El régimen encabezado por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ejecutó una nueva incautación de bienes vinculados al periodista Miguel Henrique Otero, presidente editor del diario El Nacional, en medio de denuncias de saqueo y uso irregular del sistema judicial contra la familia del comunicador.
La denuncia fue realizada por Antonieta Jurado de Otero, esposa del periodista, quien alertó que vecinos reportaron la entrada y salida de varios camiones en una vivienda ubicada en la urbanización Los Chorros, en Caracas, propiedad de sus hijos. De acuerdo con los testimonios, los vehículos —de color blanco y con la palabra “prensa” en el parabrisas— ingresaron al inmueble para retirar muebles y diversos objetos del interior de la residencia.
Según la familia, la casa fue embargada en enero de 2025 por orden del ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, como parte de un litigio contra la empresa C.A. Editora El Nacional. Sin embargo, sostienen que el inmueble no pertenece a la compañía ni al periodista, sino que está registrado legalmente a nombre de terceros, lo que —afirman— evidencia una medida arbitraria adoptada sin verificar la titularidad de la propiedad.
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“Diosdado Cabello, usted demandó a El Nacional, pero el juez lo está autorizando a embargar una casa que no pertenece a la empresa”, señaló Antonieta Jurado en un pronunciamiento público. La esposa del periodista afirmó que el inmueble estaba siendo “saqueado” y acusó a las autoridades de utilizar el sistema judicial para ejecutar represalias contra la familia.
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La mujer también cuestionó la actuación de los tribunales venezolanos al permitir medidas contra bienes de personas que no forman parte del proceso judicial. A su juicio, el caso demuestra cómo funcionarios con poder político pueden influir en decisiones judiciales que deberían respetar el debido proceso.
La situación se agrava, según la denuncia, porque en la vivienda residía un familiar de la familia afectada que padece enfisema pulmonar, quien habría sido desalojado junto con otras personas durante la noche tras la ejecución de la orden de embargo.
Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han ofrecido una explicación oficial sobre por qué una propiedad que, según la familia, no pertenece a la empresa editora del periódico fue incluida en el proceso judicial ni bajo qué criterios se permitió el retiro de bienes del inmueble.
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