El Programa de Inclusión de Personas con Discapacidad en el Desarrollo Social, operado por la Secretaría del Bienestar federal, operó el año pasado sin las herramientas y mecanismos para corroborar su contribución en la atención de la problemática de sus beneficiarios y sus familias, reveló el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 de la Auditoría Superior de la Federación, publicado este 31 de octubre.
El programa, que actualmente tiene un alcance de 6 millones 179 mil 890 personas beneficiarias y cuyo presupuesto el año pasado fue de 18 mil 944 millones 837 mil 100 pesos, tampoco tiene herramientas para comprobar la ejecución de las acciones, programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza que garanticen el desarrollo de las personas con discapacidad, según el documento.
La auditoría informó que en materia de cobertura de atención, la Secretaría del Bienestar otorgó apoyos a un millón 231 mil 335 personas con discapacidad, que representaron el 81 por ciento de las un millón 515 mil 841 definidas como población objetivo.
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Sin embargo, no comprobó de qué manera se otorgaron los apoyos en especie y tampoco el proceso que realizó con los apoyos no cobrados.
“Asimismo, se presentaron áreas de oportunidad en la integración, actualización y validación del padrón de beneficiarios, ya que no incluyó el registro del certificado de la discapacidad para acreditar la condición de la persona; en 44 de las 89 columnas que lo componen no contó con al menos un dato; presentó registros de beneficiarios sin su respectiva CURP; inconsistencias entre la CURP y el identificador único de cada derechohabiente, así como en los montos emitidos, cobrados y reportados como subsidios en la Cuenta Pública 2022”.
A ello se sumaron las diferencias entre el número de pagos de marcha, las bajas y los apoyos otorgados, lo que impidió asegurar la integridad del padrón de beneficiarios y de los sistemas para garantizar la obtención de información auténtica y de calidad sobre la operación del programa, de acuerdo con el documento.
MÁS OBSERVACIONES
Otra observación fue que, en el marco del Convenio de Universalización de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, la dependencia benefició a 149 mil 976 personas de entidades federativas con bajos niveles de marginación, así como a 63 mil 669 personas con grados de marginación altos y muy altos.
Pero no realizó convenios de colaboración con otras dependencias y entidades de la administración pública federal, tampoco con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ni con la Junta de Gobierno de ese organismo.
“Eso impidió disponer de información sobre la transferencia de bases de datos de personas beneficiarias; el establecimiento de un formato o documento base con el dictamen médico que acredite la discapacidad permanente de las personas, y la realización de acciones en el marco del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.
La Auditoría determinó que entre las consecuencias sociales hay áreas de mejora para garantizar el derecho al desarrollo social, “ya que las estrategias no se diseñaron y aplicaron bajo criterios de mejora continua de las condiciones de vida, la protección social y de reducción de la pobreza”.
Por ello se generaron seis recomendaciones a la Secretaría de Bienestar sobre la operación del Programa de Inclusión de Personas con Discapacidad en el Desarrollo Social.
En el resumen las recomendaciones no están incluidas. Sólo se menciona que su objetivo es aportar elementos para que la secretaría elabore e implemente una estrategia integral y transversal en el sector, que derive de la elaboración de un diagnóstico en el que se identifique la problemática de las personas con discapacidad respecto a su derecho al desarrollo social.
Otro objetivo de las recomendaciones es que haya los procedimientos que permitan la obtención de información auténtica y de calidad para asegurar la integración del padrón de beneficiarios; el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación para ejecutar los programas, estrategias y acciones asociados a la política de inclusión de las personas con discapacidad, así como los indicadores para medir su contribución en la atención de la problemática que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias.
“A efecto de garantizar el derecho de las personas con discapacidad, a un mayor índice de desarrollo humano”.
DJC