Amnistía Internacional afirmó este jueves que Dina Boluarte, presidenta de Perú, incurrió en acciones y omisiones que la hacen responsable de la muerte de 50 personas y las lesiones que sufrieron otras 1,400 durante las protestas que sumieron al país en caos tras el fallido Golpe de estado del presidente electo Pedro Castillo, en diciembre de 2022.
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En el informe “¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú”, la ONG detalla las decisiones que tomó Dina Boluarte, nombrada por el Congreso Nacional como presidenta interina de Perú, que la hacen responsable penalmente de los hechos violentos que se suscitaron en el país, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
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Durante ese periodo, Dina Boluarte ya fungía como jefa suprema de las fuerzas armadas de Perú, así como de la policía nacional, por lo que tenía la facultad para ordenar a dichas corporaciones que se abstuvieran de reprimir por la fuerza las protestas en contra del golpe de estado del Congreso a Pedro Castillo.
Sin embargo, ella omitió dar órdenes a las fuerzas armadas e incluso atacó públicamente a los manifestantes señalándolos de “terroristas” y “criminales”, incentivando la violencia y repercutiendo en la muerte de decenas de personas, así como en las lesiones de muchas otras.
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Amnistía Internacional considera que los fiscales de Perú deben evaluar la responsabilidad penal de la presidenta por esos hechos violentos, ya que, “el derecho internacional contiene criterios claros para evaluar la responsabilidad de los superiores en la cadena de mando, incluso los que ocupan los puestos más altos en jerarquías organizadas, y que sabían o deberían haber sabido que se estaban cometiendo o que se iban a cometer graves violaciones de derechos humanos”.
“La presidenta, los ministros, los comandantes de la policía y las fuerzas armadas de Perú tomaron decisiones que finalmente tuvieron consecuencias letales. Cientos de víctimas y sobrevivientes están esperando respuestas sobre lo que los altos funcionarios sabían, o deberían haber sabido, y lo que no hicieron para detener los asesinatos,” dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El informe recalca que Dina Boluarte se lavó las manos, de los asesinatos y violaciones a los derechos humanos de civiles en las manifestaciones que tuvieron lugar entre 2022 y 2023, afirmando que en ese entonces no se había reunido con los jefes de policía y comandantes del ejército, sin embargo eso es falso, pues la evidencia apunta a que se reunieron en varias ocasiones.
Dina Boluarte tuvo “múltiples oportunidades para condenar el uso ilegítimo generalizado de la fuerza y ordenar un cambio de táctica en terreno. Sin embargo, en lugar de utilizar sus frecuentes reuniones con ministros, policías y comandantes militares para este fin, continuó elogiando públicamente a las fuerzas de seguridad mientras vilipendiaba a las personas manifestantes como “terroristas” y “criminales,” sin brindar pruebas de ello”, denuncia Amnistía Internacional.
Incluso, acusan, premió a los policías y militares que participaron en el asesinato de civiles con ascensos en la jerarquía política dentro de su administración. Ningún policía o militar fue sancionado por estos hechos, pese a que había 18 investigaciones disciplinarias abiertas contra agentes de policía.
Amnistía Internacional denuncia que durante las manifestaciones que tuvieron lugar tras el contragolpe de estado a Pedro Castillo, la policía recibía órdenes vagas y de amplio alcance, como “eliminar barreras humanas”. Para lo cual, se les equipo con fusiles y se les autorizó a disparar en contra de los civiles.
Recalcan que la legislación peruana y el derecho internacional de los derechos humanos, establecen que el uso de la fuerza letal es inapropiada para el control de multitudes. Además, “los planes operativos dejaba claro que los superiores de la cadena de mando estaban constantemente informados y al tanto de lo que estaba sucediendo”.
Amnistía Internacional denuncia que las investigaciones penales sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas avanzan lentamente, además de que “los fiscales parecen haber llevado a cabo investigaciones superficiales” para encubrir la responsabilidad de la presidenta y los ministros de su gobierno.
“Perú no puede permitir que estas graves violaciones de derechos humanos queden impunes.
Muchas de las víctimas provienen de comunidades indígenas y campesinas, cuyas voces han sido históricamente ignoradas. Los responsables del dolor de cientos de personas que han perdido a sus seres queridos o están gravemente heridas deben enfrentar la justicia, sin importar su alto rango”. Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
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VGB