La historia de la transparencia gubernamental en México tiene sus raíces en la creación del INAI hace 22 años, mediante la creación de su predecesor, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI) en 2002; el cual es resultado de la lucha social de comunicadores, académicos y miembros de la sociedad civil por defender el derecho a acceder a información de interés público sobre el gobierno.
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Como la de otros organismos e instituciones autónomas del país, la historia del INAI suele contarse como resultado de la voluntad de cierto grupo de políticos en el poder, quienes “gracias a su compromiso democrático”, impulsaron la creación de la institución para salvaguardar el derecho de los ciudadanos a la información. El caso del INAI no es la excepción y en su historia suele aparecer como figura clave el entonces presidente Vicente Fox.
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Otros actores importantes para creación del INAI, fueron los legisladores federales de aquel 2002, quienes legislaron en la materia para que de manera oficial se promulgará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto para la formación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) el 11 de junio de ese año y entrara en funciones en junio del 2003.
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Sin embargo, ese instituto que, en 2014, tras una serie de reformas a su composición, funciones y atribuciones, se convirtió en el INAI; no es resultado somero de la voluntad política de aquellos que, desde el poder, impulsaron su creación en aquel 2002. Desde 2001, las bases para su creación fueron sentadas e impulsadas por el “Grupo Oaxaca”, un grupo heterogéneo de periodistas y académicos de la sociedad civil con el objetivo de defender el derecho a la información de la población.
Dicho grupo, entre los que se encontraban, Roberto Rock y Ernesto Villanueva, aprovechó la coyuntura política por el cambio de gobierno entre el PRI y el PAN, para impulsar la exigencia de la sociedad civil por tener acceso a información relevante de los integrantes del gobierno y sus instituciones, tales como: acciones, gatos y conflictos de interés, entre otros datos importantes que contribuyeran a combatir la corrupción.
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Así, tras el impulso de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y los periódicos que la conforman, quienes empezaron a abrir sus páginas a los debates sobre derecho a la información; durante el congreso que se realizaba cada año en la ciudad de Oaxaca, acordaron pugnar, de manera conjunta, por una ley de acceso a la información, la cual fue establecida en 2022, un año después de esta reunión.
En dicha reunión en Oaxaca, celebrada en 2001 se encontraban: Juan Francisco Escobedo Delgado (Universidad Iberoamericana); Jorge Islas López (UNAM); Issa Luna Pla (del IIJ-UNAM); Salvador O. Nava Gomar (Universidad Anáhuac México Sur); Roberto Rock Lechón (entonces director editorial de El Universal); Luis Ernesto Salomón (El Informador, de Guadalajara), Miguel Treviño de Hoyos (de El Norte, de Monterrey, y el periódico Reforma), Jenaro Villamil (representante de La Jornada) y el investigador Ernesto Villanueva.
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Luego de meses de trabajo y tras concretar un proyecto sólido, el Grupo Oaxaca llevó la iniciativa de ley al Congreso Federal, donde, de la mano de Jorge Islas, Salvador Nava y Juan Francisco Escobedo, elegidos como sus negociantes ante los legisladores, se encargaron de llevar a buen puerto la Ley de Acceso a la Información.
Dicha Ley establecía que información en manos del Gobierno, federal, estatal o municipal, así como otros órganos e instituciones públicas de los otros dos poderes de la Unión, legislativo o judicial, debía ser pública, reservada o confidencial. A partir de ella, el IFAI, luego INAI, se convirtió en el órgano que se asegura de que el gobierno provea la información que, por Ley, es de interés para los ciudadanos y cuyo acceso a ella debe ser libre.
La creación de este órgano ha dado como resultado la exposición de casos graves de corrupción, tales como: la guerra sucia, la matanza de San Bernardo, Tanguato, la matanza de Tlatelolco, el caso Odebrecht, el caso Duarte, el Paso Express de Cuernavaca, grupo Higa, el caso Ayotzinapa, el tren México-Querétaro, la Casa Blanca, la Estafa Maestra, entre muchos otros que de otra forma pasarían desapercibidos y de los que el gobierno no tendría que tomar responsabilidad.
VGB