ARGENTINA

Javier Milei pierde batalla: Senado de Argentina rechaza su mega decreto

Luego de que el decreto fue rechazado en el Senado y eventualmente ocurra lo mismo en la Cámara de Diputados, el portavoz de la presidencia adelantó que el Gobierno tiene "plan B y plan C" y que, en ningún caso, se moverá de sus objetivos de lograr una "Argentina más libre y más próspera"

Créditos: Especial
Escrito en MUNDO el

La tarde de este jueves, el Senado argentino rechazó por amplia mayoría el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que buscaba desregular la economía, marcando un revés para el gobierno de Javier Milei. El decreto obtuvo 42 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones.

Cabe destacar que esta sesión fue convocada por la titular del Senado y vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, en respuesta a la solicitud de senadores opositores para debatir el DNU en el pleno.

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No obstante, toda la atención y presión ahora se centra en la Cámara de Diputados, bajo la presidencia del libertario Martín Menem, que será la encargada de tomar la decisión final sobre la vigencia del DNU. Este decreto, compuesto por 366 artículos, está impugnado ante la Justicia y representó la primera gran medida de gobierno tomada por Milei el 21 de diciembre.

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Crisis entre Milei y Victoria Villarruel

El miércoles pasado, la presidencia argentina emitió un comunicado en el que expresó su "preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta".

Sin especificar a quién se refería el texto, se desató una ola de especulaciones sobre los presuntos cortocircuitos entre Milei y Villarruel, ante lo cual el portavoz de la presidencia, Manuel Adorni, aseguró este jueves en rueda de prensa que "no hay ningún tipo de pelea o interna con la vicepresidenta".

Gobierno argentino tiene un plan B y C

Sobre la posibilidad de que el decreto sea rechazado en el Senado y eventualmente ocurra lo mismo en la Cámara de Diputados, en cuyo caso el DNU perderá validez, Adorni adelantó que el Gobierno tiene "plan B y plan C" y que, en ningún caso, se moverá de sus objetivos de lograr una "Argentina más libre y más próspera".

Sin embargo, en la sesión de este jueves el oficialismo hizo sin suerte un último intento por posponer el debate alegando, en la voz del senador libertario Ezequiel Atauche, que tratar el DNU ahora "podría arriesgar la unidad nacional a la que está llamando el presidente".

"Están haciendo cosas que no corresponden a un sistema democrático de gobierno. Este DNU no es un decreto cualquiera: deroga 79 leyes, modifica 300 leyes y está generando efectos jurídicos que en muchos casos perjudican al pueblo argentino", replicó José Mayans, senador del bloque peronista Unión por la Patria.

Gobierno argentino entrega borrador de la nueva "ley ómnibus

Adicionalmente al decreto, Milei envió en diciembre al Parlamento un proyecto de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con medidas y reformas amplias y una polémica delegación al Ejecutivo de facultades que son propias del Legislativo.

Debido a la intransigencia de la oposición y del Gobierno a negociar y acordar aspectos diversos del proyecto, la denominada "ley ómnibus" naufragó en su tratamiento parlamentario.

Tras ello, el 1 de marzo, Milei propuso a los gobernadores firmar el 25 de mayo un nuevo "pacto fundacional", con una decena de puntos en materia económica y política, a condición de que se apruebe primero un nuevo acuerdo en materia fiscal y la "ley ómnibus", que el Ejecutivo reimpulsa ahora con algunas modificaciones.

Por lo que en medio de un clima de tensiones en el Congreso por el tratamiento del DNU, el Gobierno envió este jueves a los gobernadores y jefe de bloque del Congreso el nuevo proyecto pulido de la "ley Ómnibus" que tiene 269 artículos, un tercio de los que tenía el proyecto original.

No obstante, en la iniciativa figuran muchos de los artículos que ya habían sido negociados con la oposición antes de que fracasara la sesión y el oficialismo decidiera retirar la ley del Congreso. Entre ellos, aparece la delegación de facultades para el Presidente, acotadas a un año, se avanza con la privatización de empresas y se propone una nueva fórmula para actualizar las jubilaciones.