El Órgano Interno de Control del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ha dado un revés a la defensa de los miembros de la institución contra lo que ellos consideran un “hostigamiento sistemático”, emprendido por José Antonio Romero Tellaeche y María Elena Álvarez-Buylla, en su contra; prohibiéndoles expresarse en las redes sociales.
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A través de un documento interno enviado por el Órgano Interno de Control del CIDE dirigido a Romero Tellaeche, director general del CIDE, nombrado por María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt se deja en claro que:
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“Todos los servidores públicos que prestan un servicio cargo o comisión en este Centro Público deberán de abstenerse de difundir, mensajes y/o expresiones a través de medios de comunicación digitales como las redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, que puedan causar daño a la dignidad y la integridad de alguna persona publica de este Centro de Investigación”.
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Dicha resolución se fundamenta en el Artículo 18 fracciones I y II del Código de Ética de la Administración Pública Federal, concatenado con el Artículo 49 fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El Artículo 18 del Código de Ética de la Administración Pública Federal establece que los servidores públicos deben:
- “Preservar la imagen institucional, conscientes del alto honor y confianza que la sociedad les ha conferido para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos, por lo que estando incluso fuera del horario y espacio laboral deberán actuar con integridad”.
- “Considerar que las redes sociales pueden constituir una extensión de las personas en medios electrónicos, por lo que sin menoscabo de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión propios, para su uso institucional, procurarán la imagen de las dependencias y entidades, así como la confianza en el servicio público al mantener un comportamiento acorde con la ética pública y respetuoso de cualquier persona, sin importar su ideología o posicionamiento”.
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Contexto
Tras el nombramiento de Romero Tellaeche como titular del CIDE, la comunidad estudiantil del instituto se pronunció en contra de dicho nombramiento, pues consideraron que este estuvo fuera de la legalidad, hecho que reafirmaron tras conocer que su nombramiento se realizó sin la firma de autorización del Consejo Académico de esa casa de estudios en el acta protocolaria.
Tiempo después, la comunidad del CIDE denunció que la información sobre el nombramiento de Romero Tellaeche como titular del CIDE fue escondida y negada por el mismo José Antonio Romero Tellaeche y la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla.
Incluso, el Conacyt reconoció que a cuatro meses de que se llevó a cabo el nombramiento, aún no tenía el acta de la primera sesión extraordinaria del Consejo Directivo del CIDE, en la que se llevó a cabo la selección, designación y nombramiento de Romero Tellaeche como nuevo director del instituto.
Además, el Conacyt reservó por tres años el acta de la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director General del CIDE, bajo el argumento de que se usará como prueba en los procesos de amparo que ha interpuesto la comunidad estudiantil.
Posteriormente, a principios del mes de mayo, la titular del Conacyt, acusó a los integrantes del CIDE de gestar redes de desvió de funciones que debían beneficiar a todo el país con el desarrollo de investigaciones en el área de las ciencias sociales y económicas, insinuando vínculos indebidos o conflictos de interés.
Dicha acusación se realizó a través de la presentación de una lámina titulada "CPI neoliberales: desvíos de funciones y redes de intereses creados" durante la mañanera del 3 de mayo del 2023 en Palacio Nacional y en transmisión nacional.
Al respecto, el CIDE emitió un comunicado por medio de redes sociales en el que declaraba que las acciones de la titular del Conacyt manifiestan sus “fobias y prejuicios sobre personas específicas, sindicatos independientes como el SIPACIDE, colectivos de la ciencia, instituciones educativas privadas como el ITESM, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y periodistas”.
Además, acusaron a José Antonio Romero Tellaeche y María Elena Álvarez-Buylla de intentar “silenciar las voces críticas de la comunidad académica”, y les exigieron que “cese el hostigamiento sistemático que ha promovido por la vía penal, administrativa y de comunicación social contra el CIDE y su comunidad”.
A la Dra. Álvarez-Buylla “le incomodan el pensamiento crítico, la libertad académica y la participación de estudiantes y profesores en el desarrollo de la política pública sobre Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación”, se lee en el comunicado.
La postura de la Función Pública
Al respecto, la Secretaría de la Función Pública explicó que el Código de Ética de la Administración Pública Federal (CEAPF) es el instrumento que establece los principios, valores, reglas de integridad y compromisos del servicio público que deben ser aplicados por todas las personas servidoras públicas del gobierno federal, a fin de propiciar ambientes laborales adecuados y fomentar su actuación ética y responsable.
Destacó que una de las principales características del CEAPF es que enfatiza que el respeto a los Derechos Humanos es principio y eje fundamental del servicio público, asimismo, busca garantizar la dignidad de todas las personas.
Reiteró que uno de los derechos de todas las personas es no ser sujeto de violencia o arbitrariedades. En la fracción I del artículo 5 establece la obligatoriedad para las personas servidoras públicas de respetar y proteger los Derechos Humanos, como la libertad de expresión.
Indicó que el oficio de la titular del OIC en el CIDE se generó como una consulta específica de las autoridades de la institución acerca de cuáles son las guías que, como personas servidoras públicas, deben seguirse en el manejo de redes sociales.
La recomendación fue recordar que el artículo 18 del CEAPF establece los compromisos que las personas servidoras públicas deben asumir para implementar los principios, valores y reglas de integridad.
Dichos compromisos no buscan restringir la libertad de expresión; por el contrario, se orientan a garantizar dicho derecho y, a su vez, que las personas que laboran en la Administración Pública Federal respeten todos los Derechos Humanos.
VGB