El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aboga por eliminar la violencia de género en el país, pero este discurso no se ha aplicado en beneficio de las trabajadoras del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Poder Judicial de la Federación, instituciones presididas por él.
Un documento de la Contraloría del Consejo de la Judicatura revela la indiferencia de las autoridades al momento de ejercer las leyes en beneficio de mujeres que laboran en juzgados federales encargados de impartir justicia en México.
Durante una revisión al primer año de la aplicación del programa “Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual” (UPCAS), realizada entre enero y mayo de este año, la Contraloría Interna del Consejo de la Judicatura identificó distintas anomalías en la aplicación y atención de los protocolos.
Te podría interesar
Durante los últimos tres años, el ministro presidente ha expresado distintas posturas y ha escrito mensajes en redes sociales en contra de la violencia de género en el país. Incluso, a finales de noviembre de 2019 anunció la creación, al interior del Poder Judicial, la creación de la “Unidad de Apoyo a la Mujer en casos de Abuso Sexual” donde las víctimas podrán hacer sus denuncias, área auditada y reprobada por la propia Contraloría de la institución.
Los discursos
En junio pasado, durante la presentación del curso "Género como herramienta para la Igualdad", Arturo Zaldívar abogó por eliminar la desigualdad entre mujeres y hombres, una barrera que lleva a la consumación de violencia y feminicidios.
Te podría interesar
“Porque no entenderlo así, seguir generando un mundo desigual no provoca simplemente desigualdades estructurales que ya de por sí son graves, son el campo de cultivo de la violencia de género, de las violaciones y de los feminicidios, porque se empieza ahí, pensando que la mujer es diferente y es inferior, pensando que las mujeres nos pertenecen y podemos disponer de ellas, pensando que las mujeres las creó un ser supremo para servirnos”.
A través de Twitter escribió, el pasado 3 de agosto: “Nos sumamos a la lucha de las mujeres que sufren violencia vicaria. No podemos seguir tolerando esta violencia de género que afecta a las mujeres y a las niñas y niños de México”.
El pasado 6 de noviembre escribió, también a través de Twitter: “Urgen: 1. Un tipo penal nacional de feminicidio. 2. Un protocolo nacional para investigar este delito. 3. Que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidios. No es tan difícil. Basta voluntad política y sumar esfuerzos”.
La realidad
La revisión que llevó a cabo la Contraloría Interna del Consejo de la Judicatura se efectuó a dos Proyectos Estratégicos a los que se destinaron para el ejercicio fiscal de 2021, un monto de 249 mil 221 pesos.
El primero de esos programas es: “Implementación del Programa Integral de Atención a personas que han sido víctimas de violencia sexual y de género, de la perspectiva de género y la justicia restaurativa y transformativa”, -así como a la- “Implementación del Programa de prevención de violencia sexual y de género desde la perspectiva de género, la justicia restaurativa y transformativa”.
También incluye 11 “Procesos Operativos” aplicados en ese año, entre ellos: la elaboración y actualización de la Base de Datos relacionada con los casos de Acoso y Hostigamiento Sexual y Violencia de Género; diseño e implementación del chat para la atención de las víctimas; desarrollo y seguimiento al programa de intervención para la atención y prevención de la violencia de género; -así como- investigación y mejores prácticas”, entre otros.
El documento menciona 154 denuncias presentadas por mujeres del Poder Judicial por delitos de violencia de género en su contra. De esas querellas, solo a 42 se les dio seguimiento, porque las autoridades revisoras determinaron falta de competencia o “el servidor público cortó la comunicación” con la víctima.
“Se identificó que, la UPCAS, durante 2021, registró 154 expedientes de casos de acoso sexual o de violencia sexual y de género, de los cuales, 112 fueron concluidos por no estar dentro de la competencia de la unidad administrativa o porque el servidor público cortó la comunicación. Por lo tanto, el grupo auditor acreditó que solo 42 expedientes continuaron activos”.
De esas denuncias, de acuerdo con la información consultada, en solo 12 casos se proporcionó el acompañamiento a las mujeres que denunciaron los delitos. En los 32 expedientes restantes, la indiferencia de las autoridades fue evidente.
