Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación, afirmó en marzo de 2020 que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador iba por sepultar la “verdad histórica”, como definió el exprocurador Jesús Murillo Karam al intento de carpetazo de caso de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014. En sus palabras, será una “versión diferente”.
Incluso, la ahora senadora advirtió en entrevista con Roberto Rock, Jorge Ramos Pérez y Alfredo González, que si la Fiscalía encuentra elementos suficientes para armar carpetas de investigación sobre exfuncionarios se elaborarán, y puntualizó que en esta administración “no somos tapadera”.
Al preguntarle si habrá una narrativa distinta de la “verdad histórica”, la ministra en retiro dijo:
“La respuesta categórica es sí. Vamos a conocer, vamos a dar a conocer una historia diferente, sí. Sí…”
“Básicamente vamos a sacar lo que todas nuestras investigaciones, nuestros cruces de información, nuestros cruces de declaraciones porque no tienes idea de cómo tenemos diversidad en todas las declaraciones de la gente que ha sido privada de su libertad, la gente que ya salió absuelta por tortura, por tortura, que ese es todo un tema.
Por ello, advirtió el 11 de marzo de 2020 que saldrían a la luz todas las investigaciones, cruces de información y de declaraciones.
“Tenemos diversidad en todas las declaraciones, tanto de la gente que ha sido privada de su libertad como de la gente que ya salió absuelta. Los primeros hallazgos estarán en Iguala, en los espacios cercanos”, afirmó Sánchez Cordero.
A pregunta expresa sobre si se torcieron las investigaciones en el gobierno de Peña Nieto, Sánchez Cordero afirmó:
“Tenemos líneas de investigación, que son diferentes, yo en lo personal con Alejandro Encinas hemos ido al Altiplano a entrevistarnos con gente que está privada de su libertad… Estamos cruzando toda la información y estamos cruzando todas las investigaciones que son muchísimas. Es un evento que ha lastimado mucho a nuestro país, es una deuda del Estado mexicano”, lamentó la secretaria de Gobernación”.
#EntrevistaLSR "Somos un gobierno transparente que rinde cuentas y no somos tapadera", dice @M_OlgaSCordero y asegura que se llamará a declarar a los funcionarios que haga faltahttps://t.co/a6Rxc1c6LK pic.twitter.com/erBvpkhCDK— La Silla Rota (@lasillarota) March 12, 2020
¿CONCLUIRÁN EL SEXENIO CON EL HALLAZGO DE LOS 43 ESTUDIANTES?
“Nosotros esperamos dar resultados en el tiempo más breve posible. Yo, en lo personal, y también Alejandro Encinas, hemos estado muy cerca de los padres de Ayotzinapa, muy cerca. Hemos estado muy cerca con los padres de los desaparecidos, emocionalmente los padres y madres me llegan al corazón, de verdad. Es que los veo y me emociono mucho.
#EntrevistaLSR "Hemos estado muy cerca con los padres de los desaparecidos, emocionalmente los padres y madres me llegan al corazón(...) la esperanza que ellos depositaron en nosotros: dice @M_OlgaSCordero sobre las acciones que tendrá la 4T https://t.co/a6Rxc1c6LK pic.twitter.com/ZNiZ6TljJw— La Silla Rota (@lasillarota) March 12, 2020
La “verdad histórica” la dio a conocer el exprocurador Jesús Murillo Karam cuando anunció que los estudiantes fueron secuestrados, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y luego sus restos fueron tirados en el río. Todo ello bajo la "responsabilidad" del cártel Guerreros Unidos.
La versión de la PGR se puso de inmediato en entredicho no sólo por los padres de familia de los normalistas desaparecidos, sino por especialistas y organizaciones como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI) y la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA). Más de 70 organizaciones civiles mexicanas reaccionaron fuertemente ante el intento de cerrojazo al caso Ayotzinapa.
El 8 de septiembre de 2015, a casi un año de los hechos, La Silla Rota publicó una nota sobre un mensaje de texto vía teléfono celular que habría derribado dicha versión oficial de los sucesos. En ese mensaje se leía: “Mamá me puede poner una recarga me urge”, de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, uno de los jóvenes desaparecidos, fechado a las 01:16 horas ya del 27 de septiembre, 76 minutos después de la supuesta hoguera en el basurero de Cocula, que reafirmó Murillo Karam, entonces titular de la PGR.
En días previos, el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interdisciplinario de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la averiguación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas debía replantearse, ante el hallazgo de nuevas evidencias como la existencia de un autobús que esa noche fue tomado por los jóvenes y en el que habría un cargamento de drogas lo que pudo desatar el ataque en su contra.