Martín Vizcarra Cornejo, expresidente de Perú ingresó este jueves a la cárcel de Barbadillo, en Lima para cumplir con 5 meses de prisión preventiva ordenada en su contra por presuntos sobornos cuando fue gobernador regional en Moquegua, y coincide en esa prisión con los también exmandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
De acuerdo con la Fiscalía, el expresidente habría recibió cerca de 621 mil dólares a cambio de otorgar concesiones a empresas privadas para la ejecución de dos obras públicas, cuando Vizcarra Cornejo era gobernador del departamento de Moquegua.
El miércoles, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó prisión preventiva por cinco meses contra el expresidente de Perú, Martín Vizcarra (2018-2020). Esta medida busca evitar que Vizcarra eluda una eventual condena en el juicio por el delito de cohecho pasivo propio. Las acusaciones se refieren a presuntos sobornos recibidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).
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El fiscal anticorrupción Germán Juárez presentó las pruebas que detallan el pago de sobornos por un total de 2,3 millones de soles (equivalentes a 611,000 dólares).
Estos fondos habrían provenido de empresas adjudicatarias de dos obras principales: el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua.
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Para la obra Lomas de Ilo en 2013, Vizcarra supuestamente solicitó una comisión del 2% del contrato, materializada en dos pagos de 400,000 y 600,000 soles, registrados como préstamos en los libros contables de la empresa Obrainsa. Adicionalmente, Obrainsa habría provisto un servicio de avioneta por 35,000 soles para sus invitados.
En el caso de la ampliación del Hospital de Moquegua, se acusa a Vizcarra de haber condicionado la adjudicación de la obra a un pago de 1.8 millones de soles, seguido de entregas escalonadas. La última entrega se habría realizado en 2016, cuando Vizcarra ya ocupaba los cargos de ministro de Transportes y Comunicaciones y vicepresidente.
Fundamentos de la prisión preventiva
El juez Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, consideró que existía "peligro procesal" y "peligro de fuga".
Entre los argumentos para el riesgo de fuga, el magistrado señaló que Vizcarra carecía de arraigo laboral y familiar, dado que su esposa, Maribel Díaz, y su hijo menor residen en otra ciudad.
Además, se cuestionó la validez de al menos uno de los contratos de trabajo presentados por el expresidente, ya que la empresa supuestamente es dirigida por su esposa y sus accionistas son sus hijas.
Cabe destacar que esta solicitud de prisión preventiva fue presentada nuevamente por el fiscal Juárez después de que una resolución anterior que la denegaba fuera anulada en una sala de apelación.
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Evidencia presentada por la Fiscalía
El fiscal Germán Juárez expuso las pruebas en una audiencia pública.
Los exejecutivos de la empresa Obrainsa han corroborado los pagos mediante un proceso de colaboración eficaz (delación premiada) con la Fiscalía, y ya han sido sentenciados por estos hechos.
El juicio contra Vizcarra por los casos del proyecto de irrigación ‘Lomas de Ilo’ y el concurso público para la ampliación del hospital de Moquegua se inició el 28 de octubre del año pasado.
La defensa de Vizcarra
El expresidente ha negado las acusaciones, defendiendo su inocencia y afirmando que los argumentos del fiscal anticorrupción son "forzados y tergiversados" y carecen de "sustento".
Vizcarra sostiene que está siendo objeto de una "persecución política". En este contexto, ha mencionado su destitución por el Congreso en 2020 y la triple inhabilitación (hasta por diez años) que le ha impuesto el Parlamento para ocupar cargos públicos, la cual busca revertir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con el fin de poder postularse en las elecciones presidenciales de 2026.
Expresidentes de Perú enjuiciados por corrupción
Contexto: Vizcarra es el sexto expresidente de Perú procesado por corrupción en las últimas dos décadas. Desde el año 2000, casi todos los exmandatarios han enfrentado investigaciones o juicios por delitos como cohecho, lavado de activos o abuso de poder.