“Se verificó que, los 42 casos registrados en el ‘Sistema de control y estadística de casos activos 2021’ contenían la información requisitada en el ‘Formato de atención’, por lo que, se constató que, durante el ejercicio 2021, la UPCAS recibió 42 solicitudes, para iniciar el procedimiento de atención jurídica, psicológica o médica, los cuales se integraron en un expediente identificado con su respectivo número. Adicionalmente, se identificó que, en 41 casos, las personas afectadas solicitaron acompañamiento jurídico y en un caso no fue así; de los cuales, en 12 casos, se proporcionó evidencia documental de la atención de dichas solicitudes, y; en los 30 casos restantes no se encontró evidencia documental de la atención de las solicitudes de acompañamiento jurídico”.
Olvidan denuncias y atenciones médicas
El documento detalla la falta de asistencia médica solicitada por las mujeres víctimas que denunciaron violencia de género ante la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual que fue creada para erradicar la violencia.
El análisis de la Controlaría del Consejo de la Judicatura describe la petición de atención médica por 24 víctimas. Sin embargo, en ningún caso existe evidencia del apoyo. La misma situación se identificó en el caso de 41 asistencias psicológicas hechas por las denunciantes.
“Respecto al acompañamiento médico, se identificó que, en 24 casos fue solicitado el acompañamiento médico y en 18 casos no. De las 24 solicitudes realizadas para el acompañamiento médico, no se encontró evidencia documental de su atención. Del acompañamiento psicológico, se identificó que 41 personas usuarias lo solicitaron y una no; no obstante, de las 41 solicitudes no se identificó evidencia documental de su atención”.
La misma situación se identificó en 40 mujeres que pidieron asesoría. El CJF no cuenta con documentos del acompañamiento. “La IPCAS no acreditó la atención a las solicitudes en materia jurídica, médica, psicológica y de asesoramiento, de conformidad con artículo 98 Octies, fracciones I y II, del Acuerdo de organización y funcionamiento”.
Víctimas laboran con victimarios
El documento de la Contraloría interna del Consejo de la Judicatura menciona que, a pesar de la petición (de las víctimas) de medidas cautelares para no convivir con los agresores, la institución no dio seguimiento.
Según la información, en 2021 se iniciaron 42 expedientes por violencia de género al interior de la institución. De ellos 39 víctimas pidieron la aplicación de medidas cautelares para evitar laborar o tener relación laboral con los empleados denunciados. Sin embargo, solo en ocho de los 39 casos, se aprobó o presentó evidencia documental de respaldo a las trabajadoras.
“La IPCAS no comprobó la atención de las solicitudes de coadyuvancia en 20 casos solicitados, respeto a la presentación de denuncias o medidas cautelares; así como en 36 casos relacionados con el acompañamiento ante las instancias de investigación en materia disciplinaría, durante el ejercicio 2021”.
El informe agrega: “mediante reunión de trabajo celebrada entre el personal de la IPCAS y el grupo autor, el 11 de abril de 2022, se solicitó evidencia documental de la coadyuvancia en la solicitud de medidas cautelares y la presentación de denuncias. Como evidencia documental, la UPACAS envió oficios de solicitud de medidas cautelares, preventivas y de asistencia; escritos de quejas con medidas; así como, denuncias de 19 de los 39 casos en los que recibieron solicitudes, sin que se acreditará la atención de los 20 casos restantes”.
Además de la falta de seguimiento o acompañamiento a las trabajadoras del Poder Judicial denunciantes de violencia de género en su contra, el documento menciona el posible desvío de recursos en la partida de 249 mil 221 pesos asignada para atender los delitos.
“Con el propósito de comprobar que los recursos devengados durante el ejercicio 2021, se ejercieron conforme a la distribución y calendarización del PE autorizado por el Pleno del CJF, se llevó a cabo el cotejo de la información; constatándose que, al cierre del ejercicio presupuestal, la UPCAS obtuvo un Presupuesto Afectado (PA), por un monto total de $158,789.41, importe que representó el 63.71% del presupuesto originalmente autorizado, el cual ascendió a $249,221.00, resultando una diferencia de $90,431.59”.