El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa una nueva medida que restringiría el acceso a atención médica específica para niños y adolescentes transgénero, según reveló la radio pública NPR.
El reglamento, que podría entrar en vigor en noviembre, busca prohibir los reembolsos federales a menores de 18 años atendidos por los principales programas de salud del país.
Esto afectaría directamente al Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), que actualmente cubre a todos los estadounidenses menores de 19 años.
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Sin fondos para tratamientos de afirmación de género
La propuesta también contempla que los hospitales nacionales de salud dejen de recibir recursos federales para ofrecer atención pediátrica de afirmación de género, lo que significa que los menores no serían atendidos bajo un enfoque que reconozca o respalde su identidad de género.
De acuerdo con un funcionario del Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), las normas podrían publicarse oficialmente en los próximos días, marcando un cambio significativo en la política sanitaria del país.
Críticas desde el ámbito médico y social
Diversos especialistas en salud han expresado su preocupación por la medida, señalando que limitaría el acceso a atención médica esencial para menores transgénero.
Organizaciones médicas y de derechos civiles han advertido que esta política podría incrementar los riesgos de depresión, ansiedad y suicidio entre jóvenes que dependen de este tipo de servicios.
Actualmente, 27 estados ya prohíben la atención pediátrica de afirmación de género, una tendencia que se ha intensificado con el regreso de Trump a la Casa Blanca.
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Parte de una política más amplia contra la comunidad trans
Desde su retorno al poder, Trump ha adoptado una retórica más dura contra las personas transgénero. En enero pasado, firmó una orden ejecutiva que prohíbe el financiamiento de procedimientos de cambio de sexo con recursos públicos, una decisión que fue ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos.
La nueva normativa, de aprobarse, consolidaría una de las restricciones más amplias a nivel federal en materia de salud para personas transgénero en Estados Unidos, ampliando el debate entre sectores conservadores y defensores de los derechos civiles.
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