Donald Trump desafió al Congreso de EU al afirmar que no necesita su permiso para atacar a Venezuela, en el marco de operaciones contra presuntos grupos del narcotráfico en América Latina. El mandatario sostuvo que el Ejecutivo posee autoridad suficiente para ordenar acciones militares sin aprobación legislativa.
De acuerdo con The Washington Post, el argumento del equipo legal de Trump señala que estas operaciones no constituyen “hostilidades” bajo la Ley de Poderes de Guerra de 1973. Esa norma, aprobada tras la Guerra de Vietnam, exige que cualquier intervención militar prolongada cuente con el consentimiento del Congreso.
El debate sobre los límites legales y el uso de drones
Funcionarios del gobierno explicaron que los ataques se realizan principalmente mediante drones lanzados desde buques en aguas internacionales, lo que, según su interpretación, evita la aplicación del límite de 60 días establecido por la ley. Argumentaron que estas misiones no exponen directamente a tropas estadounidenses y, por tanto, no requieren supervisión legislativa.
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Aunque la Casa Blanca informó al Congreso sobre un ataque ocurrido el 4 de septiembre, fuentes citadas por el diario indicaron que no existía intención de solicitar prórroga ni autorización para continuar las operaciones. La administración consideró que podía mantenerlas bajo su propio criterio ejecutivo.
Críticas desde el ámbito legal y político
Especialistas en derecho internacional y seguridad nacional expresaron preocupación por la interpretación del Ejecutivo. Brian Finucane, exasesor del Departamento de Estado, advirtió que la postura amplía de forma irregular el poder presidencial sobre el uso de la fuerza. Legisladores de ambos partidos también señalaron el riesgo de debilitar el control constitucional del Congreso.
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Evaluaciones sobre Venezuela y el enfoque militar
Reportes de The Wall Street Journal, citados por La Silla Rota, indicaron que funcionarios estadounidenses identificaron objetivos en Venezuela vinculados con el tráfico de drogas, como puertos y bases militares. Los planes buscaban afectar la infraestructura del gobierno de Nicolás Maduro y enviar una señal de presión política.
Voceros cercanos a Trump, entre ellos el senador Rick Scott, mencionaron que Maduro podría buscar apoyo en aliados como Rusia o China. En Washington, se mantiene la narrativa de que Venezuela forma parte de redes criminales internacionales relacionadas con el narcotráfico.
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Despliegue militar y tensión regional
Estados Unidos concentró recursos en el Caribe, incluyendo un portaaviones, destructores equipados con misiles Tomahawk y aviones de combate F/A-18. Bombarderos estratégicos también realizaron vuelos de reconocimiento cerca de la costa venezolana.
Trump declaró que la operación observaba “objetivos en tierra”, aunque negó planes inmediatos de ataque. Por su parte, el gobierno de Maduro afirmó que contaba con sistemas antiaéreos rusos y medios suficientes para responder a cualquier agresión.
Poder presidencial y control legislativo
El caso reavivó el debate sobre la expansión del poder ejecutivo en materia militar. La administración Trump argumentó que las nuevas tecnologías de combate, como los drones, permiten actuar sin poner en riesgo a las fuerzas estadounidenses y, por tanto, sin intervención del Congreso.
Sin embargo, en Washington persiste la discusión sobre los límites constitucionales de esa autoridad. Legisladores y expertos sostienen que el uso de la fuerza, incluso mediante medios tecnológicos, continúa sujeto al control del poder legislativo.
VGB