El gobierno de Estados Unidos inició negociaciones con autoridades de Venezuela para concretar la extradición del empresario y exfuncionario gubernamental Alex Saab, considerado uno de los aliados más cercanos del expresidente Nicolás Maduro.
De acuerdo con personas familiarizadas con el caso, fiscales estadounidenses en Miami presentaron una acusación sellada contra Saab por cargos de corrupción en enero. La acción judicial ocurrió poco después de que fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Maduro durante una operación en Caracas.
Posteriormente, a solicitud de Washington, las autoridades venezolanas detuvieron a Saab a inicios de febrero. Según diversas fuentes, las conversaciones entre ambos gobiernos sobre su posible traslado a territorio estadounidense se encuentran en una etapa avanzada, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva.
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El caso pone a prueba la relación entre Washington y Caracas
La detención del empresario evidenció el nivel de influencia que el gobierno del presidente Donald Trump mantiene sobre el nuevo liderazgo político venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, quien anteriormente fungió como vicepresidenta de Maduro.
Saab, de 54 años, ha sido señalado durante años por fiscales estadounidenses de beneficiarse de contratos gubernamentales millonarios durante la administración de Maduro. Las autoridades de Estados Unidos también sostienen que el empresario controlaba parte de los recursos financieros del ex mandatario.
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Un empresario con antecedentes judiciales en EU
El caso de Saab no es nuevo para las autoridades estadounidenses. En 2021 fue detenido en Cabo Verde, en África occidental, mientras viajaba rumbo a Irán, un aliado estratégico del gobierno de Maduro.
Tras su arresto, fue extraditado a Estados Unidos, donde permaneció cerca de dos años en prisión acusado de lavado de dinero.
Sin embargo, en 2023 fue indultado por el entonces presidente Joe Biden.
Ese mismo año regresó a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros que incluyó la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses. A su llegada fue recibido públicamente por Maduro como un aliado político.
Investigaciones periodísticas del medio Armando.info señalan que entre 2013 y 2020 Saab obtuvo contratos por más de 10 mil millones de dólares mediante una red de empresas registradas en Panamá, Hong Kong, México, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.
Factores políticos y legales complican la extradición
El caso también está rodeado de factores políticos y legales que podrían dificultar su traslado a Estados Unidos. Saab nació en Colombia y posteriormente se estableció en Venezuela, por lo que posee ciudadanía de ambos países.
La Constitución venezolana prohíbe la extradición de ciudadanos nacionales, aunque algunos especialistas señalan que un tratado firmado en 1922 entre Estados Unidos y Venezuela podría permitir excepciones en determinadas circunstancias.
Durante su anterior proceso judicial, Saab argumentó que poseía inmunidad diplomática gracias a un pasaporte venezolano. No obstante, fiscales estadounidenses aseguraron que dicho documento fue obtenido de manera irregular.
Además, el empresario mantuvo una relación cercana con Delcy Rodríguez en el pasado, cuando ambos colaboraron en estrategias para enfrentar las sanciones económicas impuestas por Washington.
Sin embargo, tras el cambio político en Venezuela, las tensiones entre ambos aumentaron. Rodríguez incluso ordenó la destitución de Saab como ministro de Industrias y comenzó a apartar a personas cercanas a él dentro del gobierno.
Mientras continúan las negociaciones diplomáticas, el futuro judicial de Alex Saab permanece incierto, en un caso que podría tener implicaciones tanto legales como políticas para la relación entre Estados Unidos y Venezuela.
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Contexto
El empresario mexicano vinculado a Saab
El caso también ha revelado conexiones internacionales, entre ellas la relación de Saab con el empresario mexicano Joaquín Leal Jiménez, originario de Irapuato, Guanajuato.
Leal Jiménez habría colaborado con Saab en un esquema comercial que intercambiaba petróleo venezolano por productos como maíz, en un intento por esquivar las sanciones económicas impuestas por Washington al régimen chavista.
Para ello utilizó la empresa Libre Abordo, que operó como intermediaria en la exportación de crudo proveniente de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela.
Según investigaciones periodísticas, el petróleo era cargado en buques contratados por la compañía mexicana y posteriormente transferido a otras embarcaciones en altamar para venderlo en mercados asiáticos.
En ese esquema, Leal Jiménez recibió el encargo de conseguir 210 mil toneladas de maíz blanco para Venezuela. Ante su falta de experiencia en ese mercado, buscó apoyo en Seguridad Alimentaria Mexicana, organismo creado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para comprar y distribuir alimentos básicos.
Sin embargo, funcionarios del organismo rechazaron participar en el proyecto, por lo que el empresario habría recurrido a la falsificación de documentos para garantizar el suministro del producto, el cual finalmente nunca llegó al país sudamericano.
Redes comerciales para evadir sanciones internacionales
El intercambio de petróleo por alimentos fue presentado como una operación de carácter humanitario, pero en la práctica permitió a Venezuela seguir comercializando su principal recurso energético pese al embargo internacional.
Documentos consultados por investigaciones periodísticas señalan que la operación fue gestionada dentro de la estructura institucional de PDVSA y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior.
La red comercial incluyó empresas registradas en varios países y contratos con proveedores logísticos internacionales.
En 2020, Estados Unidos incluyó a Leal Jiménez en su lista de sancionados por participar en operaciones relacionadas con bienes venezolanos sujetos a embargo. Ese mismo año la empresa Libre Abordo anunció el cierre definitivo de sus operaciones.
Un caso con implicaciones políticas y judiciales
El proceso contra Saab podría tener consecuencias importantes tanto en el ámbito político como judicial. Algunos analistas consideran que su testimonio podría reforzar procesos penales contra Maduro en tribunales federales estadounidenses.
Otros observadores creen que la reactivación del caso también responde a tensiones políticas en Estados Unidos, ya que Saab había sido liberado durante la administración demócrata de Joe Biden.
Mientras continúan las negociaciones diplomáticas, el empresario permanece detenido en Caracas junto al empresario venezolano Raúl Belisario Gorrín, propietario de Globovisión.
El desenlace del caso podría marcar un nuevo capítulo en las complejas relaciones entre Washington y Caracas, así como en las investigaciones sobre las redes financieras vinculadas al chavismo.