CASO IGUALA

Exprocurador de Guerrero será citado por caso Iguala

El Ministerio Público de la Federación investiga si el exfuncionario incurrió en una serie de omisiones o actos de negligencia por la desaparición de normalistas

Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero
Iñaki Blanco, exfiscal de GuerreroCréditos: Cuartoscuro
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Iñaki Blanco, exprocurador de justicia de Guerrero, será citado por la Fiscalía General de la República (FGR) para que rinda testimonio y determinar si tiene responsabilidad penal en el caso Ayotzinapa, afirmaron a La Silla Rota funcionarios federales de primer nivel.

El Ministerio Público de la Federación investiga si el exfuncionario incurrió en una serie de omisiones o actos de negligencia en la investigación de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.

Las autoridades consultadas dijeron que la FGR indaga la probable responsabilidad de Blanco en delitos contra la administración de la justicia, entre otros, a partir del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa que presentó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

Iñaki fue el primer encargado de la indagatoria por el secuestro, desaparición y asesinato de los 43 estudiantes normalistas, por parte del grupo criminal Guerreros Unidos en presuntamente colusión con policías y autoridades.

Posteriormente, el caso fue atraído por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que encabezaba Jesús Murillo Karam, actualmente encarcelado por este caso.

En entrevistas en diversos medios de comunicación, el exfiscal de Guerrero declaró que no participó en ninguna reunión donde se supuestamente se fraguó la “verdad histórica” que contempló la versión de la incineración de los 43 normalistas en el basurero de Cocula, Guerrero.

Además, señaló que siempre actuó con rectitud y apegado a la ley.

En su informe preliminar, el subsecretario Encinas señaló que lo que sucedió con los estudiantes fue un "crimen de Estado", que no hay indicios de que estén vivos y que autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluidos mandos y tropa del Ejército, pudieron actuar para impedir la desaparición y asesinato de los jóvenes.