El Departamento de Justicia de Estados Unidos propuso una nueva norma que facilitaría los estados a agilizar el proceso de revisión federal de hábeas corpus en casos de pena de muerte, con el objetivo de acortar significativamente los plazos entre condena y ejecución.
“Esta propuesta ayudará a cumplir la promesa de una justicia rápida y eficaz para las víctimas”, afirmó la fiscal general Pamela Bondi, quien subrayó que la medida forma parte del esfuerzo por restablecer la pena capital como castigo máximo.
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¿Qué cambia con la nueva norma?
La iniciativa se enfoca en modificar los requisitos para que los estados puedan acceder a procedimientos acelerados contemplados en el capítulo 154 del Título 28 del Código de los Estados Unidos.
Estos mecanismos solo pueden aplicarse si el estado es certificado por la Fiscalía General de que cuenta con los mecanismos adecuados para garantizar la asistencia legal posterior a la condena, incluyendo la designación y remuneración de abogados competentes Entre los principales cambios propuestos destacan:
- Eliminación de requisitos adicionales sobre la competencia de los abogados, compensación u otros obstáculos incluidos previamente en regulaciones, pero no en la ley.
- Flexibilización del proceso de publicación en el Federal Register, permitiendo omitir en algunos casos la etapa de comentarios públicos para acelerar decisiones.
- Reducción de plazos: la fiscalía tendría un máximo de 90 días para resolver solicitudes de certificación.
- Certificación permanente: se elimina la obligación de que los estados se recertifiquen cada cinco años.
De implementarse, los cambios facilitarían a que los estados cumplan con los requisitos legales para acceder al proceso acelerado de revisión de hábeas corpus, lo que reduciría retrasos que actualmente pueden extenderse por décadas. Según datos federales indican, el tiempo promedio entre condena y ejecución en Estados Unidos era de 21 años, al 31 de diciembre de 2022.
El Departamento de Justicia sostiene que la reforma permitirá reducir esos plazos y hacer operativa una herramienta legal que, aunque existe desde hace casi 30 años, nunca ha sido utilizada por los estados.
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Contexto político: el impulso de Trump
La medida se enmarca en la política impulsada por el presidente Donald Trump, quien el 20 de enero firmó la orden ejecutiva titulada “restablecer la pena de muerte y promover la seguridad pública”. También se alinea con el memorando emitido por Bondi en febrero, enfocado en reactivar la pena de muerte federal y levantar la moratoria sobre ejecuciones, así como en respaldar a los estados en la persecución de delitos capitales.
La propuesta fue publicada en el Federal Register el 16 de marzo de 2026 y estará abierta a comentarios públicos hasta el 15 de mayo de 2026. Tras ese proceso, el Departamento de Justicia podrá ajustar y emitir la versión final de la norma, lo que abriría la puerta a que los estados comiencen a solicitar certificaciones bajo el nuevo esquema y, eventualmente, aceleren las ejecuciones.