MEGACÁRCELES EN CENTROAMÉRICA

La Modelo, bajo escrutinio internacional tras castigo del Departamento de Estado

Tanto Nicaragua como El Salvador enfrentan escrutinio internacional por el trato a personas privadas de libertad; las sanciones impuestas por EU al director de La Modelo refuerzan una narrativa de rendición de cuentas frente a violaciones de derechos humanos en la región

Las sanciones de EU se deben a supuestas violaciones a los derechos humanos de los internos
El modelo carcelario de Bukele en El Salvador ha sido un modelo a seguir en Centroamérica.Las sanciones de EU se deben a supuestas violaciones a los derechos humanos de los internosCréditos: EFE
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Denuncias sobre condiciones en La Modelo, la prisión de máxima seguridad en Nicaragua y reportes internacionales. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos han documentado denuncias de aislamiento prolongado, golpizas y tratos degradantes en áreas de máxima seguridad del penal.

Asimismo, informes vinculados al sistema de Organización de las Naciones Unidas incluyen testimonios de familiares y defensores de derechos humanos sobre condiciones de reclusión que podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El pasado 10 de enero, en el aniversario de 19 años de Ortega en el poder, el Gobierno nicaragüense liberó a “decenas de personas” privadas de libertad, incluidos presos políticos. Sin embargo, la embajada estadounidense en Managua advirtió que aún había “más de 60 personas” que seguían “injustamente detenidas o desaparecidas”.

Estados Unidos insiste en que su demanda es una liberación plena e incondicional, no únicamente excarcelaciones parciales. 

Sanción a Nicaragua

El Gobierno de Estados Unidos sancionó al director de la prisión de máxima seguridad La Modelo, en Nicaragua, Roberto Clemente Guevara Gómez, por su presunta participación en violaciones graves a los derechos humanos contra un preso político. La medida, anunciada por el Departamento de Estado, impone restricciones de visado bajo la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024 y refuerza la presión diplomática sobre Managua.

“Hoy, el Departamento de Estado toma medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante la dictadura de Murillo-Ortega contra presos políticos, al sancionar al director de la prisión de máxima seguridad La Modelo, Roberto Clemente Guevara Gómez”.

En un comunicado oficial, Rubio precisó que la designación responde a la participación del funcionario “en una grave violación de los derechos humanos de un preso político”.

La medida implica la prohibición de ingreso a Estados Unidos para el sancionado y podría extenderse a sus familiares inmediatos.

La decisión se enmarca en el creciente escrutinio internacional sobre las condiciones carcelarias en Nicaragua y coincide con cuestionamientos a los sistemas penitenciarios de la región, incluido el modelo de seguridad implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele

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Exigencia de liberación de presos políticos

En el mismo pronunciamiento, el jefe de la diplomacia estadounidense subrayó:

“Estados Unidos exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua”.

Washington mantiene su rechazo al proceso electoral de noviembre de 2021, en el que el presidente Daniel Ortega fue reelegido junto a su esposa, Rosario Murillo, mientras siete aspirantes opositores permanecían encarcelados.

Las relaciones bilaterales entre Washington y Managua atraviesan uno de sus momentos más tensos, marcadas por sanciones económicas, restricciones diplomáticas y señalamientos sobre deterioro democrático.

 

EFE

El caso de El Salvador: régimen de excepción y cuestionamientos internacionales

Desde la implementación del régimen de excepción en 2022, organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Cristosal han publicado informes sobre detenciones masivas, capturas sin orden judicial y restricciones al acceso a defensa legal.

El propio Departamento de Estado de EU, en sus informes anuales sobre derechos humanos, ha señalado condiciones carcelarias que pondrían en riesgo la vida de los internos en El Salvador, además de denuncias de abusos físicos y falta de atención médica adecuada.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, reconoció ante medios la existencia de casos de abuso de autoridad y muertes en prisión durante la implementación de la política de seguridad.

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Dos modelos bajo la lupa internacional

Tanto Nicaragua como El Salvador enfrentan escrutinio internacional por el trato a personas privadas de libertad, aunque en contextos políticos distintos.

En Nicaragua, las denuncias se centran en la persecución de opositores y presos políticos en un entorno de concentración de poder. En El Salvador, el debate gira en torno a la proporcionalidad de las medidas de seguridad, el respeto al debido proceso y las condiciones en centros de detención masiva.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos al director de La Modelo refuerzan la narrativa de rendición de cuentas frente a violaciones graves de derechos humanos en la región. Al mismo tiempo, el modelo carcelario de Bukele continúa generando respaldo interno por la reducción de la violencia, pero también cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales por presuntos abusos.

El futuro de ambos sistemas penitenciarios seguirá siendo un punto clave en la agenda de derechos humanos en Centroamérica

¿Cómo funciona el modelo carcelario de Bukele en El Salvador?

El Salvador ha impulsado un modelo penitenciario de alta seguridad como eje central de su estrategia contra las pandillas. El 31 de enero de 2023, Bukele presentó la que calificó como la cárcel “más grande de América”: el Centro de Confinamiento del Terrorismo.

La megacárcel fue construida en una zona rural a unos 74 kilómetros al sureste de San Salvador, sobre un terreno de 166 hectáreas. El complejo incluye una decena de pabellones que ocupan hasta 23 hectáreas de construcción.

Cuenta con un muro perimetral de 2,1 kilómetros y 11 metros de altura, vigilado por 600 soldados y 250 policías. Además, dispone de sistemas de videovigilancia permanente y escáneres de control de ingreso y salida.

Según Bukele, los reclusos deberán trabajar para “ganarse la comida” y los procesos judiciales pueden celebrarse dentro del mismo recinto para evitar traslados y posibles fugas.

EFE

AJA