El Foro Nacional de la Salud (FNS) emitió un comunicado el pasado martes, expresando su preocupación por lo que describe como una creciente "violencia sistémica" del Estado de El Salvador hacia las mujeres. Según esta organización, la situación ha empeorado considerablemente bajo el régimen de excepción, que se implementó desde marzo de 2022 como estrategia principal del Gobierno del presidente Nayib Bukele para enfrentar a las pandillas.
El comunicado de FNS fue en respuesta a un incidente específico: un grupo de soldados en el municipio de Mizata fue acusado de la violación de una niña de 13 años. El FNS señaló que este acto no es un incidente aislado, sino parte de una tendencia más amplia y preocupante. "El Estado debe garantizar la seguridad, el bienestar físico y emocional de la víctima, su familia y la comunidad", declaró la organización.
Este caso en particular ha avanzado legalmente. Se ha ordenado que los seis militares asociados al incidente permanezcan en prisión provisional mientras avanza la investigación.
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A raíz de este y otros incidentes similares, el FNS ha solicitado investigaciones más extensas sobre otros posibles delitos sexuales cometidos en diversas comunidades salvadoreñas, presuntamente por miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil.
Sin embargo, las preocupaciones sobre la conducta de las fuerzas de seguridad salvadoreñas no se limitan a esta organización. Un informe conjunto de Cristosal, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) resaltó que, en los casos que han atendido desde 2022, se ha denunciado una serie de abusos por parte de policías y soldados. Estos incluyen amenazas (18,4 %), vigilancia (17 %), detenciones arbitrarias (16,6 %) y malos tratos y tortura (14,8 %).
El FNS concluyó su comunicado enfatizando que "los abusos y violaciones sexuales hacia las niñas, adolescentes y mujeres no pueden ser tolerados en ninguna circunstancia".
Mientras tanto, El Salvador, pese a las agresivas estrategias de Nayib Bukele, sigue enfrentando desafíos significativos en términos de seguridad y derechos humanos. La atención nacional e internacional se centra en cómo las instituciones estatales están manejando estas preocupaciones y en garantizar que se protejan los derechos de todos los ciudadanos.
Con información de EFE.
DJC