El panorama carcelario en el país pinta una imagen alarmante, con casi el 40% de los internos en las prisiones nacionales, un estimado de 88,172 personas, sin haber recibido una sentencia, según los datos revelados por los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Los datos recopilados en los censo carcelario de 2022 resaltan un problema de género, con casi la mitad de las reclusas, el 49.3%, aún a la espera de una sentencia, comparado con el 38.4% de los hombres en la misma situación.
Al mismo tiempo, entre un total de 226,116 individuos en las cárceles del país, solo 111,162 tienen una sentencia definitiva, mientras que 23,653 cuentan con una sentencia aún no definitiva. A pesar de la población sentenciada ha incrementado un 8.7% respecto al año anterior, la población sin sentencia se ha reducido en un 5%, según las cifras del INEGI.
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En 2022, de todas las personas detenidas sin sentencia, el 50.2% se encontraba en prisión preventiva oficiosa, el 23.9% en prisión preventiva justificada, el 11.4% en otro supuesto jurídico y, para el 14.5%, no se identificó el tipo de estatus jurídico.
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Estos censos abarcan la población de 314 centros a nivel nacional, de los cuales 15 son centros penitenciarios federales, 248 son centros penitenciarios estatales y 51 son centros especializados. El crecimiento anual de personas encarceladas se sitúa en 2.6%, con un predominio de hombres (94.4%) sobre mujeres (5.6%).
En cuanto a la capacidad, se reporta una sobresaturación en los centros penitenciarios estatales y en los centros especializados, que albergan a 186,755 y 6,858 reclusos respectivamente, superando su capacidad oficial en un 107%. En contraste, las prisiones federales tienen una ocupación de 66.5% de su capacidad, albergando a 28,520 individuos.
En 2022, ingresaron a los centros penitenciarios 138,496 personas, un incremento del 16.2% con respecto al 2021, y 127,606 personas fueron liberadas, un aumento anual del 19.4%.
Este hacinamiento ocurre a pesar de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de despresurizar el sistema penitenciario. En abril de 2020, el Gobierno promulgó la Ley de Amnistía con el objetivo de liberar a unas 6,000 personas condenadas o en prisión preventiva por delitos menores, pero hasta mayo pasado, solo un total de 332 personas se habían beneficiado de esta ley, según el Poder Judicial de la Federación.
Con información de EFE.
DJC