mecanismo señaló que para el trabajo que realiza “es indispensable la información generada por las agencias de seguridad e inteligencia que se vieron involucradas en mayor o menor medida en violaciones graves a los derechos humanos, no obstante, también es importante conocer su funcionamiento interno, quiénes participaron en ellas, sus perfiles y toda información sobre aquellos que pudieron ser responsables de violaciones a los derechos humanos. En ese sentido se ha buscado información sobre el personal de la DFS en ficheros, búsqueda que ha arrojado datos sobre sobre personajes que aparentemente pertenecieron a la DFS y fueron relevantes el escenario público”.
Sin rastro de expedientes de narcos y políticos
Sin embargo, los expedientes de agentes de la Dirección Federal de Seguridad no son los únicos que faltan. El mecanismo también detectó que tampoco están las fichas sobre el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ni sobre la “Campaña presidencial de Manuel Clouthier”, pues si bien hay ficheros con los nombres, las gavetas están vacías. Otros de los expedientes sustraídos corresponden a Manuel Becerra Acosta, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Rafael Aguilar Talamantes.
Tampoco hay rastro de los expedientes de Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo y Enrique Camarena Salazar, pues si bien hay tarjetas catalográficas que evidencian la existencia de expedientes creados por la institución de inteligencia, estos no aparecen en los catálogos y por lo tanto, no están disponibles para consulta en el acervo documental del Archivo General de la Nación. La información ubicada perteneció tanto a la Dirección Federal de Seguridad, a la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN), y al Centro Nacional de Inteligencia.
El mecanismo señaló en el informe que “la evidencia recogida en este documento permite afirmar que el CNI ha incumplido los cuatro marcos legales ya referidos, y que esto obstaculiza el cumplimiento cabal del mandato del MEH que deberá entregar su informe final en septiembre de 2024. La apertura de los fondos aún en resguardo del CNI será uno de los principales legados del MEH a la sociedad mexicana en materia de verdad, memoria, justicia, reparación y no repetición, así como un reconocimiento del Estado mexicano a la importancia de los mecanismos de verdad y memoria.
“Los procesos de justicia transicional implican la apertura de archivos que prueban la comisión de violaciones a derechos humanos por parte de instituciones y agentes del Estado, dando así un paso hacia el esclarecimiento histórico y la verdad, así como un primer avance en la reparación a las víctimas y sus familias. Este Mecanismo está empeñado en llevar a la sociedad mexicana los frutos de su esfuerzo por hacer de estos archivos un espacio abierto a la consulta pública, reivindicando así el derecho de todas y todos a la verdad, y de las víctimas a la reparación y la justicia”, indicó.
La Guerra Sucia
El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) inició labores desde octubre de 2021 y tiene como objetivo llevar al esclarecimiento de la verdad sobre el periodo de 1965 a 1990,l denominado como Guerra Sucia, en el cual se cometieron a manos del Estado una serie de graves violaciones a los derechos humanos.
Fue el expresidente Vicente Fox quien anunció la creación de una fiscalía especial para investigar las matanzas del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, así como la Guerra Sucia de los años 70 y 80. En ese entonces, el nombre oficial de la oficina a cargo de Carrillo Prieto fue Fiscalía Especial para la Atención de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Federales Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Esta fiscalía interrogó a Luis Echeverría, Alfonso Corona del Rosal, Miguel Nazar Haro y muchos personajes vinculados a esos años oscuros en la historia del país y aunque se dijo que se acabaría con la impunidad, no fue así y muchos de ellos murieron antes de ser juzgados.
En otros casos, como el de Luis Echeverría, acabó purgando una pena en prisión domiciliaria por su estado de salud y su edad, aunque al final resultó exonerado por tribunales y buenos abogados como Juan Velásquez.
En 2018, al cumplirse 50 años de la matanza en Tlatelolco, la entonces Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), emitió una declaración en la que habló de la necesidad de que el Estado se disculpara con las víctimas. Aunque al final no hubo ni disculpas, ni justicia ni reparación del daño.
El 30 de agosto de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuiteó: “Hoy que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas nos reunimos con familiares y sobrevivientes de la guerra sucia. Llegamos al acuerdo de crear una comisión presidencial de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición”.
Si bien la comisión sigue operando, no se ha llegado a la justicia transicional de la que tanto habló el presidente López Obrador al inicio de su gobierno y las víctimas y sus familiares siguen esperando justicia, reparación del daño y garantías de no repetición.
Así operan los “espías” de AMLO
La eficacia y la transparencia de la inteligencia civil en México han sido temas de debate constante a lo largo de su historia. Desde sus inicios, hace casi un siglo, han enfrentado acusaciones de espionaje con motivaciones políticas o de vínculos con la delincuencia. En el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, estas problemáticas persisten, y la sede central del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se encuentra en condiciones deterioradas, publicó LA SILLA ROTA en abril pasado.
Un documento oficial señala que las oficinas centrales del CNI se encuentran en un edificio construido hace más de 30 años, y parte de sus instalaciones han llegado al final de su vida útil. Esto resalta una cuestión relevante en la infraestructura gubernamental y plantea cuestionamientos sobre la capacidad de toma de decisiones en una institución clave.
El hecho de que el sucesor del extinto Cisen opere en un edificio con instalaciones que han concluido su vida útil podría ser interpretado como una metáfora de un sistema con problemas internos. La comparación con la pronta y efectiva respuesta de la CIA ante el ataque a las Torres Gemelas en 2001 resalta la importancia de una inteligencia eficiente y actualizada.
Una iniciativa de la senadora Imelda Castro (Morena) plantea que debe reforzarse la rendición de cuentas del Centro Nacional de Inteligencia ante el Congreso. De hecho, integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional aseguran que no han visto al general Audomaro Martínez Zapata, director del CNI, y amigo del presidente López Obrador. Es más, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional hoy no cuenta con un presidente o presidenta, debido a que no se han reunido.
La iniciativa de la legisladora de Morena explica que “el primer antecedente que se puede observar en materia de control de las actividades de seguridad nacional son los comités selectos de inteligencia en el Senado y la Casa de los Representantes de los Estados Unidos los cuales datan de 1976 y 1977 respectivamente. Sin embargo, más que por su ya larga data, su importancia recae en los motivos que origina su creación los cuales se vinculan a abusos por parte de la comunidad de inteligencia tanto como a la ausencia de una supervisión y rendición de cuentas del poder ejecutivo al legislativo.