- Alberto Fujimori (1990-2000) cumple condena por violaciones a derechos humanos y corrupción.
- Alejandro Toledo (2001-2006) fue extraditado desde Estados Unidos en 2023 por presuntos sobornos de Odebrecht.
- Ollanta Humala (2011-2016) estuvo en prisión preventiva junto a su esposa por el caso Odebrecht y afronta juicio.
- Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) permanece en arresto domiciliario por lavado de activos.
- Alan García (1985-1990, 2006-2011) se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido por presuntos sobornos ligados a Odebrecht.
En este contexto, el juez Jorge Chávez Tamariz dictó prisión preventiva por cinco meses contra Martín Vizcarra, mientras es procesado por presunto cohecho pasivo propio.
La Fiscalía lo acusa de recibir 2,3 millones de soles en sobornos cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014), provenientes de empresas vinculadas a las obras de irrigación Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua.
Los casos de corrupción que han involucrado a la mayoría de expresidentes peruanos han debilitado la confianza ciudadana y han evidenciado un problema estructural que persiste en las más altas esferas del poder.
El caso Odebrecht: origen Brasileño y condenas en Perú
Las fuentes proporcionadas y nuestra conversación previa indican que, si bien el escándalo de corrupción de Odebrecht tuvo su origen y mayor impacto en Brasil, no se detalla información específica sobre individuos condenados en Brasil dentro de los textos disponibles.
La operación Lava Jato, una masiva investigación anticorrupción, se destapó en Brasil en 2014, revelando una sistemática red de sobornos entre constructoras, incluida Odebrecht, y políticos de alto nivel, principalmente a través de la estatal Petrobras.
La justicia brasileña concluyó que Odebrecht sobornó a políticos, funcionarios y autoridades para asegurar contratos de obras públicas en toda la región.
Marcelo Odebrecht, entonces CEO de la compañía, declaró que se destinaron cerca de 800 millones de dólares en coimas vinculadas a más de 100 proyectos en 12 países.
La constructora enfrentó una grave crisis de liquidez, declarándose en bancarrota en 2019 con una deuda superior a los 25,000 millones de dólares, lo que llevó a su matriz a cambiar su nombre a Novonor en un intento de distanciarse del daño reputacional.
Condenas registradas en Perú
Es importante destacar que las condenas específicas de individuos mencionadas en las fuentes se refieren a procesos judiciales que tuvieron lugar en Perú. Entre ellas se encuentran:
- Carlos Carrasco: Sentenciado a cuatro años de prisión y una multa, además de una reparación civil, en el Caso Árbitros en Perú. Este caso involucró irregularidades en 17 procesos arbitrales que supuestamente beneficiaron a Odebrecht mediante pagos ilícitos en proyectos viales importantes.
- Ollanta Humala y Nadine Heredia: El expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, fueron condenados a 15 años de prisión efectiva por lavado de activos agravado. Se les encontró culpables de recibir aportes ilícitos de Odebrecht y del Gobierno venezolano de Hugo Chávez para sus campañas presidenciales. Se les impuso una reparación civil de diez millones de soles. Humala fue trasladado al penal de Barbadillo en Lima.
- Ilán Heredia: Hermano de Nadine Heredia, recibió una pena de 12 años de prisión por maniobras para legitimar dinero ilícito.
Las fuentes detallan el alcance del escándalo y sus repercusiones en la empresa y en diversos países de América Latina, pero las condenas de personas individuales que se mencionan están circunscritas al ámbito judicial peruano.
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El caso es relevante porque Martín Vizcarra se convierte en el sexto expresidente peruano procesado por corrupción en las últimas dos décadas, lo que refuerza un patrón de alto impacto político y social en el país.
Su procesamiento se suma a una serie de casos que han involucrado a casi todos los mandatarios recientes, afectando la credibilidad de las instituciones y la estabilidad democrática. Además, ocurre mientras Vizcarra busca revertir inhabilitaciones políticas para postular en 2026, lo que añade implicaciones electorales y jurídicas.
VGB