La 4T replicó el modelo que impulsó la administración de Felipe Calderón para indemnizar a los deudos de militares caídos en la lucha contra la delincuencia organizada, con el propósito de que reciban hasta 1 millón de pesos de los gobiernos estatales que son apoyados por el Ejército y Fuerza Aérea con el despliegue de personal operativo.
Así se desprende del convenio para crear la Fuerza Metropolitana de la Laguna, firmado el 2 de enero de 2022 por los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, con los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y el entonces mandatario de Durango, José Rosas Aispuro.
El documento forma parte de los millones de archivos hackeados por Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
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Este acuerdo es similar, en términos generales, a los que signaron autoridades estatales con el gobierno de Felipe Calderón durante la llamada “guerra” contra el narco.
En aquel sexenio (2006-2012), los gobiernos de los estados se unían con empresarios para otorgar compensaciones a familiares de militares fallecidos o incapacitados definitivamente para el servicio, a causa de las lesiones sufridas en el combate al crimen organizado.
Sin embargo, este tipo de acuerdos no han dejado de realizarse en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En las cláusulas del convenio firmado el 2 de enero de 2022, se establece que “consiste en establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre el Gobierno Federal, a través de la Sedena, el gobierno del estado de Coahuila y el gobierno del estado de Durango, para integrar la Fuerza Metropolitana de La Laguna”.
Puntualiza que esta fuerza realizará acciones encaminadas a apoyar a las estructuras de seguridad pública que actúan en la zona metropolitana de La Laguna, y que comprende los municipios de Torreón y Matamoros, en Coahuila, así como de Gómez Palacio y Lerdo, en Durango.
“Las actividades que se realicen al amparo del presente instrumento jurídico, además estarán orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas de Seguridad Interior".
“Su funcionamiento se llevará a cabo bajo la coordinación operativa de un organismo circunstancial de la Sedena denominado Mando Especial de la Laguna, a fin de que se coadyuve en un esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno para reducir los índices delictivos, mejorar la percepción de seguridad e inseguridad y mantener la seguridad en la Zona Metropolitana de la Laguna, garantizando su desarrollo económico y social”, se lee en el convenio.
La novena cláusula se refiere a fallecimiento o incapacidad de algún militar asignado específicamente a este despliegue en ambas entidades, y prevé el pago de un millón de pesos a deudos o familiares.
“En caso de que algún militar pierda la vida o resulte incapacitado en primera categoría de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, durante el desempeño de las funciones objeto del presente convenio, independientemente de los beneficios de seguridad social militar a que tiene derecho, a partir de la fecha de suscripción del presente convenio, el ‘Gobierno del estado de Coahuila’ o el ‘Gobierno del estado de Durango’, según corresponda, proporcionará al militar incapacitado o a los deudos que previamente haya designado el fallecido o en su caso conforme al orden de prelación establecido en el artículo 77 de dicha ley, un monto de $1’000,000.00”.
“Además de lo anterior, el ‘Gobierno del estado de Coahuila’ o el ‘Gobierno del estado de Durango’, según corresponda, proporcionará un monto de $750,000.00, a los militares que en el desempeño de las actividades propias del presente Convenio, resulten incapacitados en segunda categoría de conformidad con lo estipulado en el artículo 226 de referida norma”.
“De igual forma, el ‘Gobierno del estado de Coahuila’ o el ‘Gobierno del estado de Durango’, según corresponda, proporcionará un monto de $500,000.00, a los militares que en el desempeño de las actividades propias del presente Convenio, resulten incapacitados en tercera categoría, de acuerdo con lo estipulado en dicho numeral de referida ley de seguridad social militar.
“Asimismo, el ‘Gobierno del estado de Coahuila’ o el ‘Gobierno del estado de Durango’, según corresponda, proporcionará la cantidad de $250,000.00, a los militares que en el desempeño de las actividades propias del presente Convenio, resulten con trastornos funcionales de menos del 20%, de conformidad con el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas”.
En el acuerdo quedó establecido que las aportaciones, descritas en los párrafos anteriores, serán cubiertas por el Gobierno del Estado en el que se susciten los hechos que dieron lugar al fallecimiento o incapacidad al momento que prestaba el apoyo.