Un juez federal en la Ciudad de México, admitió a trámite un amparo presentado por Mario Aburto Martínez, magnicida del entonces candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Luis Donaldo Colosio en el año 1994.
Mario Aburto Martínez permanece en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 12 de Guanajuato, al ser sentenciado por el delito de homicidio calificado con premeditación y alevosía, y por portación de arma de fuego sin licencia.
El recurso que solicita por Mario Aburto Martínez es contra la omisión del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en investigar la tortura a la que fue sometido, según su escrito. La petición busca que sea dado de alta en el Registro Nacional del Delito de Tortura
“Los actos reclamados consisten en los siguientes: De la autoridad responsable Titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Tortura: La omisión de investigar los actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y delitos vinculados cometidos en perjuicio del quejoso de manera inmediata, con la debida diligencia, en un plazo razonable y conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. La omisión de cumplir con la obligaciones generales en materia de combate a la tortura derivado de los tratados internacionales en la materia ratificados por el Estado mexicano y las interpretaciones emitidas por organismos y tribunales autorizados”, menciona parte del recurso presentado.
El juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, notificó el estudio del recurso presentado, sin embargo, al notificar sobre el ingreso del mismo, informó que no concedió una suspensión provisional para que el Ministerio Público inicie de inmediato con las investigaciones.
“Es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que, con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio”.
De acuerdo con la lista de notificaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el próximo 28 de marzo se llevará a cabo la audiencia en la que el juez determinará si concede la suspensión o la niega, mientras que el 20 de abril definirá si otorga el amparo.
En marzo de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja por presuntas violaciones a los derechos humanos de Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, excandidato presidencial del PRI en 1994.
A través de un video difundido en redes sociales, la CNDH detalló que la queja es por presuntas violaciones al derecho a la salud, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en agravio de Aburto Martínez.
Siete meses después (octubre), el organismo emitió una recomendación dirigida a la Fiscalía General de la República para reabrir el caso del asesinato del entonces candidato de PRI a la Presidencia Luis Donaldo Colosio por violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad personal y trato digno, por actos de tortura e incomunicación, así como al debido proceso, en agravio de Mario Aburto. También recomendó al titular de la FGR y al comisionado de Prevención y Readaptación Social reparar integralmente el daño al agraviado y a sus familiares en los términos de la Ley General de Víctimas; inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica.
Mario Aburto fue detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, al finalizar el evento del candidato a la Presidencia de la República tras ser herido por disparos de arma de fuego y fallecer horas después.
“En esa ocasión, la víctima fue trasladada en calidad de acusada a la Agencia del Ministerio Público Federal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de esa ciudad y, el 25 de marzo de 1994, ingresó a las instalaciones del CEFERESO 1 ‘Altiplano’ en Almoloya de Juárez, Estado de México. Posteriormente, ha sido internado en Centros Federales de Readaptación Social de diferentes entidades y desde el 21 de octubre de 2020 se encuentra en el CEFERESO 12 “CPS-Guanajuato”, ubicado en el municipio de Ocampo, Guanajuato”, mencionó la CNDH.
“Hace siete meses, la CNDH recibió una nueva queja por parte del agraviado, donde señaló que desde hace 27 años ha denunciado ante esta Comisión actos de tortura reiterada y continuamente, puntualizando que, desde el 31 de agosto de 1994, existe en la FGR una investigación por esos hechos, agregando que reclama la reapertura de su caso para que se dé a conocer la verdad a toda la sociedad. La víctima y sus familiares manifestaron que, durante 27 años, las autoridades penitenciarias lo han mantenido lejos de su familia, toda vez que los centros penitenciarios donde ha sido recluido se encuentran lejos del lugar donde radican, solicitando urgentemente su traslado a un Centro de Reinserción en Baja California”, informó la CNDH.