El pasado 1 de junio, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele cumplió cuatro años de gestión en medio de una denominada "guerra" contra las pandillas, impulsada por el gobierno que tiene a la base un régimen de excepción que ha propiciado la captura de más de 69.000 personas acusadas de ser miembros de maras.
De acuerdo con El Faro, el régimen de excepción decretado el 27 de marzo de 2022, dictado por el presidente Bukele se ha dedicado ha recopilado una serie de testimonios de personas capturadas en el marco del régimen de excepción y posteriormente liberadas, algunos de estos narran tortura, falta de atención médica, abuso por parte de los custodios, robo constante de paquetes alimenticios y de higiene por parte de las autoridades y el uso ilegal, obligatorio y generalizado del polígrafo como requisito para recuperar la libertad.
Zaira Navas, exinspectora general de la Policía Nacional Civil y jefa jurídica y de estado de derecho de Cristosal, ha estado al frente del equipo encargado de investigar estos abusos, y explica: “Los custodios juegan a matar y a golpear, y de una manera arbitraria, como que estamos en un circo romano: les tiran agua con jabón y los hacen correr y, al que se cae, lo golpean”.
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La investigación también junta evidencias de 139 muertes bajo custodia del Estado, cuyas causas fueron agrupadas en cinco categorías: 39 muertes tuvieron sospecha de criminalidad, 29 fueron catalogadas como muertes violentas, 25 por muerte natural o patológica, 7 fueron identificadas como “probablemente muerte violenta” y en otras 39 no hubo mayor detalle.
Crímenes de lesa humanidad
Tras la aplicación del régimen de excepción, organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos han señalado que se estaría cometiendo crímenes de lesa humanidad, en el contexto del régimen de excepción, por la muerte de al menos 160 personas en las cárceles, quienes no habían sido declaradas culpables del delito que se les atribuyó al momento de su detención.
El régimen de excepción, que parece ser la principal medida de seguridad del gobierno de Bukele, se implementa desde el 2022 y, según diversos analistas, la misma se podría extender hasta 2024.
El cuarto año de gestión del mandatario salvadoreño también está marcado por su deseo de buscar una reelección, para continuar en el cargo por cinco años más, a pesar de las advertencias de inconstitucionalidad.
¿Qué es el régimen de excepción?
La Constitución de la República de El Salvador establece el Régimen de Excepción para responder a circunstancias extremas, tales como guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o graves perturbaciones del orden público. El régimen de excepción permite que se suspendan las libertades de movimiento, expresión, asociación, e inviolabilidad de las comunicaciones. Además, la Asamblea Legislativa puede suspender algunos elementos del derecho a la defensa y de la privación de libertad.
Derechos y garantías constitucionales suspendidas
- Libertad de asociación
- Derecho a ser informado(a) de las razones para la detención, prohibición de obligar a una persona a declarar y derecho a la defensa
- Duración máxima de la detención administrativa
- Inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones
Medidas tomadas durante el régimen de excepción
- Suspensión de la libertad de reunión y de asociación
- Suspensión del derecho de la persona detenida de ser informada de los motivos de su privación de libertad, del derecho a tener un abogado defensor y a las garantías del debido proceso.
- Privación de libertad por parte de la Policía Nacional Civil sin necesidad de una orden judicial o de que la persona esté cometiendo un delito en flagrancia.
- Ampliación del tiempo máximo de detención administrativa. EI decretó que estableció esta medida no determinó el plazo máximo. Posteriormente se informó que pasó de 72 horas a 15 días.
- Suspensión del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia e intervención de las comunicaciones sin necesidad de una orden judicial.
- Aumentar las penas por asociación ilícita en pandillas de 20 a 40 años de prisión, y de 40 a 45 años de prisión para los líderes de estos grupos.
- Crear el delito de difundir mensajes presuntamente creados por las pandillas, sancionado con penas de 10 a 15 años de prisión. La tipificación es muy vaga con lo cual toda información sobre las pandillas, sus actividades y sus víctimas estaría penalizada. Esta reforma es una mordaza que afectará el derecho a la información y por lo tanto, el trabajo periodístico en el país.
- Creación del delito de pertenecer a una agrupación ilícita, en esto caso a una pandilla, que pueden cometer los niños con edades entre 12 y 16 años de edad, que se castiga con 10 años de prisión, y para el cual la pena aumenta a 20 años de prisión para los jóvenes con edades entre 16 y 18 años.