El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha dado a conocer en el mundo por intentar a toda costa reforzar la estrategia de mano dura contra las maras o pandillas, organizaciones a las que se responsabiliza de la mayoría de delitos en la nación centroamericana. La medida ha sido elogiada por varios presidentes de América Latina que buscan emular su plan, mientras que otros han criticado la forma en que se combate a la delincuencia, anteponiendo la violación de los derechos humanos.
Ahora, Bukele anunció la implementación de la fase seis de su plan de seguridad Control Territorial llamada "integración", para lo que se creará una instancia gubernamental para su coordinación.
"La mayoría de las fases del plan Control Territorial se enfocan en la contención de la violencia, en el combate directo de la criminalidad, pero esta nueva fase se enfocará en las necesidades de mediano y largo plazo", dijo Bukele en una cadena de radio y televisión transmitida la noche de este viernes.
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El presidente sostuvo, en un discurso en el marco del 202 aniversario de la independencia centroamericana de España, que "el Estado salvadoreño, la empresa privada, las universidades, las comunidades y el resto de sectores de la sociedad deben de ayudarnos e integrarse para combatir la pobreza".
Indicó que para coordinar esta fase se creará la Dirección Nacional de Integración, que estará a cargo de Alejandro Gutman, de origen argentino y que durante años ha dirigido la Fundación Forever en El Salvador.
De acuerdo con el mandatario, Gutman "ha trabajado por más de 20 años en las comunidades más desfavorecidas y ha ayudado a miles de jóvenes a encontrar oportunidades de crecimiento".
El gobierno de Bukele atribuye al referido plan la caída en las cifras de los homicidios hasta una tasa de 7.8 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, con 495 casos.
Sin embargo, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador señaló en un informe de abril pasado que la cifra oficial de homicidios de 2022 "no es veraz" y que podría llegar a 659.
Apuntó que esta cifra "no incluye las osamentas humanas localizadas ni las muertes de presuntos pandilleros" ocurridas en enfrentamientos armados con la Policía y otros hechos de violencia, que en gobiernos anteriores sí se tomaban como homicidios.