El gobierno de Estados Unidos afirmó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no debe ser calificado como "dictador". La declaración se dio tras la aprobación de una reforma constitucional que eliminó los límites al mandato presidencial y extendió el periodo de gobierno.
El Departamento de Estado de EU sostuvo que el cambio constitucional fue aprobado por una Asamblea “elegida democráticamente”, por lo que corresponde a esa instancia decidir cómo debe gobernarse el país. Estados Unidos rechazó cualquier comparación entre el proceso legislativo salvadoreño y regímenes considerados dictatoriales en la región.
Bukele publicó el martes 5 de agosto en la red social X el comunicado del Departamento de Estado de EU, el cual respaldó los cambios a la ley electoral en El Salvador. Bukele cuestionó qué se considere una amenaza a la democracia cuando una nación como El Salvador permite la reelección indefinida, práctica presente en varias democracias europeas.
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El gobierno de Bukele mantiene una relación cercana con la administración del presidente Donald Trump, quien lo considera un aliado clave en temas de migración y seguridad regional.
Críticas a la postura estadounidense
La declaración del gobierno estadounidense generó reacciones entre organizaciones de derechos humanos. Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, lamentó el respaldo de EU a Bukele, lo que consideró un intento de consolidar un modelo autocrático, y señaló que esto podría debilitar la credibilidad del Departamento de Estado frente a otros gobiernos autoritarios.
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El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, pidió a los legisladores reconsiderar la reforma, al señalar que su legitimidad dependía de la consulta al pueblo salvadoreño. Según expresó, una reforma de esa naturaleza requería diálogo y participación ciudadana.
Críticos nacionales señalaron que comparar el caso salvadoreño con democracias europeas no resulta válido, debido a que estas últimas cuentan con sistemas de contrapesos más sólidos. También se reportó que opositores abandonaron el país por temor a ser detenidos.
Cambios constitucionales y extensión del mandato
Contexto: La Asamblea Legislativa de El Salvador, con mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional que habilitó la reelección presidencial indefinida y amplió el mandato presidencial de cinco a seis años. También se eliminó la segunda vuelta electoral.
Los legisladores justificaron la reforma como una medida para "devolver el poder al pueblo". Los artículos modificados fueron el 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución salvadoreña.
Nayib Bukele comenzó su segundo mandato el 1 de junio. La Constitución salvadoreña prohibía la reelección inmediata, pero la Sala de lo Constitucional permitió la candidatura tras una reinterpretación jurídica. Esta sala fue integrada por magistrados designados por la Asamblea Legislativa en 2021.
Bukele se convirtió en el primer presidente salvadoreño en lograr la reelección desde el inicio de la etapa democrática del país.
Señalamientos por concentración de poder
Organizaciones civiles advirtieron que las reformas fortalecen el control del Ejecutivo y reducen la alternancia democrática. Entidades como Cristosal y Acción Ciudadana afirmaron que las modificaciones dificultan la competencia política y consolidan un liderazgo personalista.
Cristosal calificó las reformas como el “tiro de gracia” a la democracia en El Salvador. Por su parte, Acción Ciudadana indicó que Bukele podría mantenerse en el poder durante al menos 14 años consecutivos, si no se establecen límites institucionales.
La nueva legislación también eliminó mecanismos que permitían a la ciudadanía expresar su inconformidad mediante segundas vueltas, lo que, según los críticos, disminuye las garantías electorales.
Denuncias por represión y restricciones civiles
Diversas organizaciones documentaron acciones que consideraron parte de un proceso de autoritarismo acelerado. Entre ellas destacaron el uso excesivo de la fuerza y la militarización de la seguridad pública.
Se denunciaron casos de detenciones arbitrarias, como la aprehensión de 16 transportistas, uno de los cuales falleció bajo custodia. También se reportó represión en una protesta pacífica en la que participaron más de 300 familias, y la presencia de la Policía Militar en operativos civiles.
Además, el Ejecutivo impulsó la “Ley de Agentes Extranjeros”, que impone un impuesto del 30 % a donaciones dirigidas a organizaciones no gubernamentales. Más de 70 organizaciones consideraron esta medida como una forma de silenciar a quienes denuncian violaciones de derechos humanos o piden mayor transparencia.
Desde marzo de 2022, el país permanece bajo régimen de excepción, lo que permite detenciones sin orden judicial y limita el acceso a información pública. La Sociedad Interamericana de Prensa expresó preocupación por posibles detenciones de periodistas, sumadas a campañas de estigmatización y vigilancia digital contra la prensa independiente.
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Comparaciones con regímenes de Nicaragua y Venezuela
Analistas y organizaciones internacionales trazaron paralelismos entre el caso salvadoreño y procesos políticos en Nicaragua y Venezuela. Human Rights Watch y Acción Ciudadana señalaron que el oficialismo en El Salvador sigue una ruta similar a la de esos países.
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega impulsó reformas legales para eliminar la separación de poderes y consolidar el control del Ejecutivo. En ese contexto, también se documentaron encarcelamientos de opositores, cierre de organizaciones civiles y represión con grupos armados.
En Venezuela, el expresidente Hugo Chávez modificó leyes e instituciones para extender su permanencia en el poder, limitando la independencia judicial, censurando medios críticos y restringiendo la competencia electoral.
Diversos actores alertaron que El Salvador podría replicar este modelo de concentración de poder. Señalaron el riesgo de una gobernanza sin límites ni rendición de cuentas, con la eliminación de garantías para la alternancia democrática.
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La defensa de Estados Unidos al presidente Nayib Bukele es relevante porque se produce en medio de fuertes señalamientos internacionales de autoritarismo, tras una reforma electoral que habilita la reelección indefinida y amplía el mandato presidencial.
La postura de EU contrasta con las críticas de organismos de derechos humanos y líderes religiosos, generando cuestionamientos sobre su compromiso con la democracia.
Además, el respaldo podría influir en la percepción internacional del gobierno salvadoreño y debilitar la presión externa para revertir medidas que concentran el poder y limitan la alternancia política en El Salvador.
Con información de agencias: AP y EFE
VGB