La administración de Donald Trump concretó un acuerdo con el gobierno de El Salvador encabezado por Nayib Bukele para la devolución de líderes de la pandilla MS-13 bajo custodia estadounidense.
El pacto fue parte de una negociación más amplia que incluyó la aceptación por parte de El Salvador de más de 200 migrantes deportados desde Estados Unidos y se realizó a cambio de recursos financieros y el uso de una prisión salvadoreña construida para alojar a reos de alta peligrosidad, según arrojó una investigación periodística publicada en el New York Times.
El acuerdo incluyó como condición adicional la repatriación de figuras clave de la MS-13, entre ellos Vladimir Arévalo Chávez, alias “Vampiro”, y César López Larios. Ambos enfrentaban procesos judiciales en tribunales federales en Nueva York por cargos de narcoterrorismo y conspiración.
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Documentos judiciales y declaraciones oficiales consultadas por The New York Times revelan que, tras la entrada en vigor del acuerdo, fiscales estadounidenses solicitaron el retiro de cargos en contra de los líderes pandilleros por “motivos de seguridad nacional” y “consideraciones de política exterior”. Las gestiones judiciales fueron confidenciales y se ejecutaron con rapidez, lo que facilitó su traslado a El Salvador.
Fuentes con conocimiento directo del tema, así como registros internos y expedientes judiciales, apuntan que la decisión ha generado preocupación entre fiscales y agentes involucrados en la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, creada en 2019 para desmantelar la estructura de la MS-13 a nivel internacional. Algunos integrantes de dicha fuerza manifestaron que el acuerdo ha debilitado casos en curso y podría desalentar la cooperación de otros acusados en investigaciones futuras.
Durante su primer mandato, Trump había impulsado múltiples iniciativas para perseguir a la MS-13, incluida la creación de Vulcan. En este contexto, el Departamento de Justicia presentó cargos contra 14 líderes de alto nivel de la pandilla, y acusaciones posteriores identificaron reuniones entre funcionarios salvadoreños y cabecillas pandilleros en prisiones de ese país.
Una de esas investigaciones se enfocó en presuntos vínculos entre altos funcionarios del gobierno salvadoreño y miembros de la MS-13, entre ellos beneficios carcelarios, apoyo económico y protección ante extradiciones. También se documentaron solicitudes para revisar las finanzas del presidente Bukele y su entorno cercano en relación con el uso de fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El Departamento del Tesoro impuso sanciones a dos asesores del gobierno salvadoreño en 2021, mientras que USAID suspendió su colaboración con un programa estatal salvadoreño. Paralelamente, la embajada de Estados Unidos en San Salvador recibió reportes de funcionarios locales que señalaban la existencia de un pacto con la MS-13 y ofrecieron colaborar como testigos, algunos a cambio de asilo.
Consultada sobre el acuerdo, la vocera de la Casa Blanca, Abigail Jackson, indicó que la administración Trump mantiene su compromiso con la erradicación de organizaciones criminales y destacó la cooperación de El Salvador. El Departamento de Justicia afirmó que el objetivo sigue siendo garantizar la seguridad de Estados Unidos, mientras que la fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York declinó emitir comentarios.
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Por su parte, el gobierno salvadoreño no ha respondido públicamente a las solicitudes de información sobre el contenido y alcance del acuerdo ni sobre el destino de los líderes pandilleros devueltos.
Hasta el momento no se ha confirmado el número exacto de cabecillas de la MS-13 que han sido trasladados a El Salvador. Según registros judiciales, al menos uno fue retornado en marzo, antes de enfrentar juicio en Nueva York. En abril, una jueza federal autorizó la desestimación de cargos contra otro de los líderes, tras una solicitud del fiscal John Durham que citaba razones de seguridad nacional.
Abogados defensores de los imputados advirtieron que sus clientes podrían enfrentar tortura o desaparición en El Salvador. La jueza desclasificó partes del expediente tras la solicitud de la defensa, pero no se modificó la decisión.
La MS-13 surgió en Los Ángeles en la década de 1980 y ha mantenido presencia en Estados Unidos, México y Centroamérica. Desde 2017, fue señalada como una de las prioridades del gobierno de Trump en su estrategia de seguridad nacional. El nuevo acuerdo con El Salvador marca un cambio significativo en la política de persecución judicial que la administración había impulsado en su primer mandato.
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