Amenazas, vigilancia y pérdida de nacionalidad: la represión del Gobierno de Nicaragua ha cruzado fronteras y alcanza a opositores en Europa. Un informe del Grupo de Expertos sobre Nicaragua (GHREN) documenta cómo el aparato estatal extiende su control más allá del territorio nacional mediante redes de inteligencia, acoso digital y castigos indirectos contra familiares.
“Sabemos dónde está tu familia” y “traidora a la patria”. El mensaje, escrito en máquina de escribir, apareció en el buzón de una organización en Bruselas. La destinataria, una activista nicaragüense que había denunciado la situación de derechos humanos de su país, decidió mantener el anonimato por seguridad.
El episodio, revelado a Deutsche Welle, ilustra un patrón creciente: el hostigamiento a disidentes en el extranjero. Poco después, la activista quedó en condición de apatridia de facto al no poder renovar su pasaporte, una práctica que afecta a cientos de exiliados.
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¿Cómo opera la persecución fuera de Nicaragua?
De acuerdo con el GHREN, la represión transnacional tiene dos fases clave: la recopilación de información y la ejecución de acciones contra objetivos identificados.
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“El primer paso es reunir datos sobre las personas. Después se diseñan métodos de represión como vigilancia, amenazas, acoso e incluso violencia física”, explicó Jan-Michel Simon, integrante del grupo investigador.
Casos documentados en Costa Rica evidencian que estas prácticas pueden escalar hasta agresiones físicas. En Europa, el patrón incluye intimidación directa, monitoreo digital y campañas de desprestigio.
Las cuatro fases de la represión nicaragüense
El GHREN identifica cuatro etapas en la evolución del sistema represivo:
- Protestas y represión inicial (2018): las manifestaciones contra reformas al seguro social en 2018 derivaron en una respuesta violenta del Estado.
- Persecución ampliada: la represión se extendió a actores políticos, sociales y religiosos, incluida la Iglesia católica.
- Consolidación del control interno: se intensificaron detenciones, censura y eliminación de espacios cívicos.
- Expansión internacional (desde 2023): el aparato represivo cruzó fronteras, afectando a exiliados en América y Europa.
El impacto alcanza múltiples dimensiones. Según Bernard, al menos 37 universidades han sido cerradas, estudiantes expulsados y expedientes académicos eliminados. Además, se niegan documentos oficiales, lo que impide continuar estudios en el extranjero.
Asimismo, la represión en el exterior también incluye herramientas digitales: granjas de bots, campañas de difamación, filtración de datos personales (doxing) y amenazas en línea.
Estas estrategias buscan desacreditar a opositores y generar miedo dentro de las comunidades en el exilio.
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Casos emblemáticos de persecución política, desapariciones y presión a familias opositoras
“Mi caso es paradigmático”, relata Winney Bernard desde Ginebra. Tras denunciar la situación en 2018, fue desterrada y no pudo regresar a Nicaragua.
En 2022, al intentar obtener su partida de nacimiento, descubrió que su registro había desaparecido. “Mi situación como apátrida había comenzado”, afirma.
El fenómeno no es aislado. Más de 450 personas han sido despojadas de su nacionalidad tras ser calificadas como “traidores a la patria”.
El caso del coronel Carlos Brenes refleja otra dimensión del problema. Tras apoyar protestas en 2018, fue detenido y posteriormente sometido a vigilancia constante.
Según su hija, Thelma Brenes, actualmente se desconoce el paradero de él y su esposa. “La desaparición forzada de familias completas se ha convertido en un mecanismo recurrente”, denuncia desde Países Bajos.
Abuso de mecanismos internacionales y castigos indirectos
El informe también advierte sobre el uso indebido de herramientas como Interpol para perseguir opositores.
A ello se suman represalias contra familiares en Nicaragua: confiscación de pensiones, vigilancia y presión económica. “Son castigos indirectos que buscan silenciar a quienes denuncian desde el exterior”, detalla Simon.
Incluso delegaciones europeas han reconocido el fenómeno. España lo incluyó formalmente en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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Financiamiento de la represión: redes ocultas y corrupción
El informe del GHREN revela que la represión también se sostiene mediante mecanismos financieros encubiertos.
Durante la llamada “Operación Limpieza” en 2018, se destinaron aproximadamente cinco millones de dólares en solo dos meses para financiar grupos armados progubernamentales. Estos recursos provinieron de presupuestos municipales originalmente asignados a servicios sociales.
“No hablamos del sistema regular del Estado, sino de operaciones clandestinas con fondos desviados”, subraya Simón.
Una alerta internacional sobre derechos humanos
El informe presentado en Ginebra advierte sobre la relación directa entre corrupción y violaciones de derechos humanos en Nicaragua, un vínculo poco documentado hasta ahora.
Además, hace un llamado a la Unión Europea y a otros actores internacionales a reforzar la supervisión de fondos destinados a proyectos sociales, ante el riesgo de desvío hacia actividades represivas.
AJA