Alberto Fujimori, expresidente de Perú, continuará permaneciendo en prisión, luego de que este viernes, un juzgado de la región de Ica declaró improcedente la resolución del Tribunal Constitucional (TC) en la que restablecían el indulto otorgado al exmandatario, condenado a 25 años de prisión.
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La sentencia fue compartida por el Poder Judicial a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), en la que informó que "el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declara improcedente la ejecución de la sentencia N° 78-2022, de fecha 17 de marzo del 2022, concretamente la libertad de Alberto Fujimori, por parte de su despacho por no haber sido estimada la demanda de habeas corpus".
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No obstante, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, declaró que a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó lo contrario el año pasado, las autoridades debían "proceder a la excarcelación inmediata" de Fujimori.
"Se debe proceder a cumplir la anterior sentencia", declaró Morales al Canal N de televisión, al aclarar un auto del TC que declaró improcedente una consulta del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y que había suscitado distintas interpretaciones.
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La resolución del Juzgado de Ica
En las siete páginas de la resolución firmada por el magistrado Vicente Fernández Tapia, en la que se declara improcedente el indulto de Fujimori, se detalla que la demanda de habeas corpus no ha sido estimada ante el citado tribunal al carecer de competencia conforme al último párrafo del artículo 27 del Nuevo Código Procesal.
En su decisión, el juzgado de Ica también dispuso "que se devuelva todo lo actuado al Tribunal Constitucional para que proceda conforme a ley en cuanto a la ejecución de la sentencia estimatoria, emitida en este proceso de habeas corpus".
Esta no es la primera vez que se anula el indulto otorgado al expresidente peruano en 2017, pues en 2018, el Poder Judicial anulo la excarcelación del exmandatario luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pidiera al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
También el pasado miércoles, el abogado Carlos Rivera, defensor de los deudos de las víctimas de las masacres por las que fue condenado Fujimori, adelantó a EFE que tenía previsto acudir a la CorteIDH si se ordenaba la liberación del exmandatario.
"Vamos a ver si el día de hoy hay algún tipo de decisión en el juzgado de investigación preparatoria de Ica. Obviamente el camino que automáticamente tomaremos es solicitar a la Corte Interamericana un nuevo proceso de supervisión de cumplimiento", remarcó.
Horas antes de la decisión del juez de Ica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la posibilidad de que la resolución del TC llevara a la excarcelación de Fujimori.
El organismo recordó en X (antes Twitter) que el 7 de abril de 2022 "estableció las razones por las que el Estado debe abstenerse de otorgar un indulto 'por razones humanitarias' en cumplimiento de los estándares interamericanos establecidos en las resoluciones de supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta".
Barrios Altos y La Cantuta
El caso de Barrios Altos ocurrió el mes de noviembre del año 1991, cuando seis personas encapuchadas y armadas de Colina (un grupo de inteligencia? y escuadrón de la muerte? creado bajo el Gobierno de Fujimori), dispararon indiscriminadamente a varias personas en un domicilio particular, muriendo 15 personas, incluido un niño de 8 años; solo por ser sospechosos de estar relacionados con posibles actividades terroristas.
El caso La Cantuta ocurrió en julio de 1992, cuando nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle, fueron secuestrados por elementos de Colina. Un año después, los restos de dos de ellos fueron encontrados en fosas clandestinas.
VGB