La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció que un adolescente de 17 años fue condenado en Venezuela a una pena total de 10 años por los delitos de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas. La sentencia, dictada el pasado martes, contempla seis años de prisión y cuatro de trabajo comunitario, una decisión que la ONG calificó como “aberrante e injusta”.
De acuerdo con la denuncia difundida por el CLIPP en la red social X, el fallo judicial carece de pruebas contundentes que respalden las acusaciones formuladas contra el menor, lo que agrava la preocupación por el respeto a las garantías legales en el país.
Violaciones a derechos de la niñez
La organización aseguró que la condena viola de manera directa el principio del interés superior del niño, establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Este principio obliga al Estado venezolano a priorizar la protección, educación y desarrollo integral de los adolescentes por encima de medidas punitivas.
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Asimismo, el CLIPP advirtió que la sentencia vulnera el derecho a la libertad personal, al derivarse —según la ONG— de una detención arbitraria, así como el derecho a la educación, al interrumpir el proyecto académico y universitario del joven condenado.
Detención previa a protestas opositoras
El adolescente fue detenido el 9 de enero, un día antes de la investidura presidencial de Nicolás Maduro. En esa fecha, la líder opositora María Corina Machado había convocado a una protesta en respaldo a la victoria electoral que la oposición atribuye a Edmundo González Urrutia, actualmente en el exilio.
El CLIPP sostuvo que el menor fue arrestado sin orden judicial y de manera arbitraria, presuntamente por su apariencia y vestimenta deportiva, bajo el prejuicio de tener “pinta de guarimbero”, término utilizado para referirse a manifestantes violentos.
Presos políticos y versiones encontradas
La ONG Foro Penal reporta que en Venezuela hay actualmente 893 presos políticos, de los cuales 889 son adultos y cuatro son menores de edad entre 14 y 17 años. Estas cifras son rechazadas por el Gobierno y la Fiscalía, que insisten en que no existen detenidos por razones políticas, sino personas procesadas por delitos comunes.
Diversas organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición contradicen esta versión oficial y advierten sobre el uso del sistema judicial para criminalizar la protesta y castigar la disidencia, incluso cuando se trata de menores de edad.
LSHV