El 23 de marzo de 1994, el candidato a la presidencia en México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, favorito para ganar la elección de ese año, fue asesinado en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Tres horas después del ataque confirmaron su muerte y Mario Aburto fue señalado como el asesino.
Ese crimen cimbró a todo el país en un año convulso en el que también asesinaron al secretario ejecutivo nacional del PRI en septiembre; José Francisco Ruiz Massieu en la Ciudad de México, además de la irrupción, el 1 de enero de ese año, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas y cerró ese fatídico 1994 con una crisis económica que derivó en la devaluación del peso frente al dólar, desempleo y mayor pobreza.
Entonces, la palabra Colosio tomó una connotación que ahora, en las elecciones de Guatemala del pasado fin de semana, la revelación de un plan criminal para asesinar al presidente electo, Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla. Ante ello, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) le dio medidas cautelares a Arévalo y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera.
Te podría interesar
Detalles del Plan Colosio en Guatemala
La resolución de la CIDH detalla que el 15 de agosto de 2023, los solicitantes -de las medidas cautelares- informaron que el equipo de seguridad del propuesto beneficiario Arévalo de León recibió información preocupante sobre un plan para asesinarlo con participación de agentes estatales e individuos particulares.
Agrega que los solicitantes “alegaron que, al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, habrían advertido sobre la existencia de un plan denominado “Colosio”, haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI en 1994, el que se implementaría para acabar con la vida del propuesto beneficiario -Bernardo Arévalo-. Según los solicitantes, tales fuentes que no se conocen entre sí”.
“El plan Colosio”, del que fue informado su equipo de seguridad la semana pasada, cuenta con "participación de agentes estatales e individuos particulares", de acuerdo con el texto de la resolución de la CIDH.
Y un segundo, del que informó a Arévalo el propio Ministerio Público (Fiscalía) este mismo lunes, al que relacionaron con presuntas "estructuras criminales de pandillas".
Según señaló la CIDH, el Estado de Guatemala no ha tomado las medidas necesarias para proteger la seguridad del presidente electo, aún conociendo estas amenazas en su contra.
El documento detalló que el dúo que resultó ganador en las elecciones del pasado domingo ha tenido que recurrir a seguridad privada para garantizar su protección.
La CIDH alegó además que el Estado de Guatemala no le informó sobre qué medidas se tomaron en respuesta a las denuncias de un plan para atentar contra la vida de los dos políticos del Movimiento Semilla.
Como consecuencia, el organismo solicitó ayer formalmente a Guatemala que informe "sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados".
Las medidas cautelares se conocieron el mismo día en el que la Fiscalía de Guatemala solicitó al Congreso suspender al partido Movimiento Semilla, al que pertenece Arévalo.
El candidato del Movimiento Semilla superó el pasado domingo en la elección presidencial a la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Desde el 12 de julio pasado, el Ministerio Público, cuya cúpula está sancionada por Estados Unidos, ha intentado detener la candidatura de Arévalo de León y Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas en 2018 al fundar el partido.
ONU, preocupada por "intentos de socavar" resultados en Guatemala
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este viernes "preocupación" por los "intentos de socavar" los resultados de las elecciones en Guatemala, que dieron la victoria el pasado domingo al socialdemócrata Bernardo Arévalo de León.
La portavoz de la Secretaría General, Florencia Soto, preguntada este jueves por los últimos desarrollos en Guatemala durante su rueda de prensa diaria, se refirió a "reportes" sobre "acciones de la Fiscalía contra miembros del Tribunal (Supremo) Electoral, de los comités electorales y de partidos políticos".
Guterres -dijo Soto- "recuerda que las instituciones electorales deberían acometer su trabajo de manera independiente, respetando la libertad de expresión de la voluntad de los electores".
La ONU señaló que la segunda ronda de las elecciones en el país, este pasado 20 de agosto, "se celebró de manera ordenada" y remitió a las conclusiones en ese sentido de los observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea.
Arévalo de León, candidato del Movimiento Semilla, superó el pasado domingo en la elección presidencial a la ex primera dama Sandra Torres Casanova, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), tras varios intentos del Ministerio Público (Fiscalía) para apartarlo del proceso.
En la víspera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó una resolución en la que advertía de un posible magnicidio contra el presidente electo y la vicepresidenta, Karin Herrera, y pidió al Estado de Guatemala tomar medidas para proteger sus vidas.
En el documento, la CIDH señaló que ha sido informada de que Arévalo fue sometido a "vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte”, que se han incrementado tras la segunda vuelta electoral.
Gobierno de Guatemala llama a la prudencia
El Gobierno de Guatemala, bajo el mando del gobernante, Alejandro Giammattei, hizo este viernes un "llamado a la prudencia" a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras advertir sobre un posible magnicidio al presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
"Hacemos un llamado a la CIDH a la prudencia. Es necesario que la comisión se pronuncie de manera objetiva y se garantice la imparcialidad por las consecuencias que declaraciones infundadas puedan generar", puntualizó el Gobierno de Giammattei en un comunicado de prensa.
La declaración del Organismo Ejecutivo llega después de que el jueves, la CIDH, entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA), otorgara medidas cautelares al presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera.
La CIDH, con sede en Washington, pidió al Estado de Guatemala en una resolución que tome las "medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal" de los políticos, de acuerdo con una resolución publicada ayer.
En el documento, la CIDH señaló que ha sido informada de que Arévalo fue sujeto de "vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte” que han incrementado "tras la segunda vuelta electoral del 25 junio de 2023".
Entre estas denuncias se encuentra la existencia de dos posibles planes para atentar contra la vida de Arévalo.