La Procuraduría Agraria que vela por los derechos de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y jornaleros agrícolas en el país, pide poco más de 14 millones de pesos para la renovación de equipo de cómputo y servidores al argumentar que su inventario donde se resguardan sus datos está obsoleto y su mantenimiento resulta caso y sin soporte o refacciones.
De acuerdo con su justificación de su solicitud, sus equipos y servidores tienen al menos, más de 10 años de funcionamiento por lo que su vida útil de acuerdo con el fabricante así como con el documento de la Procuraduría Agraria se sobrepasó. En la actualidad, detalla la Procuraduría Agraria, se opera con 19 servidores, todos ellos obsoletos y sin soporte técnico. Esta situación, de acuerdo con el documento, “da lugar a una serie de problemas como la falta de refacciones, elevados costos de reparación, limitaciones para actualizaciones, incompatibilidad con tecnologías modernas y baja eficiencia en la ejecución de programas”.
“La obsolescencia actual de la infraestructura tecnológica amenaza la eficacia y eficiencia de estos programas. La lentitud en la respuesta a las solicitudes de procesamiento en los sistemas institucionales repercute negativamente en la calidad del servicio ofrecido por la Procuraduría. Cabe recordar que esta institución integra 175 áreas a nivel nacional con más de 32,000 núcleos agrarios dependientes de sus servicios”, se lee en el documento donde detalla su problemática operativa y solicita recursos para renovar equipo, y servidores.
Además, en el documento de justificación de la inversión se puede leer que hay una alta vulnerabilidad frente a ataques cibernéticos y un real riesgo de pérdida o robo de información, lo cual afecta a aproximadamente el 80% de los empleados de la institución. Y como se ha visto en otras instituciones de la Administración Pública federal, este tipo de ataques son bastante comunes en los últimos años en el país. El no contar con la tecnología necesaria pone es riesgo al país.
El estado actual de los equipos de la Procuraduría Agraria
La Procuraduría Agraria requiere mantener la operación por lo que se requiere la renovación del Centro de Datos, el equipo con el que opera la institución se compone de los 19 servidores con una antigüedad superior a los 10 años y tomando como referencia lo establecido en los parámetros de estimación de Vida útil, publicado en el diario oficial de la federación con fecha de 15 de agosto de 2012.
El equipo de cómputo, de acuerdo a un documento de la Procuraduría Agraria al que tuvo acceso La Silla Rota, tenía especificado un tiempo de vida útil de 3 años, esta situación , generó diversas fallas repentinas, escasez de refacciones, altos costos y tiempos prolongados de reparación, pocas o nulas posibilidades de actualización, incompatibilidad con nuevas tecnologías, lentitud en la ejecución de programas, alta vulnerabilidad a los ataques cibernéticos y posible pérdida o robo de información de los 19 sistemas para su procesos sustantivos y administrativos.
Como puede observarse en las fotos, muchos de los equipos funcionan aún con sistemas operativos completamente obsoletos y lejos de cumplir con los lineamientos de seguridad cibernética que necesita el gobierno. Un claro ejemplo de ellos son los servidores que ocupan Windows XP y Windows 11.
“Otra vulnerabilidad que puede notarse en las fotos es que la tecnología está superada. El volumen de procesamientos de datos que se exige en la actualidad no puede ser cumplida pues son procesadores obsoletos. Es necesario tener equipos que tengan procesadores de última generación o, al menos, con uno o dos años de antigüedad”, se lee.
Los 14 millones de pesos, ¿cómo se gastarían?
Los detalles del proyecto implican la adquisición de dos softwares de comunicación SAN, un dispositivo de almacenamiento de alto rendimiento con una capacidad de 100 TB, y tres servidores de mediano desempeño diseñados para ambientes virtuales x86.
Los softwares de comunicación SAN, que aportan una mayor eficiencia en el intercambio de datos, tienen un precio individual antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de $1,007,944.03. Con el impuesto incluido, la inversión en ambos softwares asciende a $2,338,430.15.
En cuanto al dispositivo de almacenamiento de 100 TB, su costo previo al IVA se sitúa en $5,883,283.24. Cuando se agrega el impuesto, el valor total llega a los $6,824,608.56. Este equipo permitirá manejar un volumen de datos significativo, lo que redundará en una mayor eficacia de la gestión de la Procuraduría.
Por otro lado, se contempla la compra de tres servidores de desempeño medio para ambientes virtuales x86. Estos tienen un costo unitario, antes de IVA, de $1,474,001.61, ascendiendo el costo total, con IVA incluido, a $5,129,525.60.
Todo lo anterior se costeará en un pago único. Para la operación de este nuevo equipamiento, se recurrirá a la implementación de software libre, opción que brinda flexibilidad y autonomía en la gestión. Para asegurar un correcto funcionamiento de la virtualización y del almacenamiento, se contratará una póliza de soporte durante un año, cuyo valor asciende a $1,429,256.43.
A la hora de considerar el mantenimiento de este nuevo equipamiento, la Procuraduría Agraria tendrá un coste cero, ya que el fabricante ofrece una garantía de 36 meses en caso de fallos de hardware y vicios ocultos. Es decir, el mantenimiento estará cubierto durante los primeros tres años tras la adquisición del equipamiento. Sumando todos los elementos, el Costo Total del Proyecto de Inversión Pública (PPI) antes de IVA, alcanza los $14,292,564.31. El coste de operación del proyecto se gestionará a través de un contrato específico derivado de un contrato marco vigente.
DJC/AJ