Por mayoría de votos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ratificó la suspensión (freno) que se le concedió al Instituto Nacional Electoral (INE) contra la segunda parte del llamado plan B propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Con tres de cinco votos, los ministros aprobaron desechar el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien argumentó que los recursos presentados por la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y el Senado tenían sustento legal para echar abajo la decisión del ministro Javier Laynez, quien admitió a trámite el recurso presentado por el INE.
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La propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mossa fue respaldada por su homóloga, Loretta Ortiz. Sin embargo, los ministros Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán votaron por desechar el proyecto y elaborar otro con las acotaciones hechas.
El ministro Luis María Aguilar Morales propuso redactar un nuevo documento en el que se desecharon las reclamaciones y se confirma la admisión de la controversia constitucional presentada por el INE, así como la confirmación de la segunda parte del Plan B.
El pasado 9 de marzo el INE presentó una controversia contra el decreto que reforma las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como contra la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023.
También, solicita la anulación de la reforma al considerar violaciones a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto, así como de la ciudadanía.
Según el INE existe una violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, así como una transgresión a su autonomía e independencia, generada por los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Hasta el momento, el ministro no ha hecho público el documento que servirá para discutir el tema en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para anular la segunda parte del Plan B, se necesitan ocho de los 11 votos de las y los ministros que integran la SCJN.
En mayo pasado ya se discutió la primera parte, la cual fue anulada por mayoría de votos. La votación llevó al Poder Ejecutivo a arremeter contra los integrantes del Pleno.