Más de 3,000 menores de edad han pasado por prisión en El Salvador, arrestados bajo el régimen de excepción impuesto por Nayib Bukele para combatir a las pandillas, informó la organización Human Rights Watch (HRW) al denunciar que al menos 66 de esos menores han sido objeto de abusos y violaciones a los derechos humanos.
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"Desde marzo de 2022 hasta abril de 2024, más de 3,000 menores han sido detenidos, muchos de ellos sin conexión con las operaciones abusivas de las pandillas. Human Rights Watch dcumentó 66 casos de menores que han sido objeto de abusos como detención arbitraria, tortura y otras formas de malos tratos, y acoso policial", señaló la HRW.
El informe presentado este martes por HRW lleva por título "'Su hijo no existe aquí': Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador".
En él se detalla que en los casos documentados, "los menores detenidos reportaron condiciones de detención inhumanas, que incluyen hacinamiento extremo y condiciones antihigiénicas que ponen en riesgo su salud, así como falta de alimentación y de atención sanitaria adecuadas".
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Más de 3.300 menores detenidos
De acuerdo con HRW, "si bien las cifras gubernamentales sobre los menores detenidos son inconsistentes", el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) indicó a las autoridades de Estados Unidos que 3,319 niños fueron detenidos entre marzo de 2022 y diciembre de 2023.
Hasta enero de 2024, 841 menores de edad seguían confinados en prisión en El Salvador. 262 de ellos bajo detención provisional y 579 cumpliendo condena.
"Las detenciones se han concentrado en comunidades en las que la población ha sufrido durante años la inseguridad y la falta de oportunidades económicas y educativas", advierte el informe.
Directora de HWR alerta sobre detenciones de menores en EL Salvador
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, declaró que "bajo las medidas tomadas por el Gobierno y el régimen de excepción se han cometido en contra de niños y adolescentes en El Salvador por lo menos detenciones arbitrarias y otras graves violaciones al debido proceso, torturas, malos tratos y otros tratos inhumanos y degradantes y proceso de acoso policial".
Las detenciones de menores en El Salvador han tenido un incremento significativo durante el estado de excepción, pasando de un 26 % en 2018 a un 53 % en 2022.
"Se está priorizando en El Salvador, contrario a estándares internacionales, una decisión carcelaria cuando la obligación internacional es que para los niños y adolescentes la cárcel debería hacer el último recurso", agregó.
De acuerdo con el decreto aprobado, desde marzo de 2022 se han registrado más de 81,100 detenciones bajo el régimen de excepción, por lo que la continuidad de la suspensión de los derechos constitucionales "siguen siendo las necesarias" para "continuar dando seguridad frente a la amenaza de las organizaciones criminales".
Agustín, menor de 16 años sufrió violencia en prisión
Al informar sobre las detenciones arbitrarias; torturas; tratos crueles, inhumanos y degradantes; golpizas; falta de condiciones básicas y castigos físicos; de los que son blanco los menores en prisión en El Salvador, Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, habló del caso de un menor de 16 años llamado Agustín.
Agustín sufrió, junto con su familia, desplazamiento forzado interno a causa de la violencia de las pandillas y luego fue capturado en el marco del régimen de excepción y "lo mantuvieron detenido en una celda hacinada".
Agustín fue liberado tiempo después, pero en prisión "lo golpearon otros presos y los guardias no intervenían ante la agresiones que sufría".
"El caso de Agustín es uno de cientos de casos de los que ocurren diariamente en El Salvador bajo el régimen de excepción", dijo la directora de HRW.
El régimen de excepción, que se ha convertido en la principal y única medida contra las también llamadas maras, se colocó como la medida más popular de la primera gestión del presidente Nayib Bukele (2019-2024) y le granjeó su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional.
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VGB