El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que la Universidad de Harvard alcanzará un acuerdo con su administración para poner fin a la disputa que ambas partes mantienen desde hace meses. De acuerdo con sus declaraciones, la institución académica pagaría 500 millones de dólares al gobierno federal para resolver el caso.
El diferendo surgió a raíz de las acusaciones de antisemitismo contra la universidad, lo que llevó a la Casa Blanca a intentar congelar 2,200 millones de dólares en fondos federales destinados a la institución. La medida generó un amplio debate en el ámbito político y académico, al poner sobre la mesa los límites de la autonomía universitaria frente a la supervisión gubernamental.
Hasta ahora, Harvard no ha confirmado oficialmente los términos del acuerdo señalado por Trump. Sin embargo, fuentes cercanas al caso apuntan a que el pago representaría un mecanismo para liberar los recursos congelados y evitar un litigio prolongado en los tribunales.
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El caso ha sido seguido de cerca tanto por la comunidad educativa como por organizaciones defensoras de los derechos civiles, que han advertido sobre los riesgos de que la presión política derive en restricciones a la libertad académica. Por su parte, el gobierno estadounidense sostiene que su objetivo es garantizar que ninguna institución que reciba financiamiento público tolere prácticas discriminatorias.
La resolución, de confirmarse, marcaría un precedente en la relación entre el Estado y las universidades privadas más influyentes de Estados Unidos, al tiempo que abre la puerta a un debate mayor sobre cómo enfrentar los incidentes de antisemitismo en espacios académicos sin comprometer su independencia.
Trump vs Harvard
Desde principios de 2025, la administración del presidente Donald Trump ha concentrado una ofensiva regulatoria y legal contra la Universidad de Harvard, utilizando como palancas recortes de financiamiento, amenazas legales y exigencias políticas para presionar a la institución.
En abril, Trump exigió que Harvard cumpliera una serie de condiciones federales muy amplias —incluyendo auditorías externas de “diversidad de puntos de vista”, reformas en admisiones, contratación académica y estructuras de gobernanza— a cambio de mantener acceso a cientos de millones o miles de millones de dólares en subvenciones federales.
Harvard se negó a aceptar esas condiciones, argumentando que su autonomía académica y libertad de expresión estaban en riesgo.
En respuesta, la administración congeló alrededor de US$2.2 mil millones en subvenciones de investigación (y contratos asociados), y amenazó con más sanciones, incluida la posibilidad de revocar el estatus de exención de impuestos de la universidad.
Además, otro frente de ataque ha sido la política migratoria para estudiantes internacionales. La administración intentó revocar la certificación de Harvard para albergar estudiantes extranjeros y restringir nuevas admisiones internacionales bajo alegatos sobre seguridad y protestas pro-Palestina, lo que motivó demandas y órdenes judiciales que frenaron temporalmente esas medidas.
Trump también ha empleado lenguaje acusatorio en redes (Truth Social) y en declaraciones públicas, denunciando que Harvard está dominada por “ideología radical de izquierda”, que “predica odio” y que “ha perdido el rumbo”, críticas que han sido rechazadas por la universidad como ataques que buscan imponer control político sobre la academia.
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Las reacciones políticas y académicas han sido intensas: profesores, organizaciones defensoras de la libertad académica, y autoridades estatales como la gobernadora de Massachusetts han advertido que estas acciones pueden tener consecuencias negativas serias para la innovación científica, para la reputación global de la investigación estadounidense, y para la capacidad del país de atraer talento internacional.
Hasta ahora, varios de los movimientos del gobierno han sido bloqueados o suspendidos temporalmente por jueces federales, lo que apunta a un litigio de largo aliento con implicaciones legales profundas sobre los límites del poder ejecutivo frente a instituciones independientes.
Con información de Efe
djh