Todo comenzó el 31 de enero de 2022. La presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, informó a la entonces presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, que los comisionados Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov terminarían su periodo el 31 de marzo de ese año. El aviso se dio por recibido y los senadores integrantes de las Comisiones de Anticorrupción y Justicia comenzaron su tarea.
Los senadores hicieron lo suyo: abrieron una convocatoria, realizaron entrevistas, exámenes, juntaron todo en expedientes extensos y presentaron a los 13 mejores candidatos a la Junta de Coordinación Política en un dictamen.
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Para el 2 de abril del año pasado se decía que “en una semana” el pleno del Senado podría votar a los dos comisionados que desde el 31 de marzo habían dejado el pleno del INAI. Eso no ocurrió.
A manera de previsión, el 19 de enero de 2022, en la Mesa de Debate entre El Heraldo de México y La Silla Rota, la senadora Xóchitl Gálvez (PAN) advirtió que la intensión del gobierno de la 4T era dejar morir a los órganos autónomos por inanición, al mantenerlos sin nombramientos. Para ese momento, el Senado tenía 89 nombramientos pendientes en al menos 25 instituciones.
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En ese programa, de emisión radiofónica, el senador Juan Zepeda (MC) se refirió precisamente a los –en ese momento– próximos nombramientos del INAI y los embates que, desde la Presidencia de la República ya se veían en contra del instituto.
“En el caso del INAI hemos visto un embate reciente del titular del ejecutivo porque este gobierno, como ningún otro, es opaco y es un férreo opositor a todo lo que sea transparencia y a todo lo que sea compartir información y a llevar su administración pública conforme a la ley”.
Pasaron los meses y para finales de enero de 2023 el INAI informó al Senado sobre la salida de Francisco Javier Acuña Llamas, además, con el recordatorio de que las dos vacantes de comisionados que estaban pendientes no se habían resuelto. Fue entonces que el Senado resolvió, de nuevo, poner “manos a la obra”.
El 1 de marzo, el pleno del Senado retomó la lista de aspirantes que un año antes las Comisiones encargadas de llevar a cabo el proceso de selección de los comisionados le envió a la Junta de Coordinación Política y eligió a dos personas: Yadira Alarcón y Rafael Luna, quienes no estaban entre los mejores puntajes, pero consiguieron el acuerdo de todas las fuerzas políticas.
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Luego del nombramiento del Senado, el 15 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó esa decisión argumentando que los perfiles no eran los mejores y que, incluso, en el caso de Rafael Luna, había un posible conflicto de interés al ser asesor jurídico del Senado.
Los recursos judiciales: uno a uno
El 27 de marzo, el Senado intentó llegar a un acuerdo entre las fuerzas políticas para avalar el nombramiento de un comisionado que sustituyera a Francisco Javier Acuña Llamas. De las Comisiones de Anticorrupción y Justicia se circuló un dictamen con cinco aspirantes mujeres y cinco hombres… pero tampoco hubo acuerdo.
Para el 29 de marzo, cuando se votaría dicho dictamen, el senador presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, informó que solo se podía nombrar a uno de los 2 comisionados pendientes porque Yadira Alarcón se amparó en contra del veto del presidente López Obrador a su nombramiento.
“Estoy enterado que una de las objetadas, solo una, Yadira Alarcón, ha promovido amparo y se le ha concedido la suspensión provisional, si no respetáramos la suspensión provisional, que se le ha concedido, estaríamos incurriendo en responsabilidad”.
Sin embargo, ese no fue el primer recurso judicial en contra de los embates del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del INAI, que garantiza el derecho de la ciudadanía a tener acceso a la información pública de sus gobiernos y a la protección de sus datos personales.
Al amparo de Yadira Alarcón le precedió un juicio de amparo que promovió el Consejo Consultivo del INAI en noviembre de 2022, con “el objetivo de que el INAI cuente con la totalidad de sus integrantes en el pleno y no se prive a la ciudadanía de derechos humanos y políticas de transparencia y de protección de datos personales”.
El 15 de marzo, cuando se supo del veto del presidente al nombramiento de dos nuevos comisionados al INAI, su pleno aprobó la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, previendo la salida del entonces aún comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.
Esa controversia, presentada hasta finales de marzo, solicitaba a la Corte, además de exigir al Senado el nombramiento de los dos comisionados faltantes, poder sesionar con 4 comisionados en lugar de 5, el quórum mínimo que la Constitución exige al INAI para llevar a cabo las reuniones de su pleno.
Para el 24 de abril, la ministra encargada de resolver dicha controversia, Loretta Ortiz, admitió el reclamo del INAI, pero no le permitió sesionar con 4 comisionados.
Fue hasta el 2 de mayo que el INAI, luego de convocar a una reunión extraordinaria que no pudo iniciarse por la evidente falta de quórum, presentó un recurso de reclamación en contra de la resolución de la ministra Loretta Ortiz, afín al gobierno que encabeza López Obrador.
Este 2 de mayo, la jueza Angélica Quintero Rico resolvió en favor del INAI el juicio de amparo que desde noviembre de 2022 presentó Francisco Ciscomani, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) –del cual forma parte el INAI– para ordenar al Senado que nombre, en menos de 48 horas, a los comisionados que le faltan al INAI.
La fecha de una próxima noticia sobre el INAI se dará el 9 de mayo, cuando se celebre la audiencia incidental para reconocer si el Senado cumplió o no con la orden judicial de nombrar, al menos, a un comisionado.
Este 1 de mayo, en entrevista con La Silla Rota, el doctor Baldomero Mendoza, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en materia constitucional, advirtió las únicas dos únicas salidas al callejón sin salida que hoy vive el INAI serían que el pleno de la Corte revoque la decisión de la ministra Loretta Ortiz o que el Senado nombre a los comisionados que faltan.
Los embates y los resultados
Este 1 de mayo se cumplió un mes desde que el INAI dejó de sesionar debido a la falta de quórum legal, al no contar con al menos 5 de sus 7 comisionados. En ese sentido, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, informó que el pleno del instituto tiene acumulados más de 3,000 recursos en espera de discutirse.
“Hoy se cumple un mes sin que el pleno del INAI pueda sesionar por la falta de quórum legal. A la fecha tenemos más de 3 mil recursos en sustanciación, de los cuales, más de 800 están listos para ser votados, con lo que se vulnera el ejercicio pleno de los derechos que tutelamos”.
En más de una ocasión el presidente López Obrador ha criticado al INAI de ser un organismo oneroso para la administración pública. Incluso, el pasado 28 de abril exigió a los senadores eliminarlo.
“Como si fuera tan importante, desde que se creó no ha ayudado en nada a combatir la corrupción de gobiernos anteriores”.