El ex alcalde Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, obtuvo un amparo de un juzgado de Distrito para que se vuelva a realizar la audiencia en que él y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, fueron notificados del auto de formal prisión en su contra por el delito de delincuencia organizada.
El auto de formal prisión en contra de ambos fue a partir de pruebas presentadas por el Ministerio Público en las que aseguró la existencia de la organización criminal Guerreros Unidos, grupo, según el gobierno federal, de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
El fallo del juez de Control por el que ambos fueron vinculados a proceso fue emitido el 21 de septiembre de 2022.
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Al analizar el amparo presentado, el juzgado determinó que la sentencia del juez de Control no se encuentra justificada y fundamentada, por lo que ordenó al de Control eliminar el auto de formal prisión.
Además, ordenó emitir otro fallo en el que fundamente las razones por las que se especifiquen y justifiquen los argumentos del Ministerio Público para solicitar el auto de formal prisión.
El juez argumentó que no se ordena su libertad porque la resolución tiene "efectos de vicios formales por lo que no vincula a emitir un auto de libertad, sino a realizar un nuevo estudio de la situación jurídica de los quejosos con libertad de jurisdicción”.
Otro de los motivos por el que ordenó eliminar la vinculación a proceso es porque el juez de Control solo tomó en cuenta declaraciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR).
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público se basan en las declaraciones del testigo protegido “Juan”, quien es identificado por el gobierno como el ex jefe de sicarios de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, "El Gil". Otro de los testigos que utilizó el Ministerio Público para acreditar el delito, son las declaraciones de una persona identificada como "Karla".
La resolución es un fallo más a favor de José Luis Abarca, quien es acusado por el gobierno federal de ser uno de los principales responsables de la desaparición de los alumnos la noche del 26 se septiembre de 2014.
Hasta el momento, ninguna de las acusaciones en su contra han prosperado. Incluso, hace unas semanas otro juez lo absolvió del delito de secuestro relacionado con los estudiantes, ante la falta de pruebas presentadas en su contra, así como violaciones al debido proceso.