La conductora de televisión Inés Gómez Mont recibió un revés en los tribunales. Un cuerpo colegiado le negó dos amparos con los que buscaba frenar las órdenes de captura en su contra por el delito de defraudación fiscal equiparable.
El Ilícito está relacionado con la carpeta de investigación por la omisión del pago de impuestos correspondientes a los ejercicios fiscales 2015 y 2017.
Al analizar el proyecto del magistrado Miguel Ángel Medécigo Rodríguez, el Tribunal, por unanimidad, decidió negar dos amparos a la conductora al considerar el fallo del juez fue acorde a las leyes.
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“Si bien existe una diferencia en el monto de ingresos acumulables de la quejosa en los dictámenes anunciados por la fiscalía, ello no es suficiente para conceder el amparo, máxime que se tomó en consideración el más reciente en el que se arribó a la conclusión final del impuesto que no se enteró al fisco. Por otra parte, correctamente se tuvo por acreditada la necesidad de cautela por el riesgo de sustracción de la justicia de la solicitante del amparo”.
Otro de los argumentos del proyecto, es que Inés Gómez Mont no presentó datos de prueba para corroborar que obtuvo recursos económicos al trabajar a través del régimen de asimilados a salarios.
“Hasta este momento no existe dato que permita suponer que la quejosa obtuvo ingresos no declarados como asimilados a salario. Por esa razón, se propone confirmar la sentencia y negar la protección de la justicia constitucional solicitada con relación a la orden de aprehensión y su ejecución reclamadas”.
Las ordenes de captura en contra de la conductora y presentadoras de televisión, se suman a dos más por los delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Una de esas capturas está relacionada con el expediente: FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001159/2017. Las primeras pruebas recabadas por el Ministerio Público indican que Inés Gómez Mont no cumplió con el pago de 13 millones 572 mil pesos obtenidos de forma ilícita. La conductora buscó realizar un acuerdo reparatorio en su beneficio. En noviembre de 2017 ofreció al Servicio de Administración Tributaría (SAT) un primer pago por cerca de 11 millones de pesos.
En junio de 2019, durante la presente administración, un segundo por dos millones 604 mil pesos. A finales de 2019, la Fiscalía General de la República, rechazó ambos pagos, porque el acuerdo se realizó con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), sin que les fuera notificado. La FGR aseguró que los montos cubiertos no significaban que la investigación estaba terminada.